Torrelodones: Salen a la luz nuevas irregularidades durante el gobierno de Elena Biurrum y su marido la pasada legislatura

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Santiago Fernández y Elena Biurrun
Elena Biurrum y Santiago Fernández. Foto de archivo. 2013

El Ayuntamiento de Torrelodones declara la “lesividad” de un acto de su anterior concejal de urbanismo, marido de la mediática ex alcaldesa y actual Jefa de Gabinete del ministro Escrivá, ocurrido cuando ambos integraban el equipo del gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones en la pasada legislatura.

Durante el gobierno con mayoría absoluta de Vecinos por Torrelodones de la pasada legislatura, el concejal de urbanismo devolvió 100.000 € a un proveedor saltándose todos los procedimientos y dos sentencias en contra. Por esa razón, el Ayuntamiento de Torrelodones ha tenido que celebrar con carácter de urgencia un Pleno extraordinario para abordar la actividad irregular de su anterior concejal de urbanismo y medioambiente y evitar un perjuicio patrimonial de más de 100.000€ a las arcas municipales.

Los hechos se remontan al 19 de marzo de 2019 cuando poco antes de su salida del Ayuntamiento, el concejal de urbanismo Santiago Fernández, esposo de la actual jefa de gabinete del ministro Escrivá y anterior alcaldesa de Torrelodones, dictó una resolución para devolver el importe de un aval que había sido ejecutado por incumplimiento de un proveedor. «El polémico concejal de urbanismo, abanderado de la eliminación de las puertas giratorias y ahora analista de la AIREF, basó su actuación en un sorpresivo informe de un técnico de su departamento que, pese a reconocer que no se habían ejecutado correctamente las obras de un muro de contención en la zona de los Bomberos, recomienda la devolución de un aval de más de 100.000 €. El concejal utiliza dicha  recomendación para proceder a la devolución del citado importe pese a la existencia de dos sentencias que obligaban al Ayuntamiento a NO DEVOLVER el aval a la empresa constructora», resumen desde el Grupo Municipal Popular, quienes exigen que se depuren responsabilidades.

El informe del secretario municipal contra la actuación de este concejal es demoledor: ”Pese a esta sentencia, consentida y firme, y pese a que el aval ha sido ejecutado en fecha 18 de agosto de 2014, mediante resolución de la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente nº 368/2019 firmada digitalmente el 19 de marzo de 2019, se acuerda
la devolución del aval a Destajos, S.A.”.

”La falta de la fiscalización preceptiva del Interventor Municipal consiste en un quebrantamiento de la normativa aplicable, que conlleva la posibilidad de anular el acto administrativo, ya que esta omisión afecta de manera directa a la finalidad del acto. Esta ausencia de trámite tiene un efecto trascendente en el expediente por cuanto permite que se adopte un acuerdo que contraviene el ordenamiento jurídico y provoca graves daños a la administración pública, pues se acuerda devolver un aval que ya ha sido ejecutado y, además, correctamente según las sentencias mencionadas”.

«No es la primera vez que el citado concejal utiliza convenientes y polémicos informes realizados por técnicos de su dependencia para justificar sus actuaciones», recuerdan los populares. En efecto, en otras oportunidades se ha resaltado la elaboración de informes técnicos ad hoc, incluso fechados con posterioridad a las medidas adoptadas en virtud de los mismos.

Las irregularidades cometidas en diversos contratos públicos durante la gestión del anterior equipo de gobierno de Vecinos por Torrelodones han sido muchas. Incluso la Cámara de Cuentas corroboró muchas de ellas en el único año en que fiscalizó al Ayuntamiento de Torrelodones durante el gobierno encabezado por Elena Biurrun, integrado también por su marido y concejal de Urbanismo, así como por Ángel Guirao, anterior concejal de Comunicación, y actualmente al frente de la Comunicación del Gabinete del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España.

La declaración de lesividad es un instrumento contemplado por la ley para que los Ayuntamientos y el resto de administraciones públicas puedan anular aquellos actos dictados por sí mismos que perjudiquen al interés público.

«Este es un nuevo capítulo de la herencia recibida de sus compañeros de partido por el nuevo equipo de gobierno, que se suma a los de la gestión de recogida de basuras, la inacabable obra de la Caja de Cultura, la detención de las obras de Prado Grande, el campo de rugby no homologable, la pista de atletismo que no se sabe manejar, el plan de reducción de CO2 que quedó en nada, el cambio de criterio en la gestión de fauna salvaje y el PGOU paralizado desde hace años», enumeran desde el PP local.

Desde el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Torrelodones exigen que el Consistorio «depure responsabilidades y llegue a las últimas consecuencias frente al perjuicio que este concejal ha ocasionado al Ayuntamiento».

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