En el marco de una de las causas penales que tienen abiertas la alcaldesa de Torrelodones y su marido —el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del mismo municipio— por presuntos delitos de prevaricación, ayer ambos se vieron obligados a declarar en calidad de investigados en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 5 de Collado Villalba; tras haber interpuesto la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Madrid, una denuncia por un presunto delito de prevaricación urbanística y otro de prevaricación del artículo 404 del Código Penal, a ambos ediles del partido político Vecinos por Torrelodones.
Fincas para banquetes en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares sin las autorizaciones preceptivas
Al parecer, en 2017 se presentó una denuncia en el Ayuntamiento de Torrelodones advirtiendo de la existencia en el municipio de una serie de fincas que carecían de autorización para celebrar bodas y banquetes, de acuerdo a la normativa de la Comunidad de Madrid vigente desde 2013. Además, los denunciantes comunicaron también la presunta irregularidad a la Jefatura de la Policía Local. Al considerar que en el Ayuntamiento los trataron con «soberbia» y que «se rieron» de ellos; ante la inacción de las autoridades municipales, presentaron la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, y fue admitida a trámite.
Al parecer, legalizar las fincas adaptándolas a las exigencias de la normativa de la Comunidad de Madrid y a la Ley del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, supone unos gastos de entre 300 y 400 mil euros, y unos trámites que pueden durar de 3 a 5 años. Los empresarios que se han adaptado a la nueva normativa consideran que las empresas que no lo han hecho y continúan operando en el sector ejercen una competencia desleal.
Algunas de las fincas que los competidores denominan «piratas», tienen licencias antiguas «pero que no las habilita para celebrar bodas y banquetes». Una de las finca de Torrelodones que celebran bodas, tiene una licencia de «aulas medioambientales»; exponen los empresarios que iniciaron la denuncia en 2017. De acuerdo a la Ley de 2013, para ejercer la actividad, se debe hacer una calificación urbanística que implica un estudio sectorizado, un trámite largo y complejo; además de obras para adaptar los accesos, etc. «No es justo que unas fincas se legalicen y otras no, es una competencia desleal tremenda», aseguran, pues «hay mucho dinero en juego».
Ahora, a instancias de la Fiscalía, en el Juzgado de Instrucción se determinará por qué razones las autoridades municipales permitieron la actividad presuntamente irregular, y se expedirá sobre la existencia o no de delitos de prevaricación por parte de la alcaldesa y su marido.
