El Grupo Municipal acTÚa ha interpuesto una denuncia ante Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias sobre las actuaciones en la Finca de las Marías, al considerar que los promotores pretenden actuar sobre suelos que no son de su titularidad ni municipales.
Adif es una entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Fomento. acTÚa denuncia ante la entidad, al entender que «el Proyecto de Urbanización de la finca de Las Marías contraviene la legalidad al pretender actuar sobre suelos que no son de titularidad ni de los promotores, ni municipales».
De acuerdo al Artículo 15.1 de la LEY 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario «Para ejecutar, en las zonas de dominio público y de protección de la infraestructura ferroviaria, cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el destino de las mismas o el tipo de actividad que se puede realizar en ellas y plantar o talar árboles se requerirá la previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias».
acTÚa considera que «la Corporación debería haber comprobado la propiedad de esos terrenos, haberse dirigido a sus responsables legales y, de proceder, haber seguido el procedimiento legal». Según acTÚa, no consta ninguna autorización para esa actuación, por lo que «la Administración Local no puede autorizar ninguna actuación urbanística fuera de sus facultades legales sin seguir un procedimiento que aquí no se ha producido».
Según el Grupo Municipal denunciante, tampoco respeta la legalidad el Proyecto de Urbanización «al incorporar viviendas, viales e infraestructuras dentro de la denominada línea de límite de edificación de la Ley 39/2003, en la que se prohíbe expresamente cualquier tipo de obra de construcción».
«El mismo criterio debería adoptarse con respecto al Estudio de Impacto Acústico que ha quedado invalidado y deberá re-elaborarse tomando en cuenta la repercusión de la Aprobación del citado Proyecto de Ampliación de la línea de ferrocarril», añade acTÚa.
«Los firmantes con lo indicado consideramos por tanto que el Proyecto de Urbanización debe ser re-elaborado tomando en consideración estas afecciones, respetando la legislación de aplicación y evitando que se puedan generar perjuicios a potenciales compradores de buena fe», manifiesta acTÚa para finalizar.
