«La Alcaldesa del Ayuntamiento de Torrelodones impide el derecho a la conciliación familiar de dos Policías y hace público los datos personales de estos funcionarios en la página Web del Ayuntamiento, haciendo peligrar la integridad de éstos Agentes y su familia», expresa el sindicato UPM.

El sindicato Unión de Policía Municipal (UPM), denuncia en su nota «la vulneración del derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de una pareja de Policías Locales del Ayuntamiento de Torrelodones. Estos funcionarios prestan servicio en el turno de tarde desde hace más de 7 años. Desde febrero han solicitado en reiteradas ocasiones el cambio de turno a la mañana de uno de ellos, para poder atender a sus hijas de corta edad, a las que solo ven 45 minutos al día».

De acuerdo al sindicato, «tras múltiples escritos al Ayuntamiento solicitando alguna solución para poder atender a sus hijas, no han obtenido ninguna respuesta por escrito, solo alguna contestación ambigua y de forma verbal, hasta el punto que el propio Secretario del Ayuntamiento reconoce «lentitud en las respuestas»».

«Han intentado permutar sus plazas con el Ayuntamiento de Madrid, donde sería más factible la conciliación, y también se les ha denegado esta posibilidad», continúa UPM.

«No reconocen la antigüedad de uno de los funcionarios, que le imposibilita cambiarse al turno de mañana a pesar de haber una sentencia en firme», afirman desde UPM, y añaden que desde el Ayuntamiento «Han permitido el cambio de otro funcionario a la mañana sin motivación que lo justifique».

El Sindicato asegura que ha pedido «en varias ocasiones» reuniones con la Alcaldesa y el Concejal de Seguridad, «para hacer valer los derechos» de sus afiliados, «negándose en rotundo» los ediles a reunirse con ellos.

Para finalizar, la nota que lleva la firma del Coordinador CAM UPM, Antonio Martínez, denuncia «la irresponsabilidad de ésta regidora al hacer público unos documentos con los nombres y apellidos, números profesionales y domicilio de éstos agentes de Policía Local de su plantilla», y asegura que el sindicato «tomará las medidas necesarias para depurar responsabilidades, tanto personales como institucionales».

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La cuestión es seria, pues el Ayuntamiento de Torrelodones puede haber infringido gravemente la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal; así como —posiblemente— haber incurrido en un delito contra la intimidad (Revelación de secretos) contemplado en el artículo 197.2 del Código Penal. La torpeza fue cometida al intentar desmentir —deprisa y corriendo— las informaciones publicadas por el diario 20 Minutos y otros medios.

20 Minutos se hizo eco del caso de Natalia e Hipólito, un matrimonio de agentes de la Policía Municipal, que por patrullar en el mismo horario y debido a circunstancias que ellos explican, sólo pueden ver a sus hijas de 1 y 2 años durante 45 minutos al día la mayor parte del mes.

Al considerar que el Equipo de Gobierno de Vecinos por Torrelodones desoía sus peticiones para para poder ejercer el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar; Natalia decidió iniciar una recogida de firmas en la plataforma Change.org, para pedir al Ayuntamiento que les permitiese ejercer sus derechos. Ver Petición en Change.org.

Al intentar desmentir la noticia de 20 Minutos se desvelaron los datos personales de los policías

El Ayuntamiento de Torrelodones suele reaccionar rápidamente cuando alguna situación que puede afectar negativamente a la imagen del Equipo de Gobierno de Vecinos por Torrelodones toma estado mediático. En estos casos, sus desmentidos a través de una nota de prensa o comunicado, suelen «negar la mayor» y descalificar al medio de comunicación que publica la información «absolutamente falsa». Hay varios ejemplos, entre ellos, cuando el periódico El País publicó una noticia con la Alcaldesa subiendo a un coche oficial; o cuando El Mundo reflejó las dudas existentes en el procedimiento de adjudicación de varios contratos públicos.

En esta oportunidad, la reacción del Ayuntamiento tampoco se hizo esperar, y envió una Nota de Prensa y publicó en la página web municipal un desmentido, que incluía enlaces a cuatro documentos que contenían datos personales de los agentes. Ante la exigencia del sindicato UPM a través de un mensaje en Twitter dirigido a la Alcaldesa de retirar los datos personales por posible infracción al art. 18 de la Constitución, los enlaces fueron retirados de la nota tras permanecer unas cuatro horas visibles; aún así los documentos continuaron siendo accesibles a través de las URL.

«El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones quiere manifestar su más firme apoyo a las políticas de conciliación de la vida familiar y desmentir tajantemente las noticias aparecidas en un medio de comunicación, en el que se recogen las opiniones de dos agentes de la policía local de Torrelodones, según las cuales el Ayuntamiento les impide conciliar», comenzaba diciendo el desmentido municipal.

Los documentos difundidos por el Ayuntamiento eran: Última solicitud presentada por Natalia (18-8-2014), cambio de turno, Informe Secretaría (12-9-2014), Informe Jefatura Policía (10-9-2014) y la Contestación del Concejal de Seguridad a la interesada (15/9/2014).

«Han colgado mi número de placa, mi nombre y apellidos y hasta mi firma. Han puesto en juego nuestra seguridad. He participado en muchas detenciones y me parece intolerable que se publique donde vivo, y menos que quien lo publique sea el equipo de gobierno. Vamos a interponer una denuncia administrativa ante la Agencia de Protección de Datos. A nivel penal podrían existir indicios de un presunto delito de revelación de secretos», habría dicho la afectada según los responsables de Change.org, quienes también difundieron el caso.

«Vamos a pedir responsabilidades tanto institucionales como personales. Hay un hecho muy claro: con nosotros nunca se han querido reunir para tratar de solucionar el conflicto, y está claro que no tienen ninguna voluntad de llegar a un acuerdo. Nunca reconocieron la antigüedad de Hipólito y tuvimos que ir a los Tribunales para que les dieran la razón. El Ayuntamiento no ha querido ejecutar esa sentencia y hasta el propio secretario ha reconocido “cierta lentitud” en el proceso. La mayoría de las veces han sido ignorados por el Ayuntamiento y otras, han contestado de forma verbal o por whatsapp, nos parece algo insólito», explicó Antonio Martínez, del Sindicato Unión de Policía Municipal a Change.org.

Natalia, que se enteró de que por fin respondían formalmente a sus escritos cuando el lunes estos fueron colgados en la web municipal (la contestación del Concejal llegó a su casa ayer miércoles).

Una posibilidad que tenían Natalia e Hipólito para resolver la situación, era «permutar» sus puestos con dos agentes de Madrid que estaban dispuestos a ello. De hecho, en el Pleno Municipal del pasado martes, el PP local solicitó al Equipo de Gobierno que se accediera a la petición de permuta. Pero esa parece no ser ya una posibilidad. Las dilaciones, las idas y venidas y la imagen de la situación de los policías de Torrelodones; hicieron desistir a los agentes de Madrid; y uno de ellos finalmente realizará la permuta con un compañero de otro municipio, en vez de Torrelodones.

«Ya no puedo trabajar en Torrelodones ni tampoco me puedo marchar», habría dicho la agente a sus allegados. «Ya rechazan cualquier posibilidad de cambiar con nosotros», les habría comentado en cuanto a la posibilidad de permuta que se ha visto truncada.

Tras la difusión de los datos y el domicilio de los agentes, la familia también se ha visto afectada, comentan que la agente habría dicho: «Mi familia está muy nerviosa y se siente insegura».

Aparentemente la petición en Change.org impulsó la respuesta formal del Ayuntamiento

En el informe de 4 páginas de Secretaría publicado por el Ayuntamiento, se indica que «En cuanto al procedimiento en sí seguido en la contestación de estos escritos, se aprecia que los mismos han tenido una respuesta lenta, desde un punto de vista formal, por parte de la administración».

«Si se está al informe del Jefe de Policía Local firmado digitalmente el 10 de septiembre de 2014, se comprueba que se han mantenido conversaciones continuas con los interesados, pero que no se ha adoptado una solución formal. Que este tipo de soluciones en el ámbito del cuerpo de policía deben ser adoptadas de forma jerarquizada, es decir deben ser adoptadas por los responsables del cuerpo, Jefe de Policía, en tiempo y forma y tras los preceptivos informes de éste, resolución por el concejal delegado, con el fin de que se produzca un acto administrativo que ponga fin al procedimiento y que permita a los interesados, en casos de disconformidad total o parcial, su acceso a los tribunales», continúa el extenso informe.

Observando la fecha de los documentos difundidos por el Consistorio, da la impresión de que el proceso de respuesta formal del Ayuntamiento comenzó a gestarse después de que Natalia expusiera su situación e iniciara la campaña de recogida de firmas en Change.org, el pasado 9 de septiembre. Pues, el Informe de la Jefatura Policía tiene fecha del día 10 de septiembre, el Informe Secretaría está fechado el 12 de septiembre, y la Contestación del Concejal de Seguridad a la interesada tiene fecha de salida del 15 de septiembre 2014, es decir, esta última es incluso posterior a la publicación del caso en el diario 20 Minutos.

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