«El contrato fue con Idea Hotel, la empresa que hizo la oferta más cara por valor de 101.640», informa El Mundo en relación a la agencia de publicidad contratada, y encuentra «llamativo» que «entre los cinco expertos escogidos para resolver el contrato había personas que fueron antiguos compañeros de trabajo de Ángel Guirao, actual concejal de Comunicación».

El Ayuntamiento presentó al «Comité de Expertos» que exige la Ley de Contrataciones del Sector Público, como un «Jurado independiente»; pero lo cierto es que la mayor parte de los miembros del mencionado Jurado habían tenido relación laboral entre sí y con el Concejal de Comunicación, a través de una conocida agencia de publicidad. Además, se verifican relaciones en las redes sociales entre los administradores de la empresa ganadora del concurso, con integrantes de Vecinos por Torrelodones y algunos miembros del Jurado.

«El Consistorio asegura que no hubo nada irregular en que la contratada fuera la más cara…», informa el artículo y añade declaraciones de Ángel Guirao, quien considera que el sector de la comunicación es «muy pequeño» y por ello «es complicado que no hayas coincidido con algunas personas de otras empresas…».

El Mundo también recoge la opinión de la oposición, que por el contrario, ve «inaudito que haya vínculos entre los administradores de la empresa ganadora del concurso y Vecinos por Torrelodones», y comenta que «el PSOE votó en contra de la adjudicación, al encontrar «desproporción» entre las calificaciones finales del jurado independiente y las valoraciones» y que el PP la recurrió por «irregularidades»».

También cita como «otro de los contratos controvertidos» al referido al mantenimiento de la página web municipal que se realizó por procedimiento negociado sin publicidad. «El servicio recayó finalmente en una empresa creada por dos antiguos periodistas en prácticas que trabajaron en la anterior adjudicataria del Ayuntamiento, según Guirao», expresa la nota de El Mundo.

El Partido Popular «ha presentado un recurso contra este concurso, ya que se invitó a ofertar por ese servicio a tres empresas (el mínimo que exige la Ley). Una de ellas estaba en concurso de acreedores; otra «sin ánimo de negociar; y la tercera, de reciente creación y sin personal, pertenecía a una ex empleada del Ayuntamiento». A esta última empresa se adjudicó el contrato a un año, por 44.900 euros», destaca El Mundo y añade que «entre otras posibles irregularidades, tanto el PP como el PSOE, ven riesgo de colusión entre las empresas oferentes, es decir, que actúen de acuerdo para que el contrato recaiga en una de ellas».

El Mundo menciona que el PP considera también que dicha contratación «es una cesión ilegal de trabajadores especialmente prohibida por la Ley del Estatuto de los Trabajadores» y que «denuncia la falta de transparencia». «Además, el PSOE denuncia que hay «contrataciones a dedo» y Actúa habla de «concursos irregulares». Mientras tanto el Ayuntamiento «se defiende» y «dice que hasta el propio secretario ha rechazado los recursos presentados por la oposición», expresa el artículo al finalizar.

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