«La manifiesta incapacidad del equipo de gobierno suma un nuevo episodio a una situación especialmente grave: desde agosto pasado, hace 8 meses, los 18 trabajadores de la anterior contrata de mantenimiento de parques, jardines, zonas verdes y arbolado urbano de Torrelodones están en el paro, porque el gobierno de Vecinos por Torrelodones no fue capaz de licitar a tiempo un nuevo pliego para un servicio tan importante para cualquier municipio, especialmente uno como el nuestro», expresan los socialistas de Torrelodones.

En el pasado verano los socialistas ya denunciaron «que se había dejado vencer» el contrato firmado con Valoriza, que se formalizó en julio de 2016 por una duración de tres años y una prórroga por un ejercicio más: «desde el PSOE no podemos comprender cómo ha sido posible que se llegue a esta situación —explica su portavoz, Rodrigo Bernal— y nos encontremos con un servicio esencial sin cubrir y con 18 personas que están en situación de desempleo desde hace 8 meses».

«Al hecho de que se dejó vencer el contrato sin licitar un nuevo, lo que ha causado el despido de los trabajadores de la anterior contrata, se han sumado dos recursos que han alargado todavía más el periodo de tramitación del concurso público: “el primer recurso ya supuso un mes de retraso y el segundo, en este caso contra la adjudicación del contrato, lo paralizó el pasado 23 de febrero sin que hasta la fecha el Tribunal haya dictado resolución a favor o en contra de los recurrentes, que aducen un defecto en la capacidad para contratar de una de las dos empresas de la UTE adjudicataria del contrato”, explica el portavoz socialista, quien añade “nuestra más profunda preocupación en primer lugar por los 18 trabajadores que están desde agosto a la expectativa de volver a incorporarse a sus puestos, donde algunas personas llevaban trabajando desde hace años; y en segundo lugar por el estado de las zonas de verdes de Torrelodones que precisan de mantenimiento y conservación de forma urgente, sobre todo tras los efectos de la borrasca Filomena en nuestro entorno natural”».

El primero de los puntos del Orden del Día del Pleno celebrado el 23 de junio ha sido la concesión por unanimidad del nombre de nuestro ilustre vecino y destacado jugador y entrenador, reconocido con la medalla de oro de la Federación de Rugby, Antonio Martín, al futuro campo de rugby de nuestra localidad; señalan los populares de Torrelodones.

«Con un retraso propio de la deficiente gestión e improvisación del equipo de gobierno, se ha aprobado el expediente de contratación del Coworking La Solana», continúa la nota, en la que el Grupo Popular denuncia este «innecesario retraso, la inclusión de criterios subjetivos de adjudicación por encima del 60%, que el informe de viabilidad económica está muy alejado de la realidad actual y que el seguro exigido que no cubriría ni una tercera parte del valor del edificio en caso de siniestro».

«También con retraso, se reactiva el contrato de gestión de la piscina municipal»; sin embargo, «pese a pedirlo, no recibimos información sobre la cafetería del Centro de Asuntos Sociales», critican.

«La decimoséptima modificación presupuestaria aprobada en este Pleno nos lleva a recordar que en el momento de aprobar el presupuesto el Grupo Popular ya advirtió de que, puestos a hacer un presupuesto con retraso, sería conveniente esperar unos días para poder tener en cuenta los remanentes de tesorería del año anterior y elaborar un presupuesto de verdad que incorporase la totalidad de las inversiones a desarrollar durante el ejercicio». «No se hizo así y ahora tenemos que aprobar unas inversiones que siguen siendo insuficientes y que a nadie extrañaría ya que se siguieran improvisando a lo largo del año. Las modificaciones aprobadas, no suponen ninguna aportación novedosa, sino que tan solo son inversiones para completar actuaciones previstas, mantenimiento de vías, aceras y edificios, maquinaria y señalética». Al Grupo Popular le «parece lamentable que el equipo de gobierno de Vecinos por Torrelodones tenga tan poca iniciativa».

«Si la vuelta a la normalidad se midiera por la aprobación de facturas con retraso en los Plenos, podríamos decir que Torrelodones ya ha vuelto a la normalidad», ironizan los populares. En este caso se han tenido que aprobar las facturas de la empresa concesionaria del servicio de basuras que, «pese a llevar prestando el servicio en Torrelodones desde hace más de diez años, ha encontrado dificultades para ajustarse a las condiciones del nuevo contrato». Con todo y con eso —para el PP local— «lo más preocupante no son las deficiencias administrativas, sino el lamentable estado que presentan la mayoría de los contenedores del municipio y que han llevado al concejal responsable de medio ambiente a reconocer que él ya no puede más».

Desde el Grupo Popular presentaron una moción para que el Gobierno dote al Ayuntamiento de los medios necesarios para tramitar el IMV, dado que la gestión de su tramitación se ha encomendado a los Ayuntamientos sin ofrecerles una compensación económica. «Nuevamente y como ya ocurrió cuando pedimos que se reclamasen al Gobierno las transferencias que el Estado debe al Ayuntamiento, Vecinos por Torrelodones, cuya presidenta y fundadora es jefa de gabinete del ministro Escrivá, se negó a priorizar las necesidades del Ayuntamiento sobre las prioridades que le marcan desde la ejecutiva de su partido».

Tras un largo periplo, se aprobaron las normas subsidiarias que permiten dar legalidad al edificio de Villafabriciano que se encontraba fuera de ordenación. Esta modificación de normas subsidiarias, se hace para no esperar a la aprobación del Plan general de Ordenación Urbana, que ya lleva nueve años en tramitación; aseguran los populares. «Este parece el capítulo final de una historia de despropósitos puesto que, desde Vecinos por Torrelodones se pretendía adquirir irregularmente este edificio tras un compromiso con su propietario. Tras ser advertidos de la irregularidad, diseñaron una licitación que se ajustaba exactamente al edificio, pero se hizo de forma chapucera, con los cálculos mal hechos por lo que han tenido que modificar las normas subsidiarias para que el edificio entre en ordenación», recuerdan.

Se aprueba también convenio con el Canal de Isabel II para la renovación de la red. «Su importe repercutirá durante ocho años en la factura de consumo de nuestros vecinos y supondrá un recargo en el recibo del agua de 12 céntimos por metro cúbico durante los próximos 30 años teniendo en cuenta solo las obras de la primera fase», calculan desde el PP de Torrelodones. El Grupo Popular ha pedido «que el Ayuntamiento asuma el coste de la canalización de aguas pluviales, cuyo coste no tiene relación con el consumo y no debería repercutirse en la factura».

El PP añade que se opusieron a la moción del Partido Socialista, apoyada por Vecinos por Torrelodones, que «pretende la eliminación de la zona única que garantiza la libertad de elección de centro por parte de las familias».

Para finalizar, desde el PP comentan que en el turno de ruegos y preguntas, pidieron «la posibilidad de celebrar actividades estivales de ocio para jovenes, manteniendo las debidas medidas de seguridad» y solicitaron que «se extremen las medidas de seguridad en la pista de atletismo que se mantiene abierta sin ningún tipo de control».

La Comunidad de Madrid ha sido la región en la que más ha crecido el empleo durante 2018, concretamente un 3,98 % (122.925 personas más) frente al 3,77 % registrado en la Comunidad Valenciana, el 3,47 % de Castilla La Mancha o el 3,37 % de Canarias. Se trata del mayor incremento tanto en términos absolutos como relativos. Así lo destacan los datos facilitados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social relativos a diciembre, con los que se cierra el año, y que ha valorado la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo. En ese mes, Madrid ganó 15.908 afiliados.

A nivel nacional, la afiliación se ha incrementado en 78.541 personas durante el mes de diciembre (+0,41 %) y en 563.964 en el último año (+3,06 %), casi un punto menos que en la Comunidad de Madrid. En total, hay 19.024.165 afiliados en nuestro país.

Los datos reflejan que la Comunidad de Madrid cuenta con 3.208.547 trabajadores, la cifra más alta de toda la serie histórica.

En total, se han creado una media de 337 nuevos puestos de trabajo al día.

Deciende el Paro en la Comunidad un 8,3 % en 2018

El paro registrado en la Comunidad ha bajado en el mes de diciembre en 30.668 personas con respecto a hace un año, lo que supone un descenso del 8,3 %. A tenor de estos datos, se puede afirmar que llevamos más de cinco años consecutivos de descensos interanuales del paro registrado. En el conjunto de España, el paro baja en el último año en 210.484 personas (-6,17 %).

En el último año, el paro ha descendido en todos los sectores de actividad, en el sector Servicios (-7,8 %; descenso de 22.186 personas), en el sector de la Construcción (-13,9 %; descenso de 4.688 personas) y en la Industria (-11,8 %; descenso de 2.885 personas). El paro también disminuye en 445 personas en el sector de la Agricultura (-13,3 %).

De la misma manera, el paro ha bajado en casi todos los grupos profesionales y en todos los niveles de estudio, principalmente en las personas con estudios de educación secundaria (-11,6 %) y con estudios universitarios y de tercer ciclo (-10 %).

Importante descenso del Paro de larga duración

También se produce un importante descenso de 17.363 parados de larga duración (-11,3 %) en 2018, así como en el número de personas que lleva en el paro menos de un año, que ha bajado en 13.305 personas (-6,1 %).

El paro juvenil (menos de 30 años) en la Comunidad también se ha reducido en 3.580 personas (-6,4 %), registrándose el mayor descenso entre el intervalo de edad de 30 a 44 años con 14.493 parados menos (-11,5 %). Por su parte, el paro entre las personas de 45 y más años se ha reducido en 12.595 personas (-6,7 %). En cuanto al género, el paro ha experimentado una caída del 10,6 % entre los hombres, con 16.822 parados menos, y del 6,6 % entre las mujeres, con 13.846 desempleadas menos.

El Paro registrado más bajo desde noviembre de 2008

Con respecto al mes anterior, el paro registrado en la Comunidad de Madrid ha descendido en 6.578 personas, lo que supone una bajada del 1,9 % y sitúa el número total de parados en 339.298 personas, la cifra más baja desde noviembre de 2008. En el conjunto de España, el paro baja en 50.570 personas (-1,55 %), situándose la cifra total de desempleados en 3.202.297 personas.

En diciembre, el paro ha bajado en casi todos los sectores de actividad; en Servicios (-2,1 %; descenso de 5.547 personas), en la Industria (-0,1 %; descenso de 18 personas) y en Agricultura (-5,9 %; descenso de 180 personas). Cabe destacar la bajada del paro entre las personas sin empleo anterior (-6,8 %), con 1.647 parados menos respecto al mes de noviembre.

En cuanto a la edad, el paro juvenil (menos de 30 años) ha experimentado una caída del 7,4%, con 4.166 parados menos. Por su parte, el paro entre mayores de 45 años desciende en 979 personas (-0,6 %).

En el último mes, destaca el descenso del paro entre las mujeres, que ha sido del 2,6 %, con 5.232 paradas menos. Por su parte, el paro masculino ha bajado un 0,9 % (1.346 personas).

Aumento de la contratación y de la contratación indefinida

En cuanto a las contrataciones, durante el mes de diciembre se han firmado 207.563 contratos, un 2,1 % más que en el mismo mes del año anterior. De ellos, 32.805 fueron contratos indefinidos, un 11,9 % más que hace un año. A lo largo de 2018, la contratación indefinida ha crecido un 14,2 % en la Comunidad de Madrid, muy por encima de lo que lo ha hecho la temporal, que crece al 5,2 %, lo que supone 9 puntos por debajo.

Estos datos dejan la tasa de estabilidad de contratación en el 15,8 %. Cabe recordar que, según la última EPA, el 80,1 % de las personas que están trabajando en Madrid tienen contrato indefinido, el porcentaje más alto del conjunto nacional.

La cifra más elevada de trabajadores autónomos

En cuanto a la afiliación de los autónomos, aumenta en términos interanuales con 12.357 trabajadores (+3,2 %), el doble del incremento registrado a nivel nacional (+1,6 %). En la comparativa con el mes anterior, el número de autónomos sube en 1.369 personas (+0,3 %). En el mes de diciembre había en España un total de 3.254.663 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social y en la Comunidad de Madrid la cifra alcanza los 401.769 afiliados, la más elevada de la serie histórica.

La consejera ha destacado durante su intervención el «compromiso del Gobierno regional con el empleo, para el que se dedica una parte muy importante del gasto público, concretamente 500 millones en 2019». De esta forma, y desde que arrancara la legislatura, el presupuesto destinado a las políticas de empleo se ha incrementado en más de 182 millones de euros, un 58,6 %.

El Juzgado de Instrucción Nº 2 de Collado Villalba ha incoado diligencias previas tras la denuncia interpuesta por el Grupo Municipal Confluencia Ciudadana de Torrelodones contra el Equipo de Gobierno de Vecinos por Torrelodones, al entender ese Juzgado que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».

Una nueva causa penal se podría sumar en los Juzgados de Villalba contra la Alcaldesa de Torrelodones y su marido, el Concejal de Urbanismo; donde la regidora comparece en calidad de «investigada» por un presunto delito de prevaricación, en la adquisición de un inmueble para ser utilizado como biblioteca.

En esta oportunidad, según los denunciantes, la Junta de Gobierno municipal habría permitido durante años a una empresa de vending, instalar máquinas expendedoras en edificios públicos, sin mediar contrato ni concesión, con lo que «han frustrado el ingreso en las arcas municipales de los caudales exigidos, haciéndose además cargo el Ayuntamiento de los gastos generados, en beneficio de un tercero y en detrimento del interés general».

El día 5 de marzo de 2018, el Grupo Municipal Confluencia Ciudadana presentó en los Juzgados de Collado Villalba denuncia contra los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones, esto es, contra la Alcaldesa Elena Biurrun y siete concejales del equipo de gobierno de Vecinos por Torrelodones.

El día 17 de abril, se ha notificado a Confluencia Ciudadana Auto de 4 de abril de 2018 del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Collado Villalba, por el que se acuerda incoar diligencias previas y dar parte de incoación al Ministerio Fiscal, porque los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.

Los denunciantes explican que el día 8 de noviembre de 2017, solicitaron por Registro, copia de los contratos y concesiones con las empresas suministradoras de las máquinas expendedoras de café, refrescos y aperitivos instaladas en edificios municipales.

«No obtuvimos respuesta hasta el 22 de diciembre de 2017, en la que nos informaron de que “estas máquinas están instaladas sin ningún tipo de contrato o convenio”», aseguran.

«A la vista de la contestación del Ayuntamiento de Torrelodones, y ante la falta de contratos y/o concesiones con las empresas titulares de las máquinas expendedoras, solicitamos copia de los documentos en los que constasen los ingresos recibidos por el Ayuntamiento por la utilización privativa del dominio público local por la instalación de máquinas expendedoras en edificios públicos», continúan relatando. La respuesta fue que “este Ayuntamiento no percibe un solo ingreso por este concepto”, afirman.

Dada la irregularidad de esta situación, la portavoz de Confluencia en el Ayuntamiento solicitó en el Pleno celebrado el día 16 de enero de 2018 que se llevaran a cabo las acciones pertinentes para que esta situación fuera subsanada y se suscribiera un contrato previa licitación.

«Vecinos por Torrelodones viene permitiendo desde hace años que los propietarios de las máquinas expendedoras no paguen la tasa exigida por la utilización de espacios en los edificios municipales, con el agravante de que la instalación de las máquinas genera costes por suministro municipal de electricidad y agua», denuncian desde Confluencia Ciudana.

Los anteriores hechos, que Confluencia Ciudadana ha puesto en conocimiento de la Justicia por su gravedad, van a ser investigados a fin de determinar su naturaleza y circunstancias, así como las personas que en ellos hayan participado.

Los denunciantes recuerdan que no es la primera vez que Confluencia Ciudadana advierte al equipo de gobierno de Vecinos por Torrelodones —que gobierna con mayoría absoluta— de irregularidades que se deberían evitar o subsanar, como ya ocurrió con el caso de Villa Fabriciano, sobre el cual insistieron en las irregularidades que presentaba el edificio con relación a las Normas Subsidiarias; cuestión que finalmente los ha llevado a los tribunales por la querella de un particular, donde la alcaldesa está siendo investigada por presunta prevaricación; causa en la que también se involucra al Concejal de Urbanismo —su marido— y dos técnicos municipales.

«Esta vez el presunto delito es de malversación de caudales públicos, salvo mejor calificación a la luz del resultado de la investigación judicial, puesto que los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones (VxT) han frustrado el ingreso en las arcas municipales de los caudales exigidos, haciéndose además cargo el Ayuntamiento de los gastos generados, en beneficio de un tercero y en detrimento del interés general», expresan desde Confluencia Ciudadana para finalizar.

El tuit de la concejala de Cultura, que también fue retuiteado por la alcaldesa a sus 3848 seguidores, expresa que es «Muy triste» presentar un festival de magia del Patronato «copiando nuestro cartel» del Festival de Magia del Ayuntamiento de Torrelodones.

Un tuitero respondió a la concejala que «Copiar es siempre muy triste, también cuando lo hacéis vosotros», y añadió la imagen de un cartel de Ayuntamiento de Torrelodones que desató polémica en su momento al considerarse que había «rozado el plagio». Se trata de la imagen de un perro abandonado sobre una carretera utilizado para la campaña municipal “No le abandones. A ella tampoco”, muy similar a una campaña de la agencia del reconocido publicista Lluís Bassat.

Otro tuitero apuntó que la imagen cuyos derechos la concejala cree atribuibles al Ayuntamiento, «parece bastante popular» y aportó la portada del libro «Todas las mujeres son peligrosas» de Julián Ibáñez; en la que también aparece la imagen.

El problema es que el Patronato Municipal de Turismo de Tarragona no ha copiado nada al Ayuntamiento de Torrelodones, sino que utilizó una imagen de Victor Zastolskiy que se puede adquirir en Shutterstock, un conocido banco de imágenes.

En efecto, la imagen se puede comprar y pagar la licencia adecuada al uso que se le vaya a dar, y utilizarla con la obligación de añadir el nombre del autor y del banco de imágenes de forma legible, como correctamente se realiza en el libro mencionado: 

Quizás, el Ayuntamiento de Torrelodones deba una disculpa al Patronato Municipal de Turismo de Tarragona, por la metedura de pata y la difusión de la injusta acusación. Sobre todo, teniendo en cuenta que la imagen utilizada para promocionar el I Festival de Magia de Torrelodones, guarda gran similitud con el póster de la película de cine Anatomía de un asesinato (Anatomy of a murder), creado por célebre diseñador gráfico estadounidense Saul Bass; aunque en el cartel no le atribuyen mérito alguno. Eso sí, al Ayuntamiento de Torrelodones no se le olvida meter en todas sus fotos un bruto sello de agua, no sea que alguien les vaya a copiar a ellos.

Tras admitir a trámite la querella criminal presentada por un vecino que se considera afectado por la resolución presuntamente arbitraria, por la que el Ayuntamiento de Torrelodones decidió excluir del procedimiento abierto para la “Adquisición de un bien inmueble para centro de estudios y biblioteca pública” la oferta que presentó, por «no cumplir» (según un informe técnico en el que se escuda el gobierno) con las prescripciones técnicas especificadas en los pliegos; el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Collado Villalba ha requerido al Ayuntamiento documentación relativa al expediente de contratación y posterior adjudicación de Villa Fabriciano.

A pesar de que numerosas contrataciones del Ayuntamiento de Torrelodones se han realizado de manera irregular durante los 6 años de gobierno de VxT, si prospera el actual procedimiento judicial, será la primera vez que los miembros del Equipo de Gobierno se vean obligados a rendir cuentas ante la Justicia penal.

Polémicas contrataciones del Ayuntamiento de Torrelodones

En noviembre de 2014 la Cámara de Cuentas emitió un «Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Torrelodones y sus entidades dependientes» para el ejercicio 2012, en el que ponía de manifiesto que había detectado graves irregularidades en diversos contratos adjudicados por el Ayuntamiento gobernado por Vecinos por Torrelodones (VxT).

Adjudicación “contraria a derecho”, “fraccionamiento del objeto del contrato”  vulnerando lo establecido en el artículo 86.2 del TRLCSP (“No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”), o “incumplimiento de los principios de no discriminación e igualdad de trato”, eran algunas de las irregularidades advertidas en las contrataciones del Ayuntamiento en el informe final. A pesar de las alegaciones que opuso el Ayuntamiento, la Cámara concluyó —por ejemplo—, que el controvertido contrato adjudicado a una Agencia de Comunicación, «debió ser nulo de pleno derecho». No obstante, el Ayuntamiento volvió a adjudicar el contrato a la misma agencia de publicidad, aún cuando presentaron la oferta más alta. En esa segunda oportunidad, el 90 por ciento de los criterios para la adjudicación determinados en los pliegos eran subjetivos, y el «Jurado independiente» encargado de evaluarlos, resultó estar vinculado tanto al concejal de Comunicación, como a los empresarios que resultaron adjudicatarios de la licitación, tal como en su momento publicamos.

A pesar de las numerosas irregularidades que encontró la Cámara de Cuentas solo en el año fiscalizado (2012), hasta donde sabemos, no se han exigido responsabilidades de ningún tipo; hecho que nos lleva a dudar de la necesidad de utilizar recursos públicos para elaborar informes de esta naturaleza, que, al parecer, no sirven siquiera para disuadir a los políticos de que dejen de vulnerar la Ley de Contrataciones del Sector Público.

Un querellante octogenario

Nos preguntamos, ¿Qué puede mover a un hombre de 80 años, con hijos, nietos, y un buen pasar económico; que sabe perfectamente lo que significa verse inmerso en un litigio que puede durar años y del que será parte activa, teniendo que pagar abogado y procurador, arriesgándose en su caso a pagar las costas procesales, exponiéndose a ser blanco de la difamación al enfrentarse a toda la maquinaria de un mediático equipo de gobierno municipal (que ya ha comenzado a «disparar»)?

Aunque no hemos tenido aún oportunidad de conversar con él, pero conociendo su trayectoria, creemos que lo que lo puede impulsar a embarcarse en un litigio así, es el convencimiento de haber sido agraviado con un trato injusto, que siente que no puede dejar pasar por alto. Asimismo, hemos escuchado a juristas que han tenido acceso a la querella presentada, que aseguran que sus argumentos son sólidos.

La oposición opina

El Grupo Municipal Confluencia Ciudadana afirma que en Junta de Portavoces celebrada en el mes de septiembre de 2016 la Alcaldesa informó a todos los grupos municipales de la voluntad del Ayuntamiento de adquirir Villa Fabriciano, edificio situado en la calle Jesusa Lara, en La Colonia, para convertirlo en Biblioteca y Sala de Estudio, aprovechando el cobro de la plusvalía generada por la venta del Centro Comercial Espacio Torrelodones.

«En una reunión posterior, se nos comunica que la compra de este inmueble debía realizarse mediante concurso público, tal y como obliga la ley, y no directamente, como pretendía el equipo de gobierno», continúa Confluencia.

«Sus pretensiones eran tan evidentes que en el Pleno celebrado el día 11 de 0ctubre de 2016, antes incluso de que se adjudicara el concurso para la compra del inmueble, ya se hablaba públicamente de Villa Fabriciano como futura biblioteca, ignorando al otro inmueble que se presentó al concurso», añade; situación esta que avalaría la posición del querellante.

Según el mismo Grupo, su portavoz, Ana Martín, solicitó toda la documentación sobre el único inmueble seleccionado (Villa Fabriciano), ya que el otro fue descartado, ante la sospecha de posibles irregularidades en el cumplimiento de las Normas Subsidiarias de Villa Fabriciano, inmueble adjudicatario del concurso; y afirman que una vez consultada con especialistas toda la documentación comprobaron que, efectivamente, «el edificio que había sido seleccionado no cumplía con la normativa vigente como tampoco con la que regía en el momento de su construcción».

Desde el Partido Popular, que desde el inicio se opusieron a la operación, afirmando que existían alternativas mucho más baratas para que la Colonia cuente con una nueva biblioteca (como por ejemplo, el palacete de La Solana, reformado en su momento con esa intención); consideran que «en caso de ser investigados» (imputados), la alcaldesa y su marido «no tienen otra opción que presentar su dimisión en aras a la regeneración en la que basaron su irrupción en la política municipal y su compromiso contraído con los vecinos de Torrelodones en su programa electoral».

El BOE del lunes 7 de noviembre 2016, publica el anuncio de la nueva licitación, a la que se ha visto obligado convocar el Ayuntamiento de Torrelodones, después Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid estimase el recurso interpuesto a la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL), contra el proceso de licitación iniciado en julio.

La asociación recurrente alegó que «a simple vista podemos afirmar que el presupuesto base de licitación no cubre los costes laborales que dispone el Convenio Colectivo Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de la Comunidad de Madrid, y mucho menos los costes del personal que actualmente viene prestando el servicio…». La Asociación añadió que tampoco se cubrían otros costes «lo cual haría insostenible la prestación del servicio y comportaría un importante peligro para la viabilidad de su prestación».

El Tribunal le dio la razón y tras oír las alegaciones del Ayuntamiento, declaró la nulidad del procedimiento en cuanto «establece un presupuesto de licitación insuficiente, que deberá sustituirse por el que teniendo en cuenta todos los costes laborales y de la prestación del servicio que permita a los licitadores la participación en el procedimiento cumpliendo la legislación laboral».

«El desequilibrio económico o la incorrecta determinación del precio del
contrato pueden ocasionar un grave perjuicio para el interés público, ya que se aumentan significativamente las posibilidades de ejecuciones inadecuadas de las prestaciones objeto del contrato que pueden dar lugar a la resolución del contrato», argumentaba el Tribunal entre otras razones para requerir que se vuelva a iniciar el procedimiento de contratación.

El «valor estimado» del contrato en la nueva licitación es de 2.251.972 euros, IVA excluido (el valor del contrato en el procedimiento anulado ascendía a 1.928.366 euros, IVA excluido).

Los interesados podrán presentar ofertas o solicitudes de participación hasta las 14:00 horas del 5 de diciembre 2016.

Ver anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

«El refranero español es todo un catálogo de frases sabias que se podrían aplicar a casi todos los ámbitos de la vida. Uno de los más populares es aquel que dice: “dime de qué presumes…”, que, como todos los demás es acertadísimo; y podríamos observar, por centrarnos en el tema que nos interesa, la cantidad de veces que VXT ha presumido de ejercer una política de transparencia», comienza el comunicado de la formación política local.

«Pero vamos a fijarnos en un caso flagrante que, una vez más, nos remite a las fiestas de nuestro pueblo. En esta ocasión a la contratación de la imprenta del programa de las mismas.
En el pleno celebrado el día 1 de julio, la concejala de CONFLUENCIA CIUDADANA, preguntó cuándo y de qué modo se produjo dicha contratación. Y ningún concejal de VXT se atrevió a responder en ese momento.
Casi un mes después, el 28 de julio, recibimos una respuesta escrita diciendo que han pedido informe al secretario del Ayuntamiento sobre este particular y adjuntan copia del “contrato firmado posterioridad”, sin registro ni autentificación de fecha, con una empresa …¡de León! llamada MIC», continúa la nota de Confluencia, a la que adjuntan la respuesta del Ayuntamiento que se reproduce a la derecha de estas líneas.

«En su respuesta, VXT reconoce que no han cumplido con los principios básicos de publicidad y concurrencia para la contratación pública, y durante varios años, le han adjudicado a dedo este servicio a la misma empresa. Aunque nos dicen, que el próximo año ¡no tienen inconveniente en hacer un concurso para esta contratación! ¡Qué generosos!. Pero, ¡qué curioso!: en el documento que nos adjuntan aparece ya concedida la realización del programa para el año que viene…¡a la misma empresa!», añaden. Más abajo, se puede leer el contrato firmado por la alcaldesa Elena Biurrun y un representante de la empresa adjudicataria. En efecto, de acuerdo al documento, la misma empresa volverá a imprimir los programas de las fiestas en 2016.

«Pero este tema plagado de irregularidades, no acaba aquí, ya que la empresa contratada, establece una cuantía por la publicidad inserta en el programa y comprobamos que se ha cobrado más del doble de la tarifa marcada a algunos comercios locales, aparte de otros incumplimientos respecto a los plazos y características del programa», continúa denunciando Confluencia.

«En aras de la transparencia de la que tanto presumen los políticos de VXT, sería recomendable que estos asuntos se llevaran a cabo de forma limpia y clara, que toda contratación por parte del Ayuntamiento se hiciera por concurso. Y, sobre todo, que cuando se les haga cualquier tipo de pregunta en el pleno, puedan responderla en el momento con la seguridad de que su gestión es totalmente transparente, y no tengan cadáveres en el armario con la esperanza de que nadie se interese por ellos», opinan desde Confluencia Ciudadana.

«Un asunto como éste nos plantea otras cuestiones, y no sólo con respecto a la maltratada transparencia, sino con respecto al comercio local. ¿Cómo es posible que el gobierno de VXT dé la espalda a nuestro comercio? ¿Por qué no se contacta con empresas locales y se les da la oportunidad de concursar para realizar un trabajo que perfectamente podrían llevar a cabo? ¿Por qué miente VxT a las empresas locales asegurándoles que ya se había llevado a cabo el concurso y que no tenían opción al contrato? ¿Por qué desprecian de un modo tan alarmante a nuestro comercio, negándoles la oportunidad de acceder a contratos públicos? ¿Qué opina la concejala de fiestas de VXT cuya tarea también es la de promover el desarrollo local? ¿Por qué no vela por los intereses de nuestros comerciantes, que bastante difícil lo tienen?», continúan valorando.

«Resulta muy ilustrativa la última imagen publicitaria con la que nos deleita el partido VXT. Ellos mismos reconocen ser ese pececito que nada en otra dirección… de espaldas al comercio local», finaliza el comunicado de Confluencia Ciudadana, en alusión a una imagen utilizada días atrás por VxT.

«Una legislatura judicializada a costa del dinero de los ciudadanos», expresa el título de una nota de prensa remitida hoy por el Grupo Municipal del Partido Popular.  «Solo durante el año 2013, estos gastos, facturados por una única persona, han supuesto casi 54.000 euros y en lo que llevamos de año, 30.000 euros. Todos estos servicios han sido adjudicados de forma directa», afirman los populares.

«Lo que venimos advirtiendo desde el Partido Popular al equipo de gobierno a lo largo de esta legislatura se está cumpliendo: han estado judicializando al Ayuntamiento en lugar de llegar a acuerdos a través del diálogo. Vecinos por Torrelodones ha utilizado el derecho para meter presión a ciudadanos o empresas».

«Solo por poner unos ejemplos, en los últimos meses nos encontramos con una sentencia, de septiembre de 2013, que daba la razón a una constructora en el litigio contra el Ayuntamiento. La resolución del concejal de Urbanismo, a juicio del juez,  fue “no conforme a derecho” por violentar los elementales principios de igualdad. La oposición desconocía la sentencia. ¿Transparencia?», expresa el PP.

Ahora, esta constructora reclama al Ayuntamiento 571.000 euros por “responsabilidad patrimonial”.

El PP también ejemplifica con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a un vecino que se quejaba del ruido de las pistas municipales de «Pádel People», que ha condenado al Ayuntamiento a pagar las costas.

Añade otro ejemplo, y menciona un nuevo contencioso con el dueño de los terrenos del antiguo vertedero. «Se ha abierto un expediente para reclamar la posesión de unos terrenos privados que quiere el Ayuntamiento, sin motivación suficiente», asegura el PP local.

«En definitiva, cuando el derecho se utiliza como medida de presión, el derecho suele volver a llamar a la puerta y decirte que no tienes razón», concluyen desde el grupo popular.

Gastos en abogado

«Los pleitos en los que se mete el Ayuntamiento llevan aparejados gastos de abogado. Solo durante el año 2013, estos gastos, facturados por una única persona, han supuesto casi 54.000 euros y en lo que llevamos de año, 30.000 euros. Todos estos servicios han sido adjudicados de forma directa, sin concurso público, violentando la filosofía de la norma y siempre a la misma persona con facturas prorrateadas que no superan los 18.000 euros, cantidad a partir de la cual la ley obliga a hacer concurso público», denuncia el PP.

«Desde el Partido Popular hemos pedido en numerosas ocasiones que el contrato de abogacía salga a concurso público y no sea adjudicado de forma directa», expresan para finalizar.

«Ante los despidos llevados a cabo por el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones y para cuando acontezcan posibles futuros despidos», la sección sindical de CC.OO. quiere aclarar que «la Política de Personal respecto a contrataciones y despidos es responsabilidad exclusiva del Equipo de Gobierno».

Asimismo, desde CC.OO. añaden que tienen «una postura favorable» respecto a las jubilaciones anticipadas «pactadas mediante un Plan de Empleo y de segunda actividad igual para todos los empleados y empleadas públicos municipales».

No obstante lo anterior, CC.OO. cree que «con estas prácticas, y ante la imposibilidad de nuevas contrataciones, se merma la plantilla antes de tiempo, lo cual repercute negativamente en la calidad de los servicios que se prestan al ciudadano».

Suspensión de las Clases de Pintura: Un caso que traerá polémica

Si bien el comunicado de la sección sindical no hace alusión a este caso particular, recientemente dejaron de impartirse las clases de pintura que se brindaban a través de la Casa de Cultura. Según el Ayuntamiento, tras la baja por enfermedad y posterior «incapacidad permanente» del maestro Pedro Extremera, la Concejalía de Cultura contrató un profesor a través de una ETT para terminar el pasado curso. El Ayuntamiento argumenta que debido a la legislación vigente, no pudo volver a contratar de esta forma, por lo que contrató los servicios de un «profesional autónomo» para impartir «un taller» de pintura. Esa contratación ha sido objetada por la Inspección de Trabajo (a raíz de una denuncia sindical), por lo que la Inspección «requirió al Ayuntamiento para resolver esta situación y poner término a dicha contratación», manifiestaron desde el Ayuntamiento a una alumna afectada.

Aunque los sindicatos no se han pronunciado aún sobre este caso, fuentes extraoficiales consideran que la Inspección de Trabajo no impide cubrir esa plaza, sino que objeta la modalidad de contratación.

Lo cierto es que el cese del profesor de pintura ha dejado a los alumnos que estaban matriculados sin sus clases, lo que genera malestar entre los afectados, como comenta una lectora en la siguiente carta enviada a esta Redacción.