El Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones ha aprobado una moción del Partido Popular contra la tramitación de una Ley de Amnistía. La moción salió adelante con los votos a favor del PP y Vox, mientras que el PSOE y Vecinos han votado en contra.
Presentada y defendida por el concejal popular, Óscar Fernández, la moción debatida en el Pleno ordinario de este jueves 21 de septiembre 2023 ha puesto nuevamente en evidencia al partido político Vecinos por Torrelodones; que se ha posicionado a favor del PSOE de Sánchez, en vez de apoyar la moción o abstenerse, como han hecho los socialistas de algunos ayuntamientos, que son contrarios a ceder ante las exigencias de Puigdemont.
El texto de la moción presentada por los populares de Torrelodones es coincidente con el presentado por el PP en otros ayuntamientos de toda la geografía nacional. Tras una Exposición de Motivos incontestable, la moción propone al Pleno un acuerdo de cuatro puntos, comenzando por «Rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español, cualquiera que sea su delito». El texto de la moción y el acuerdo aprobado se puede leer más abajo.
El popular Oscar Fernández aludió al consenso «entre los juristas de prestigio acerca de que esta figura no es constitucional» y que «supone una enmienda a la totalidad contra el estado de derecho».
Refiriéndose al portavoz del PSOE, Rodrigo Bernal; Fernández manifestó: «es muy difícil que yo pueda convencer aquí al representante del PSOE si no lo han hecho ya Alfonso Guerra, Felipe González o cualquiera de los muchísimos socialistas que son libres de hablar porque tienen independencia económica y política». Además, continuó Fernández, «incluso es posible que no tenga siquiera que convencerle, porque ya lo esté, y no le quede más remedio que defender las posiciones de su partido».
Asegurando que entendía la «difícil posición» de Bernal como concejal, al recordar «lo que ocurre en el PSOE con quienes tienen la tentación de salirse de la linde», en referencia a la reciente expulsión del histórico dirigente, Nicolás Redondo. Por ello, manifestó al portavoz socialista que «una abstención en este caso sería entendible».
El portavoz socialista, en su intervención, se defendió criticando que se tratara de manera urgente un asunto «que actualmente no tiene ninguna tramitación legal en el Congreso». «Se escandalizan ustedes de unos supuestos acuerdos para una supuesta para una supuesta investidura», dijo, y recordó que el próximo 26 y 27 de septiembre será investidura del candidato del Partido Popular, Núñez Feijóo.
La portavoz del Grupo VOX, Sonsoles Palacios, concluyó su intervención metiendo más presión al portavoz y único concejal socialista: «Señor Bernal, estamos deseando saber si Ud. es de los socialistas horrorizados por tal medida como el propio Felipe González o Alfonso Guerra, o está en la dinámica separatista del actual presidente. Lo comprobaremos con su voto».
Vecinos por Torrelodones vuelve a votar junto al PSOE
Más incómoda aún tiene que haber sido la posición de algunos integrantes de Vecinos por Torrelodones, que continúan diciendo que son un partido transversal. Como otras veces, intentaron justificar su voto en que están en contra de tratar asuntos de carácter «supramunicipal» en el Pleno. Pero, pocos minutos antes, en el mismo Pleno, ellos mismos habían propuesto una Declaración Institucional sobre un asunto que excede al ámbito municipal. Así se lo enrostró Oscar Fernández:
«Señores de Vecinos por Torrelodones, resulta paradójico que quienes han traído hoy una declaración institucional en solidaridad con el pueblo marroquí —solidaridad que todos compartimos y hemos apoyado—, se nieguen ahora a apoyar una moción contra la concesión de amnistía a quienes cometieron delitos antes y después del 1 de octubre de 2018; o se negaran —como hicieron en junio de 2021— a apoyar la moción del Partido Popular contra los indultos a estos mismos delincuentes; o negaran, como también hicieron, el apoyo y solidaridad a los policías atacados en los disturbios de Cataluña, porque para ustedes todo eso son cuestiones supramunicipales».
«Es la suya una solidaridad un tanto asimétrica: marroquíes, sí; policías y constitucionalistas, no. Pues nosotros decimos que marroquíes sí, policías sí y constitucionalistas sí y que es tan supramunicipal la solidaridad con el pueblo marroquí como lo es la defensa de la Constitución española», añadió Fernández.
Dirigiéndose a Vecinos, y tras afirmar que cuando hay graves problemas que lo trascienden, pero que afectan al municipio, «no se puede esconder la cabeza». Recordó que «los alcaldes de Móstoles firmaron en 1808 el bando promoviendo el levantamiento contra el invasor francés, que sirvió de espoleta desencadenante de una reacción de defensa nacional»; y afirmó que desde los ayuntamientos «no podemos permanecer callados cuando nos estamos jugando la libertad, la igualdad y el estado de derecho». «Porque si el bando de los alcaldes de Móstoles dio comienzo a la recuperación de la soberanía popular, la concesión de la amnistía supondría el inicio de la demolición del sistema de derechos y garantías recogidas en la Constitución de 1978».
«Piénsenlo bien, reflexionen, escuchen lo que les han dicho los vecinos y posiciónense, porque quien no está en la defensa de la Constitución está contra ella», continuó Fernández.
En relación a una Ley de Amnistía, la portavoz de Vox, opinó: «No lo podemos admitir en ningún caso, ya que supondría un atentado a nuestro estado de derecho, un quebrantamiento a la Constitución del 78 y una amenaza a la unidad de España. Nos encontraríamos ante una compra de votos por parte de Sánchez en una humillante negociación para adquirir la investidura. Si se aplica la Ley de Amnistía nos jugamos el estado de derecho al quedarse la Constitución Española sin respaldo».
Finalmente, mientras el equipo de gobierno, integrado por los concejales del Partido Popular y Vox, aprobaron la moción, con el voto en contra del concejal socialista y los de Vecinos por Torrelodones.
Texto de la moción aprobada
La moción del PP presentada al Pleno señala en su Exposición de Motivos que «el 15 de octubre de 1977 el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Amnistía que siguió el principio de reconciliación nacional que guío nuestra Transición a la democracia. La amnistía era una demanda social y una necesaria e imprescindible impugnación del ordenamiento jurídico de la dictadura. Fue uno de los instrumentos con los que se puso punto final a la represión que sufrió una parte de la sociedad española y uno de los grandes acuerdos que consolidaron nuestro camino a la democracia.
Durante la tramitación de la Constitución de 1978 se debatió la cuestión de la amnistía, ya que se presentaron dos enmiendas para que las Cortes Generales pudieran tener esa competencia. Las enmiendas fueron rechazadas y, por el contrario, se aprobó el artículo 62 que prohíbe indultos generales. Es decir, el perdón —que sí existe en nuestro ordenamiento y que está regulado en la Ley del Indulto—, debe ser siempre individualizado y nunca con carácter general.
En una democracia europea consolidada, como es la española de 2023, una amnistía, además, atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica. Ni el legislador ni el poder ejecutivo pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano. Todo ello además mientras que tanto el Tribunal de Justicia de la UE como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen pendiente resoluciones referidas a la cuestión, sobre la que se plantea la posible amnistía y que afectan al Estado Español.
En 2017 se produjo un intento de insurrección por parte de los poderes públicos de Cataluña contra el orden Constitucional. La reacción del Estado de Derecho fue la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la puesta en marcha de los instrumentos penales contra sus impulsores.
El Tribunal Supremo condenó a sus principales líderes a penas de entre 9 y 13 años por sedición y malversación. Algunos de sus principales responsables huyeron al extranjero. Desde entonces tratan de evitar la acción de los Tribunales españoles y europeos. No fue el único que lo hizo. El pasado 5 de septiembre Puigdemont condicionó la gobernabilidad de España a, entre otras cuestiones, la aprobación de una Ley de Amnistía que favorezca, entre otros, a los encausados por el referéndum ilegal de 2017, en ocasiones por hechos de una violencia extrema.
No es la primera vez que se plantea esta cuestión. Ya en 2021 se registró una iniciativa de estas características en el Congreso y los Letrados emitieron un informe contundente contrario a su tramitación. Además, tanto Pedro Sánchez como los ministros de su Gobierno, Juan Carlos Campo, Fernando Grande Marlaska y Carmen Calvo, entre otros muchos dirigentes socialistas, afirmaron en el pasado la inconstitucionalidad de una posible amnistía.
Los hechos jurídicos siguen igual, pero han cambiado las circunstancias políticas. Pedro Sánchez, en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno, se ha abierto a que se pueda tramitar una Proposición de Ley. Además de suponer una inconstitucionalidad flagrante, de nuevo se pretende utilizar un atajo para evitar los controles de legalidad del CGPJ, la Fiscalía y el Consejo de Estado.
El precio de la presidencia no sería solo exculpar centenares de delitos sino deslegitimar el Estado de Derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo. En definitiva, un inasumible precio político para cualquier gobernante decente y que la falta de rechazo explícito y contundente por parte del Gobierno está causando una profunda conmoción social.
Ante todo ello, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Torrelodones propone al Pleno el siguiente acuerdo:
El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrelodones propone al Pleno el siguiente acuerdo:
1- Rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español, cualquiera que sea su delito.
2- Considerar que el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución, y compromete a todos los poderes para su cumplimiento.
3- Anima a los partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida al chantaje de los independentistas o abocada a una repetición electoral.
4- Dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia del Gobierno, a la Vicepresidencia primera y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la Vicepresidencia segunda y Ministerio de Trabajo y Economía Social, al Ministerio de Política Territorial, y a los portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado.
