El Partido Popular presenta iniciativas en la Asamblea de Madrid, en el Congreso y en el Senado; para frenar el traslado del cuartel de la Guardia Civil de la Colonia de Torrelodones.

La candidata popular a la Alcaldía de Torrelodones y diputada regional, Almudena Negro, será la encargada de defender en la Asamblea de Madrid una Propuesta No de Ley, para instar a la Delegación del Gobierno en Madrid, a la Dirección General de la Guardia Civil y a la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, a «mantener el actual Puesto de la Guardia Civil en la Colonia de Torrelodones».

Negro asegura que el alcalde mintió a los vecinos y al Pleno al afirmar que la iniciativa de cambiar la sede del Puesto de la Colonia fue de la propia Guardia Civil. «Resulta incomprensible que el capricho de un alcalde pueda —contra la voluntad de los vecinos y el sentido común— acabar con la presencia de la Guardia Civil en La Colonia, que lleva allí desde 1876», manifestó. Al parecer, un informe que se ocultó inicialmente a la oposición documentaría que la iniciativa del traslado no partió de la Benemérita, sino del Ayuntamiento.

El pasado 20 de diciembre Vecinos por Torrelodones aprobó con su mayoría absoluta iniciar un expediente para trasladar el cuartel de la Guardia Civil de la Colonia a la calle Cudillero.

«Tras esta aprobación se descubrió que no existía petición previa de la Benemérita para el traslado, que el alcalde, García Plata, había ocultado información a la oposición que vició su consentimiento en el momento de votar en el Pleno y que la Comunidad de Madrid ha emitido un informe que pone de manifiesto que el nuevo emplazamiento es un bien demanial y que, por lo tanto, hay que desafectarlo previamente del uso que tiene ahora», indican desde el Partido Popular.

Ante esta situación, el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid ha presentado una Propuesta No de Ley, que defenderá la candidata popular y diputada regional, Almudena Negro, ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior, instando a la Delegación del Gobierno en Madrid, a la Dirección General de la Guardia Civil y a la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid a «mantener el actual Puesto de la Guardia Civil en La Colonia de Torrelodones».

Por su parte, el Grupo del PP en el Congreso de los Diputados y el Senado han formulado pregunta a la Dirección General de la Guardia Civil para averiguar si existía petición previa de la Guardia Civil al traslado, algo que desmiente el documento emitido por la Benemérita, fechado el 3 de noviembre de 2022, que el alcalde, García Plata, había tratado de ocultar a la oposición.

Para Negro resulta «incomprensible que el capricho de un alcalde pueda, contra la voluntad de los vecinos y el sentido común, acabar con la presencia de la Guardia Civil en la Colonia, que lleva allí desde 1876». Para la popular es «gravísimo», que el alcalde «haya ocultado información decisiva a la oposición de cara al Pleno celebrado el pasado 20 de diciembre, impuesto su rodillo y mentido a los vecinos».

Ante dicha ocultación, la candidata del PP anunció que están «estudiando cuantas acciones legales procedan, máxime teniendo en cuenta que el propio alcalde, en el pleno municipal de febrero, recriminó en público al grupo Popular haber solicitado información a los servicios jurídicos municipales, demostrando así, una vez más, su verdadero talante y su intento de que la oposición no pueda ejercer sus derechos».

El informe de la Benemérita de 3 de noviembre de 2022 apareció en el gestor documental del Ayuntamiento, dentro del expediente de traslado, bajo el título “INFORME JEFATURA POLICÍA CONTESTACIÓN ALEGACIONES (incluye informe de la Guardia Civil)”. Es decir, se camufló entre las respuestas a las alegaciones vecinales, para ocultar que se había viciado el consentimiento de los concejales de la oposición en el momento de la votación, lo que puede derivar en la nulidad de todo lo actuado. «García Plata, sin embargo, pretende aprobar, contra ley, el traslado en los próximos meses, haciendo uso de su mayoría absoluta», denunció Negro.

Negro ha recordado que el alcalde, en redes sociales, medios de comunicación y en el propio Pleno municipal insinuó continuamente que el traslado era a petición de la Guardia Civil. «Hoy sabemos que es mentira, pero es que, además, dicho traslado no va a traer consigo que el puesto sea reconvertido en puesto principal, puesto que para ello tendría que ampliarse la dotación en 20 agentes, no solo en un Brigada». Además —según el art. 4º de la Orden de 8 de septiembre de 1998 por la que se determina el mando y demarcación territorial de las Compañías y Puestos de la Guardia Civil—, los Puestos Principales deben estar al mando de un Oficial de la Guardia Civil, por lo que habría que designarlo también.

Negro ha reconvenido al alcalde, al que insta a «no tomar acuerdos que perjudican al pueblo en los bares», sino a «aclarar el porqué de su capricho».

Por otra parte, la Dirección General de Reequilibrio Territorial de la Comunidad de Madrid, refiriéndose a la solicitud de informe favorable de la cesión del nuevo edificio, considera que el nuevo edificio al cual pretende el alcalde trasladar a la Guardia Civil «no reúne los requisitos y, por ello, no se entiende efectuada comunicación a la Comunidad de Madrid a efectos del artículo 109.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio».

Dicho edificio es un bien demanial, es decir, afecto a un servicio, y no un bien patrimonial, teniendo que procederse a un expediente de desafectación previo al traslado.

Para los populares es «sorprendente que el alcalde vaya por los bares y mesitas en las que dice combatir fake news», afirmando que dicho informe no es preceptivo, para «imponer su antojo en contra del criterio de los vecinos de Torrelodones».

Negro también encuentra «vergonzoso» que use las instituciones para subir un video de propaganda «con el que trata a los torrelodonenses como a menores de edad». Negro ha adelantado que el grupo municipal del PP preguntará cuánto ha costado dicho video «propagandístico y falaz» a los torresanos y que estudiará, asímismo, las acciones legales que se puedan iniciar contra dicha actuación. «Eso sí son fake news, pero, además, pagadas por los demás», agregó.

La diputada regional ha colgado un hilo en su cuenta personal de Twitter denunciando el asunto y documentando sus afirmaciones.