Con un presupuesto de 272 millones y una batería de 160 medidas, la Comunidad de Madrid buscará erradicar la violencia contra las mujeres. Entre otras medidas destacadas, la Comunidad se personará en los procedimientos penales por violencia de género; facilitará el acceso a la vivienda pública y se introducirá la permuta de viviendas para garantizar la seguridad de las víctimas. Ayudar en la inserción sociolaboral de las víctimas, garantizar y priorizar el pago de las ayudas económicas así como aportar orientación jurídica especializada sobre sus derechos o sobre las implicaciones de la orden de protección; son algunos de los objetivos perseguidos. También se trabajará en la sensibilización, formación sobre el tema y en la rehabilitación de los maltratadores.
El Gobierno regional de Cristina Cifuentes ha aprobado en su reunión de este martes la Estrategia de Actuación Integral contra la Violencia de Género para el período 2016-2021, dotada con un presupuesto de 272 millones de euros para poner en marcha un total de 160 medidas para atajar esta lacra social.
La Estrategia contempla, entre otras medidas, la personación de la Comunidad de Madrid en los procedimientos penales por violencia de género en causas de muerte o lesiones graves. Se facilitará, además, el acceso a la vivienda pública a las mujeres víctimas de violencia de género al modificar la normativa actual e implementar medidas novedosas como las permutas de vivienda para garantizar la seguridad de las mismas. En este sentido, ya no será necesario contar con una orden de protección para acceder a la vivienda pública, sino que bastará con un informe de los servicios sociales especializados. Además, en el caso de que la víctima cuente con un piso en propiedad, se puede realizar una permuta del mismo con la vivienda pública, con el fin de garantizar su protección.
Asimismo, se mejora la atención a la víctima en el sistema judicial con medidas, como, por ejemplo, la extensión de los sistemas de videoconferencia, la formación específica de los operadores jurídicos y otros sistemas de protección y apoyo a la víctima durante el juicio.
Un modelo integral que también ayude a la inserción sociolaboral
Por otra parte, la Estrategia permite mejorar las medidas y actuaciones en materia de prevención y sensibilización; consolidar un modelo de atención integral a las víctimas; incrementar los mecanismos para llevar una evaluación y un seguimiento más continuado de las actuaciones; promover estudios e investigaciones que permitan conocer mejor la realidad de la violencia de género; y mejorar los recursos y medidas dirigidas a aquellas víctimas de violencia de género más vulnerables.
Algunos de los objetivos principales son ayudar en la inserción sociolaboral de las víctimas, garantizar y priorizar el pago de las ayudas económicas así como aportar orientación jurídica especializada sobre sus derechos o sobre las implicaciones de la orden de protección.
La Estrategia busca potenciar la referencia masculina con medidas como incluir mayor número de varones entre los profesionales en la lucha contra la violencia de género, trabajando en la rehabilitación del maltratador, con campañas de sensibilización y prevención dirigidas a los hombres o con la creación de un servicio de asesoramiento para hombres que quieran saber cómo establecer relaciones no violentas basadas en el respeto.
También apuesta por la Formación y sensibilización del empresariado y los representantes de los trabajadores para incluir la lucha contra el acoso sexual en los convenios colectivos, así como promover actuaciones en este ámbito en el marco de los planes de igualdad y de responsabilidad social corporativa de las empresas.
Un 33 por ciento de las 365.868 órdenes de protección que tramitaron los juzgados de violencia sobre la mujer en los diez años transcurridos desde la aprobación de la Ley Integral fueron solicitadas por mujeres extranjeras, se pone de manifiesto en el Informe sobre los diez años de aplicación en los órganos judiciales de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que publica el Boletín de Información Estadística del Consejo General del Poder Judicial, en su número 43, correspondiente al mes de noviembre.
De las órdenes de protección solicitadas en estos diez años, los jueces concedieron 246.542, lo que representa un 67,4 por ciento del total. El Informe especifica que fue en los juzgados de violencia sobre la mujer compartidos donde se produjo un mayor porcentaje de concesión de órdenes de protección, un 71,7%, porcentaje que descendió a un 62,9% en los juzgados exclusivos.
En cuanto a territorios, La Rioja y Murcia fueron las Comunidades donde se concedieron porcentualmente más órdenes de protección, con un 86 por ciento sobre el total de solicitadas, mientras que Cataluña, con un 52,6 por ciento, y Asturias y Madrid, con porcentajes cercanos al 57 por ciento, fueron las Comunidades con menor ratio de órdenes concedidas sobre solicitadas.
También se revela en el Informe que un 2,3 por ciento de las víctimas de violencia de género que solicitaron órdenes de protección eran menores de edad, y que el porcentaje de españoles y extranjeros entre los hombres denunciados fue similar al de las mujeres que solicitaron la protección: un 67,3 por ciento fueron españoles y un 32,7 por ciento, extranjeros.
Medidas de protección
Dentro de la orden de protección, el alejamiento y la prohibición de comunicación fueron las medidas que se adoptaron en un mayor número de casos. Otras medidas penales acordadas fueron la prohibición de volver al lugar del delito o la salida del domicilio. En más de un 5 por ciento de los casos, también se estableció una medida de privación de libertad.
En lo que hace referencia a las medidas de naturaleza civil, las de mayor aplicación han sido la atribución de la vivienda y la prestación de alimentos, siendo concedidas ambas en el 94 por ciento de los casos a instancia de la víctima.
También hay un importante número de medidas que se acordaron en aquellos casos en los que no se había adoptado una específica orden de protección, al objeto de que la víctima no quedara desprotegida.
El alejamiento y la prohibición de comunicación fueron las medidas que se establecieron en un mayor número de estos supuestos. Aunque las medidas acordadas a instancia de la víctima siguieron representando el mayor porcentaje, superior al 80 por ciento, las medidas tomadas a instancia de la Fiscalía cobraron un mayor protagonismo, llegando en el caso de las privativas de libertad a representar un 58,4 por ciento de las medidas acordadas, mientras que las adoptadas a instancias de la víctima fueron del 36,2 por ciento.
Más de un millón de denuncias
En los juzgados de violencia sobre la mujer, se registraron desde el año 2007 –primer año en que se contabilizaron- un millón ciento catorce mil quinientas sesenta denuncias.
Atendiendo a la procedencia de las denuncias, fueron los atestados policiales los que tuvieron el mayor porcentaje, cercano al 80 por ciento. Los partes de lesiones supusieron cerca del 12 por ciento de las denuncias, mientras que la denuncia directa en el juzgado por la víctima o sus familiares apenas sí llegó de media en estos años al 8 por ciento del total de denuncias.
El Informe revela asimismo que entre las mujeres extranjeras el fenómeno de la violencia de género es mucho más grave, pues presentaron un número de denuncias por cada 10.000 mujeres que cuadruplica el observado entre las españolas.
Así, por ejemplo, en el año pasado la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada diez mil era respecto de las españolas de 49, mientras que para las extranjeras esa ratio se elevaba hasta 196, cifra que ya venía manteniéndose en los años anteriores.
Igualmente, al hablar de las renuncias a continuar con el proceso judicial, se observa que la ratio de mujeres extranjeras que renuncian quintuplica al de las españolas. En 2014, la ratio de renuncias frente al total de denuncias fue por parte de las españolas de 5,5, mientras que en las extranjeras la ratio fue de 29,4.
Sentencias en los distintos órganos judiciales
Los juzgados de violencia sobre la mujer dictaron en los diez años de aplicación de la Ley Integral un total de 192.804 sentencias, de las que 148.894 fueron condenatorias (107.264 por delito y 41.630 por falta), lo que representa un porcentaje de condenas del 77 por ciento respecto del total de sentencias dictadas.
En todo el período, por su parte, los juzgados de lo penal dictaron 273.034 sentencias, de las que 141.382 fueron condenatorias, lo que representa un 51,8 por ciento del total de sentencias; dato éste que es muy dispar según las distintas Comunidades: mientras que en Madrid y Cataluña el porcentaje de condenas en los juzgados de lo penal se situó en torno al 44 por ciento, en Extremadura rozó el 80 por ciento.
En estos juzgados se enjuiciaron a 284.029 personas, de las que un 96,3 por ciento eran hombres. Fueron condenados un total de 146.587 personas, de los que 98.455 eran españoles y 44.336 extranjeros.
En las Audiencias Provinciales, se dictaron en procesos en única instancia un total de 3.117 sentencias, con un porcentaje de condenas muy elevado, especialmente en los procedimientos de jurado, que fue del 95,1 por ciento.
En los sumarios, las condenas representaron el 78,4 por ciento de las sentencias dictadas y en los procedimientos abreviados las condenas fueron casi un 80 por ciento de las resoluciones emitidas. Las confirmaciones de sentencias en apelación supusieron un 76,5 por ciento en los procedimientos por delito y un 79,1 por ciento en los procesos por falta.
En los diez años de aplicación de la Ley integral, las Audiencias Provinciales han enjuiciado a 8.242 personas, de las que 7.965 eran hombres y 277, mujeres, habiendo condenado a 4.638 españoles y a 1.931 extranjeros.
Juzgados de menores
A lo largo de estos diez años, los juzgados de menores registraron una entrada de 1.526 asuntos de violencia doméstica y de género. En este período se dictaron 1.148 sentencias penales, de las que 1.104 fueron en procedimientos por delito y 44, en faltas.
Los juzgados impusieron medidas en 1.004 procedimientos por delito y en 35 de los procesos por faltas. El número total de enjuiciados fue de 1.238 menores, de los que 1.042 se encontraban en la franja de edad de entre 16 y 17 años, y 196 tenían entre 14 y 15 años.
De todos los menores enjuiciados en estos diez años, 898 eran españoles y 34, de origen extranjero.
Valoración de Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género
«Al cumplirse diez años de la entrada en vigor de La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, quiero significar en primer lugar el gran logro que supuso para la sociedad española disponer de una norma consensuada por todas las fuerzas políticas y que hoy es referente mundial de lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres.
En segundo término, me gustaría señalar que la respuesta judicial en estos diez años ha sido muy importante. La creación de los juzgados de violencia sobre la mujer, unida a la formación y especialización de jueces y tribunales ha supuesto una mejora indudable para poder afrontar con garantías de éxito la erradicación de la violencia machista.
En la actualidad disponemos de más de 500 órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer, y desde el año 2009 todos los jueces y todas las juezas que pasen a ocupar una plaza en estos juzgados de Violencia sobre la Mujer deben realizar los correspondientes cursos de formación y especialización.
El Informe estadístico que analiza los diez años de vigencia de la Ley integral y su aplicación en los órganos judiciales confirma los datos que trimestralmente viene proporcionando el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
Más de un millón de denuncias registradas en los juzgados, cerca de doscientas cincuenta mil órdenes de protección acordadas, por poner sólo dos ejemplos, nos hablan bien a las claras de una parte, de la dimensión real del problema de la violencia doméstica y de género y de otra, de la respuesta judicial ofrecida.
Serán otros expertos, sociólogos, psicólogos… los que analicen con mayor rigor los datos estadísticos. Pero fijo mi atención en algunos puntos que considero importantes, como la alta proporción de mujeres extranjeras que hay entre las denunciantes y entre las que renuncian a continuar el proceso. También preocupa al Observatorio, y lo venimos diciendo hace mucho tiempo, el escaso número de denuncias que formulan las víctimas o sus familiares directamente en los juzgados.
Todo ello nos lleva a pensar que persisten aún hoy muchas situaciones de desarraigo, de desamparo, de temor, de soledad de la víctima.
Frente a todo ello hay que seguir luchando. Con más coordinación institucional, con más trabajo de todos los que estamos más directamente implicados en la erradicación de la violencia doméstica y de género, con mayor sensibilidad social, con mayor implicación de familiares y amigos y, si cabe, con mayor colaboración de los medios de comunicación.
En las últimas semanas hemos asistido a un repunte dramático en los crímenes machistas y eso no nos puede dejar indiferentes. La lucha contra el terrorismo de género tiene que proseguir.
Pero, como he repetido en otras ocasiones, esa guerra la vamos a ganar porque todos unidos somos muchos más que aquellos que no toleran la igualdad ni la libertad, y en definitiva no respetan al ser humano».
