Hace más de 4 años, FAMMA denunció a Torrelodones y otros municipios por no contar con un taxi adaptado, como exige la normativa. Ahora, desde la asociación Defensa Ciudadana Activa se ha abierto un «expediente informativo sobre la posible carencia de medios públicos de transporte en la localidad madrileña de Torrelodones». En concreto, por la posibilidad de que estén incumpliendo el art. 20.3 del Decreto 13/2007 de la Comunidad de Madrid, que establecía hace una década la obligación de contar al menos con un vehículo de estas características.

Además de ello, el Decreto establecía la obligación de elaborar y mantener actualizado anualmente un plan de supresión de barreras y de utilización y adaptación progresiva de los transportes públicos colectivos, en el que se debería especificar, según el citado Decreto, los recursos materiales afectados y su progresiva adecuación.

Desde DCA se ha denunciado en distintas ocasiones que Torrelodones, «lejos de eliminar barreras las está creando con las reformas que lleva a cabo, por lo que queremos copia de su plan de supresión porque vistas sus actuaciones podría acercarse más a un plan de creación de barreras». En los últimos días, la mencionada asociación denunciaba el “ninguneo” y “desprecio” a personas con movilidad reducida por el Ayuntamiento de Torrelodones, poniendo de manifiesto situaciones tan absurdas como plazas de aparcamiento PMR en las que no cabía la silla de ruedas, además de la escasez de ellas; o la creación de «barreras» en obras nuevas en el municipio.

Además de la solicitud al Ayuntamiento de Torrelodones de la documentación relativa a la plaza de taxi adaptado, «en caso de que no exista» solicitan si han emitido nuevas licencias en la última década, «ya que la normativa exigía que si no había voluntarios la siguiente licencia debía ser obligatoriamente para taxi adaptado». Del mismo modo, y teniendo en cuenta que la situación fue denunciada por FAMMA en el 2.013, se ha solicitado al Consejo de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad de Madrid copia del expediente de esa denuncia.

Al respecto desde DCA manifiestan desconocer qué funciones cumple este Consejo de la Comunidad de Madrid, «pero a la vista de los resultados de las denuncias que lleva tramitadas podría ser una pérdida de tiempo para la ciudadanía. Por ello necesitamos saber qué ocurre con los expedientes y si están empleando sus recursos en la eliminación de barreras o se limitan a ser meros observadores. Si un organismo no funciona, si sólo sirve para publicidad y tenemos que estar constantemente sobre ellos, la ciudadanía tiene derecho a saberlo», criticaron.