«La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha decidido inadmitir los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal presentados por la representación de la sociedad mercantil Monte Espliego SL contra la sentencia dictada en 2015 por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 11ª) y declarar firma dicha sentencia, sin que quepan más recursos, por lo que podemos decir con toda alegría y un gran alivio que, como hemos venido defendiendo desde la constitución misma de esta asociación, el camino del Pardillo es un camino público e histórico», expresan desde la Sociedad Caminera.

En el Pleno municipal del Ayuntamiento de Torrelodones de 30 de septiembre de 2009 se aprobó, por unanimidad iniciar el proceso de recuperación del dominio publico del Camino del Pardillo aplicando el interdictum propium reconocido en la Ley; después de que la Sociedad Caminera presentara una denuncia ante el Ayuntamiento de Torrelodones reclamándole su actuación para lograr la recuperación del dominio público del viejo camino.

Hoy, después de muchas idas y vueltas en los Juzgados, desde el Ayuntamiento informan que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha decidido inadmitir los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, presentados por los propietarios de la finca Panarras, contra la sentencia dictada en 2015 por la Audiencia Provincial de Madrid que declaraba público el conocido como Camino del Pardillo, senda histórica que une Torrelodones y las Rozas a través de la Presa de El Gasco.

Desde el Consistorio recuerdan que «el reconocimiento del carácter público del Camino del Pardillo ha constituido una reivindicación del Ayuntamiento de Torrelodones desde que, en septiembre, de 2009 el Pleno municipal acordó por unanimidad iniciar un expediente de dominio para recuperar esta vía histórica como patrimonio público por su interés histórico-cultural y medioambiental».

«Meses más tarde, en mayo de 2010, el Pleno del Ayuntamiento rechazó las alegaciones presentadas por los propietarios de terrenos colindantes al Camino y acordó “adoptar las medidas necesarias para dejar expedito el tránsito por el Camino, de tal forma que se pueda circular peatonalmente”. Ante esta decisión la propiedad de la finca Panarras, que atraviesa el camino, interpuso un recurso contra esa decisión. Tal recurso sería desestimado en mayo de 2012 por el Tribunal Contencioso Administrativo nº 11 de Madrid», añaden.

«En 2015 la Audiencia Provincial de Madrid confirmaría el carácter público del Camino del Pardillo, es decir, la propiedad del Ayuntamiento y, en consecuencia, de todos los ciudadanos y abierto al libre tránsito de los vecinos», continúa.

Por sentencia del pasado 3 de octubre 2018, La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha decidido inadmitir los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, presentados por los propietarios de la finca Panarras, contra la sentencia dictada en 2015 por la Audiencia Provincial de Madrid que declaraba público el conocido como Camino del Pardillo, senda histórica que une Torrelodones y las Rozas a través de la Presa de El Gasco.

Ver sentencia.

Se multiplican las sentencias que obligan al Ayuntamiento de Torrelodones a devolver el impuesto de Plusvalía Municipal indebidamente cobrado. En la primera semana del año ha habido —al menos— una nueva condena, que se suma a otras recientes.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 33 de Madrid ha comunicado en estos primeros días de enero la sentencia ganada en diciembre 2017 por otro contribuyente de Torrelodones, informó el despacho AFEPLUS.

En esta oportunidad, el Ayuntamiento de Torrelodones deberá devolver la plusvalía pagada por una vivienda y cochera adquiridas en 2003 por 240.404 euros, y vendidas en el año 2015 por 185.000 euros; además de los intereses legales correspondientes.

Pocos días atrás, otra sentencia informada por ese mismo despacho, obligaba al Ayuntamiento a devolver 20.000 euros cobrados de forma indebida, ya que el contribuyente con la transmisión del inmueble no obtuvo ninguna ganancia patrimonial.

En esta nueva sentencia, el Juez ha fundamentado su decisión en que la transmisión de los inmuebles ha puesto de manifiesto un decremento del valor en términos reales y de mercado. «En efecto, debe partirse necesariamente de los valores declarados en las escrituras públicas aportadas  en las que se constata un importe de adquisición de los inmuebles, el 16 de junio de 2003, por importe de 240.404 euros y un valor de venta en fecha 27 de noviembre de 2015 por importe total de 185.000 euros. A lo anterior debe añadirse que se han aportado informes periciales correspondientes a la vivienda y a la cochera  para justificar y demostrar que el valor del suelo que se toma como referencia para el cálculo del incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana que indican que dicho valor ha disminuido en el momento de la venta del inmueble», se expresa.

«A lo que debe añadirse que frente a estos datos, el Ayuntamiento de Torrelodones se ha limitado a interpretar la normativa impositiva, pero no ha aportado periciales o documentales que acrediten que el valor real del suelo, en el periodo de referencia, ha producido un incremento de valor, de tal manera que los datos que obran en el expediente administrativo, y aportados por la parte recurrente, no han sido rebatidos», añade en la resolución.

«En definitiva, consta probada la existencia de una pérdida patrimonial (por la diferencia entre el valor de transmisión y el valor de adquisición). Por tanto, a la vista de la STC de 11 de mayo de 2017 (Rec. 4864/2016) cabe concluir que la liquidación controvertida se ha practicado al amparo de unos preceptos legales que han sido declarados inconstitucionales y nulos -los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo-, en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor», se argumenta en la sentencia.

En tal caso, «Procede, en consecuencia, estimar el presente recurso contencioso- administrativo y anular la liquidación impugnada por inexistencia de deuda tributaria, con las consecuencias inherentes a esta declaración lo que comprende, en su caso, la devolución de las cantidades ingresadas con los intereses legales correspondientes».

Por el momento conocemos tres sentencias comunicadas por el despacho AFEPLUS en las que se obliga al Ayuntamiento de Torrelodones a devolver las cantidades cobradas indebidamente; no obstante, hay muchos vecinos solicitando la devolución del impuesto, por lo que se estima que las devoluciones por la misma causa también serán muchas.

Desde el despacho Afeplus, encargado de defender los derechos del contribuyente afectado, aseguran que «justificar la disminución del valor del suelo con la venta del inmueble es muy importante para tener las máximas garantías de éxito en la reclamación».

Los antecedentes de este litigio son llamativos, ya que hubo una primera sentencia que condenó al Ayuntamiento, posteriormente el Ayuntamiento recurrió dicha sentencia, teniendo como resultado una segunda sentencia —en este caso—favorable. En esa oportunidad, desde el citado despacho recuerdan que «Fue el propio Ayuntamiento quien se apresuró a emitir una nota de prensa e informar a todos los vecinos que se había anulado la primera sentencia».

Pero según comentan desde Afeplus, ellos argumentaron mediante un informe pericial y comparando los valores catastrales del inmueble «que el valor del suelo no había tenido un incremento y que por tanto, no debía de existir sujeción al impuesto».

Así fue como finalmente, el juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 03 de Madrid dictó una tercera sentencia en la que «definitivamente le daba la razón al contribuyente y condenaba al Ayuntamiento a devolver lo cobrado por el impuesto de la plusvalía municipal».

Desde Afeplus manifiestan que prestan asesoramiento sin coste alguno para todos aquellos ciudadanos interesados en iniciar una reclamación.

«En medio del frente judicial en el que se han visto envueltos la alcaldesa y su marido, concejal de urbanismo, por la querella recibida por el asunto Villa Fabriciano, el Ayuntamiento pierde un nuevo juicio, esta vez por la cancelación unilateral del mercadillo Eco Torre»

Eco Torre fue una iniciativa que el empresario Javier Moral presentó al Ayuntamiento de Torrelodones para promocionar el comercio local y el consumo de productos ecológicos y artesanales de proximidad. Tras seis ediciones celebradas y a cuatro días de la fecha anunciada para la séptima edición del evento, y cuando algo más de veinte empresarios locales habían adquirido sus productos —perecederos la mayor parte de ellos— para vender en el mercado, la entonces concejala de Desarrollo Local, Paula García, decidió unilateralmente suspenderlo, sin considerar el perjuicio económico que ocasionaba con su decisión a estos empresarios.

Dicha suspensión «se produjo por discrepancias personales entre la propia concejala y uno de los organizadores de “Ecotorre”. Poco tiempo después la concejala Paula García presentó su dimisión», comentan los populares.

Eco Torre continuó celebrando exitosamente su mercadillo ecólogico en las localidades de Collado Villalba, Majadahonda y Las Rozas; mientras en Torrelodones, el Ayuntamiento asumió la gestión directa, organizando un mercadillo de similares características con el nombre de «Life Market» que, «tras la pérdida de confianza de la mayoría de las anteriores empresas participantes, languidece actualmente con un número menor de puestos y de público», afirman desde el PP.

Esta sentencia —que se suma a una larga lista de pleitos perdidos por el Ayuntamiento— reconoce a los organizadores de Eco Torre el derecho a percibir una indemnización por los servicios que se le impidieron prestar y por los beneficios dejados de percibir por su cancelación; y además, condena en costas al Ayuntamiento.

Los populares consideran que esta sentencia «demuestra, una vez más, la prepotencia y falta de planificación con la que Vecinos por Torrelodones gestiona los asuntos municipales y que, en este caso concreto, ha supuesto la sustitución de un modelo de desarrollo local exitoso, por otro gestionado por personas más afines al equipo de gobierno, además de un perjuicio económico para empresarios locales y un coste innecesario para las arcas municipales».

En el mismo sentido opinan desde el Grupo Municipal Confluencia, quienes aplauden «la valentía de Don Javier Moral por denunciar hechos que, más que beneficio económico, persiguen dignidad y justicia» y felicitan públicamente «a él y a su abogada, Doña Eva María Robles Martín por el resultado de la sentencia». Igualmente, lamentan «la mala gestión de nuestro equipo de gobierno, que, una vez más, pagará con nuestro dinero sus graves y constantes errores».

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Torrelodones, Santiago San Martín, solicitará al Concejal de Economía y Hacienda que informe al Pleno de en qué cantidades esta sentencia puede afectar a las arcas del Ayuntamiento; informaron desde el Grupo Municipal.

San Martín ha informado que «el Tribunal Constitucional considera inconstitucional la regulación del Impuesto de Plusvalía Municipal, por lo que los vecinos afectados tienen derecho a reclamar al Ayuntamiento la devolución de la cuantía indebidamente asumida».

El edil considera que «es necesario que el Pleno del Ayuntamiento conozca y arbitre con carácter urgente las medidas para regular el tributo de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente y para reparar a aquellos que hayan hecho frente al gravamen, cuando no tenían obligación».

Asimismo, el portavoz de la formación naranja en Torrelodones solicitará «que se tomen medidas económicas de aprovisionamiento para atender las reclamaciones de los vecinos afectados. Para ello consideramos necesario dotar al Ayuntamiento de medios materiales y humanos para que esos contribuyentes puedan ser asesorados y recuperen las cantidades correspondientes».

Con el pago de las costas se cumplió la Sentencia de la Magistrada-Juez de Primera Instancia de Collado Villalba que desestimó «íntegramente» la demanda interpuesta contra Torrelodones.info por el actual concejal de Mantenimiento Urbano y de Innovación Tecnológica del Equipo de Gobierno de Vecinos por Torrelodones; dando así por concluido el desagradable proceso judicial en que se vio innecesariamente envuelto nuestro medio de información local, además de un buen número de testigos.

El 8 de febrero, el partido político Vecinos por Torrelodones y el Ayuntamiento gobernado por el mismo partido, difundieron notas de prensa con la versión «oficial» sobre las circunstancias en las que el entonces concejal de Nuevas Tecnologías «había renunciado como consecuencia de dar positivo en un control de alcoholemia». La versión difundida por el Ayuntamiento a través de una nota de prensa fue publicada por nuestro medio local, así como por muchos medios de alcance regional o nacional (El Mundo, El País, ABC, Europa Press; entre otros).

Tras tener certeza de que todas las publicaciones basadas en la incompleta y sesgada información oficial —incluso la nuestra— no se ajustaban a lo que realmente había ocurrido, dos días después, en el marco de un amplio artículo en el que se informaba sobre diversos asuntos de la actualidad política municipal de aquel momento, aprovechamos para corregir la información previamente publicada, con el objeto de brindar a la opinión pública un relato de los hechos más ajustado a la realidad.

Para ello, cometimos la «osadía» de contradecir la versión oficial, lo que supuso que el actual concejal de Mantenimiento Urbano y de Innovación Tecnológica (que en ese entonces había dimitido) interpusiese una demanda por «intromisión ilegítima en el honor, intimidad y propia imagen», solicitando al Juzgado que condenase del Director de Torrelodones.info «al pago de 6.000 € en concepto de indemnización, más los correspondientes intereses; así como a la publicación de la rectificación de las informaciones objeto de la demanda, además de la retirada de la noticia publicada y la condena en costas».

En nuestra opinión, la fecha para la celebración del juicio se dilató deliberadamente con la intención de que se celebrase una vez pasadas las elecciones municipales del pasado mes de mayo; y así se ocurrió. Su Señoría propuso en la vista previa celebrar el juicio el 11 de mayo, pero el abogado del demandante puso una excusa poco creíble, y finalmente la fecha señalada para el juicio fue el 6 de julio 2015.

El día del juicio, además de las partes con sus abogados y procuradores, numerosos testigos tuvieron que acudir a los Juzgados de Collado Villalba; incluyendo los dos guardias civiles que en la madrugada de los hechos observaron al concejal demandante conducir bajo los efectos del alcohol y tras seguirlo detuvieron el vehículo, así como los dos policías municipales encargados de practicarle los controles de alcoholemia en las dependencias policiales.

No es nuestra intención entrar en detalles. No vamos a reproducir las declaraciones de los testigos ni las conclusiones del Ministerio Fiscal que constan en las actas. Pero queremos dejar constancia de que tras valorar todas las pruebas aportadas e interrogar a las partes y los testigos citados por el Juzgado, quedó probado que la publicación de Torrelodones info gozaba de «veracidad» y «objetividad», así como que no se habían vulnerado «en modo alguno» los derechos fundamentales del concejal demandante; como posteriormente confirmó la sentencia.

Para nuestra defensa tuvimos el privilegio de contar con dos excelentes profesionales de Torrelodones que nos facilitaron mucho todo el proceso: D. Rubén Martín de Pablos, abogado del I.C.A.M.; y la Procuradora Dª Patricia del Castillo-Olivares. A ellos, al igual que a todos los testigos que tuvieron que acudir el día del juicio, queremos dar las gracias públicamente y pedir disculpas por las molestias.

Para un medio pequeño como el nuestro, es un enorme trastorno tener que defenderse en los Tribunales. Implica tener que invertir muchas horas de tiempo y también dinero, lo que obliga necesariamente a desatender de alguna manera la labor informativa. En nuestra opinión, entorpecer nuestro trabajo, además de intentar amedrentar, es lo que se persigue al demandar o denunciar a los medios ante la Justicia u otras instancias; omitiendo cualquier posible solución previa. El caso que estamos publicando no es un hecho aislado, pues hemos sido también denunciados en la jurisdicción penal y ante la Agencia Española de Protección de Datos; y en ambas jurisdicciones también hemos salido airosos.

Estos hechos, sumados a muchas otras circunstancias que también afectan a otros medios y seguramente ameriten un artículo más extenso, nos llevan a afirmar que en Torrelodones existe un clima adverso para los medios no afines al partido político que actualmente gobierna el municipio.

Pero lo que pretendemos al dar a a conocer a nuestros lectores el Fallo en nuestro favor, no es vanagloriarnos de la victoria judicial —que no es nuestra, sino de las libertades de información y expresión—. Lo que pretendemos es salvaguardar nuestra credibilidad,  que es en última instancia, el único capital con que contamos para contribuir a la formación de una opinión pública libre y correctamente fundamentada.

 

Carta a los jugadores de pádel de Torrelodones:

Estimados vecinos y jugadores de pádel de Torrelodones, ya podéis estar tranquilos y venir a jugar y gritar sin problemas al pádel de Torrelodones, el juez os ha dado la razón y no hacéis ruido, no gritáis ni decís tacos ni os explayáis más allá de lo normal según el juez, y yo puedo hacer uso de mi jardín y abrir las ventanas de mi casa porque en realidad no os oigo en absoluto, era sólo mi imaginación.

Creo que podéis construir sin problemas una pista de pádel al lado de cada una de vuestras casas, pues en realidad el ruido que hacéis jugando es sólo música para nuestros y vuestros oídos.

Espero que sigáis disfrutando de vuestro juego, que por supuesto no molesta a ningún vecino, y que siga haciendo su negocio el dueño del pádel y el ayuntamiento.

Como os gusta mucho este deporte y no produce ningún ruido molesto, os notifico que pongo en venta mi casa por si estáis interesados, ya que podréis disfrutar de vuestro juego favorito justo en la puerta de vuestra vivienda. En realidad, esto es lo que me habéis recomendado hacer todos a los que me he dirigido diciéndoos que si no escuchabais el ruido que había en la calle Ricardo León y que por favor fuerais a jugar a otro pádel que no molestara a nadie, todos me decíais que si no me gustaba el ruido que me marchara de allí, pero que el ayuntamiento había puesto allí el pádel y por tanto estaba bien, y tenía razón, al menos eso ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Por eso, insisto, seguro que alguno estáis interesados en comprar una casa, y la mía está en venta para cualquier jugador de pádel, seguro que llegamos a un acuerdo.

Magdalena Fernández Valentí

 

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