La Comunidad de Madrid cuenta con un nuevo instrumento para luchar contra la okupación. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas ha firmado un convenio con el  Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, gracias al cual las policías locales podrán consultar los registros de la  propiedad en sus investigaciones de allanamiento de  morada, ocupación o usurpación.

La Comunidad de Madrid ha dado un nuevo impulso en la  defensa de la propiedad privada y pública, poniendo a disposición de las policías  locales de la región un nuevo instrumento que será muy útil en sus  investigaciones relacionadas con el fenómeno de la okupación,

Se trata de un convenio de colaboración entre el Gobierno regional y el Colegio  de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, que han suscrito  hoy el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, y la decana de  la Junta de Gobierno del Decanato Autonómico de Madrid del Colegio de  Registradores. 

Enrique López ha asegurado que este acuerdo ayudará a luchar contra un problema “que preocupa muchísimo a la ciudadanía”, como es el fenómeno de  la okupación. Además, ha reiterado que “la propiedad hay que protegerla en sí misma, al margen de quién sea el propietario”.  

Según el convenio firmado hoy, los agentes de los distintos Cuerpos de Policía Local de la Comunidad de Madrid tendrán acceso, a través de un canal telemático, a la información sobre la titularidad de bienes inmuebles inscritos en los registros de la propiedad de la región que sean objeto de una denuncia de allanamiento de morada, ocupación o usurpación. 

Los datos que podrán obtener por este medio las policías locales de los registros de la propiedad sólo podrán versar sobre los expedientes que tengan abiertos por este tipo de denuncias y podrán ser relativos tanto a los denunciados como a los denunciantes. 

Este convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España tendrá una duración de cuatro años —con la posibilidad de prorrogarse otros cuatro— y no supone ningún coste económico para la Comunidad de Madrid.