La Comunidad de Madrid cuenta con un nuevo instrumento para luchar contra la okupación. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas ha firmado un convenio con el  Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, gracias al cual las policías locales podrán consultar los registros de la  propiedad en sus investigaciones de allanamiento de  morada, ocupación o usurpación.

La Comunidad de Madrid ha dado un nuevo impulso en la  defensa de la propiedad privada y pública, poniendo a disposición de las policías  locales de la región un nuevo instrumento que será muy útil en sus  investigaciones relacionadas con el fenómeno de la okupación,

Se trata de un convenio de colaboración entre el Gobierno regional y el Colegio  de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, que han suscrito  hoy el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, y la decana de  la Junta de Gobierno del Decanato Autonómico de Madrid del Colegio de  Registradores. 

Enrique López ha asegurado que este acuerdo ayudará a luchar contra un problema “que preocupa muchísimo a la ciudadanía”, como es el fenómeno de  la okupación. Además, ha reiterado que “la propiedad hay que protegerla en sí misma, al margen de quién sea el propietario”.  

Según el convenio firmado hoy, los agentes de los distintos Cuerpos de Policía Local de la Comunidad de Madrid tendrán acceso, a través de un canal telemático, a la información sobre la titularidad de bienes inmuebles inscritos en los registros de la propiedad de la región que sean objeto de una denuncia de allanamiento de morada, ocupación o usurpación. 

Los datos que podrán obtener por este medio las policías locales de los registros de la propiedad sólo podrán versar sobre los expedientes que tengan abiertos por este tipo de denuncias y podrán ser relativos tanto a los denunciados como a los denunciantes. 

Este convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España tendrá una duración de cuatro años —con la posibilidad de prorrogarse otros cuatro— y no supone ningún coste económico para la Comunidad de Madrid.

Traspasar los límites de la finca del Canto del Pico siempre ha estado prohibido, pero desde ahora, se vigilará y perseguirá legalmente a los infractores. La gota que colmó el vaso: prendieron fuego a un coche que había en la propiedad, y podría haberse quemado el monte, e incluso el emblemático palacio. Tras décadas de permisividad, a partir de ahora, la finca contará con guardas juramentados para impedir y perseguir el acceso de personas no autorizadas a la finca. La Guardia Civil de Torrelodones detuvo a los presuntos autores del incendio; tres jóvenes mayores de edad, que ahora enfrentarán fuertes multas y una demanda de la firma propietaria.

Entrevistamos a José Antonio y a José, representantes de la firma extranjera propietaria de la finca, para que nos contaran lo sucedido.  Nos invitaron a ver in situ el coche calcinado, y lo cerca que ha estado de propagarse el fuego; así como otros desmanes que se han venido cometiendo. Tras la visita, no queda ninguna duda de la necesidad de extremar la protección del palacio y del monte que lo circunda. 

El fuego podría haberse extendido

El incendio ocurrió el mes pasado, con el monte todavía seco. Si no llega a ser por el inmediato aviso de un vecino de la finca de al lado que vio las llamas en la oscuridad, y por la rápida intervención de los servicios de emergencias, podría haber sido una verdadera catástrofe natural y cultural.

Los tres jóvenes que presuntamente prendieron fuego a un coche aparcado junto a una de las edificaciones de la finca tienen «veintitantos» años. Posiblemente fue al oír las sirenas o ver las luces de la Guardia Civil, cuando salieron corriendo —linterna en mano— monte arriba. Los guardias subieron con el Land Rover y los detuvieron en el camino, casi llegando al palacio del Canto del Pico; e identificaron a los tres. Casi de inmediato llegaron también los Bomberos de la Comunidad de Madrid, SEPRONA, Agentes Forestales y una ambulancia.

El esfuerzo por mantener lo que queda del palacio

La finca que contiene el Palacio del Canto del Pico ha sido siempre una propiedad privada. No ocurre como en el caso de otras fincas, que aunque son privadas, están atravesadas por caminos públicos.

Aunque la «Propiedad Privada» está señalizada como tal, además de como «Coto privado de caza»; décadas de permisividad y falta de vigilancia, han alentado que la gente entrara, ya sea para pasear, para llevarse algún «recuerdo» o para destrozar el otrora esplendoroso palacio y las edificaciones auxiliares.

Los actuales propietarios han invertido fuertes sumas para proteger la fachada exterior y lo poco que queda del interior del Palacio. A simple vista se ven múltiples reparaciones realizadas para reforzar las estructuras. No obstante, comentan que «hasta en 7 ocasiones» se han visto obligados a reparar alguna de las ventanas por donde «se cuelan» los vándalos.

Un recorrido guiado, con indicaciones de dónde pisar para no correr riesgos, permite ver el lamentable estado interior. Aún es posible apreciar los minuciosos trabajos en madera y otros materiales, en techos, suelos, paredes, etc. Auténticas obras de arte encargadas por el Conde de las Almenas, que prácticamente han desaparecido por los sucesivos actos vandálicos.

Vigilar y sancionar: medida razonable a la vista de los hechos

Viendo el lamentable estado, no solo del Palacio del Canto del Pico, sino también de las edificaciones secundarias incluidas en la misma la propiedad; no caben dudas de que debe impedirse urgentemente el ingreso a la finca. No solo para evitar que continúe el deterioro —aunque ya no queda nada por expoliar, el Palacio continúa siendo un Bien de Interés Cultural (BIC)—, sino también por el riesgo que supone para la integridad de las personas que se «cuelan» en él.

Está aún fresco el recuerdo del fallecimiento de la joven veinteañera que en 2014 se precipitó desde una altura de 15 metros al ceder el suelo bajo sus pies, en el antiguo Cine y teatro «Variedades», en San Lorenzo del Escorial. No es difícil imaginar que lo mismo podría ocurrir en el desvencijado y degradado inmueble.

«Hartos y cansados» ya de tener que pedir a la gente que salga de la propiedad; aunque «con pena» porque saben que «la mayoría de los que entran no son vándalos», sino vecinos que «solo quieren pasear» y que en muchos casos «ni siquiera son conscientes de que están haciendo algo ilegal»; pero con la certeza de que no es posible permitir el acceso a unos sí y a otros no, ni mantener la política de permisividad que se ha llevado hasta el momento; desde la firma propietaria de el Canto del Pico se han visto obligados a extremar medidas y restringir completamente el acceso a la finca.

Para ello han contratado guardas juramentados y cuentan también con la estrecha colaboración del SEPRONA, que —dentro de sus competencias— vela por proteger el monte; y que tras los últimos acontecimientos, están aún más «ojo avizor».

Amparados por numerosos artículos del Código Civil y del Código Penal, además de las leyes de Patrimonio Histórico y la Ley de Caza, entre otras; aseguran que se perseguirá civil y penalmente a quienes violen la propiedad privada accediendo sin autorización a la finca, como medida obligada para mantener protegido el BIC y su entorno.

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