«El concejal de Ciudadanos, Santos Esteban, lleva dos meses cobrando su dedicación exclusiva pese a trabajar en una empresa privada desde el 1 de febrero y solicitar una dedicación parcial, que todavía no se le ha concedido», explican los populares galapagueños.

La portavoz municipal del Partido Popular de Galapagar, Carla Greciano, ha acudido ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba para presentar una denuncia contra el alcalde socialista de Galapagar, Alberto Gómez Martín. En su denuncia, los populares piden a la Fiscalía que «investigue si el regidor podría estar incurriendo en un posible delito de prevaricación administrativa».

Los populares se basan en el hecho de que, el concejal de Ciudadanos, Santos Esteban, teniente de alcalde y con dedicación exclusiva, comenzó a trabajar en una empresa privada desde el pasado 1 de febrero, solicitando por ello una dedicación parcial para evitar la incompatibilidad de cargo público.

«El 28 de febrero de 2021 se convocó Pleno ordinario, incluyendo la propuesta con carácter retroactivo de la solicitud del concejal con respecto a su dedicación. Al inicio del Pleno, el alcalde Alberto Gómez Martín, retira el punto del orden del día sin dar más explicaciones», afirman desde el PP local.

«Un mes después, el 25 de marzo de 2021, se convocó un nuevo pleno ordinario con un orden del día, en el que se vuelve a incluir propuesta de dedicaciones exclusivas y parciales, para dar salida a la petición del concejal D. Santos Esteban, que de facto, comete incompatibilidad desde el 1 de febrero de 2021 y ha cobrado ya la nómina de febrero y está a punto de cobrar la de marzo», añaden.

«Nuevamente el Alcalde, Alberto Gómez Martín, retira el punto del orden del día, para evitar que se voten las enmiendas presentadas por los distintos grupos políticos, y a sabiendas, por el decreto firmado por la alcaldía de 5 de marzo, por los escritos presentados por el concejal, y por las manifestaciones expresadas por todos los concejales en el Pleno del Ayuntamiento de Galapagar, que se está cometiendo una ilegalidad por incompatibilidad del concejal aludido en el Ayuntamiento de Galapagar».

«Por todo ello, el Partido Popular de Galapagar ha presentado una denuncia ante la fiscalía para que investigue si el alcalde D. Alberto Gómez Martín está cometiendo un delito de prevaricación administrativa y de vulneración de derechos fundamentales evitando la votación de las enmiendas presentadas, dando debido cumplimiento a la solicitud del concejal y permitiendo que mes tras mes, el concejal solicitante, cobre un salario por dedicación exclusiva y cometa incompatibilidad en el debido cumplimiento de la función pública ante las Administraciones y sus ciudadanos».

«Tanto el concejal como los ciudadanos están siendo perjudicados por la actuación del Alcalde, ya que al primero le obliga a incumplir la ley y a los ciudadanos les obliga a seguir pagando con sus impuestos un salario injusto y que no se corresponde ni con las intenciones del concejal ni con las competencias que le ha conferido la alcaldía».

Los populares manifiestan que «no entienden» cómo C’s «sigue apoyando a un alcalde que ha demostrado no ser leal con sus socios, ya que ha perjudicado directamente a uno de sus concejales, y más aún, cuando lo único que ha demostrado que le interesa es mantener su salario por encima del cumplimiento de los pactos adquiridos con C’s, con Podemos o con los ciudadanos, todos ellos pactos de los que no ha cumplido aún, tras 2 años en el cargo, ni uno solo de sus puntos».

Para la Portavoz del grupo municipal Popular, Carla Greciano, «es la justicia quien debe determinar si ha habido un caso de prevaricación y confiamos plenamente en ella. Si finalmente la fiscalía entiende que ha habido prevaricación y lo lleva a juicio, debería dimitir inmediatamente».

Fincas para banquetes en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares sin las autorizaciones preceptivas

Al parecer, en 2017 se presentó una denuncia en el Ayuntamiento de Torrelodones advirtiendo de la existencia en el municipio de una serie de fincas que carecían de autorización para celebrar bodas y banquetes, de acuerdo a la normativa de la Comunidad de Madrid vigente desde 2013. Además, los denunciantes comunicaron también la presunta irregularidad a la Jefatura de la Policía Local. Al considerar que en el Ayuntamiento los trataron con «soberbia» y que «se rieron» de ellos; ante la inacción de las autoridades municipales, presentaron la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, y fue admitida a trámite.

Al parecer, legalizar las fincas adaptándolas a las exigencias de la normativa de la Comunidad de Madrid y a la Ley del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, supone unos gastos de entre 300 y 400 mil euros, y unos trámites que pueden durar de 3 a 5 años. Los empresarios que se han adaptado a la nueva normativa consideran que las empresas que no lo han hecho y continúan operando en el sector ejercen una competencia desleal.

Algunas de las fincas que los competidores denominan «piratas», tienen licencias antiguas «pero que no las habilita para celebrar bodas y banquetes». Una de las finca de Torrelodones que celebran bodas, tiene una licencia de «aulas medioambientales»; exponen los empresarios que iniciaron la denuncia en 2017. De acuerdo a la Ley de 2013, para ejercer la actividad, se debe hacer una calificación urbanística que implica un estudio sectorizado, un trámite largo y complejo; además de obras para adaptar los accesos, etc. «No es justo que unas fincas se legalicen y otras no, es una competencia desleal tremenda», aseguran, pues «hay mucho dinero en juego».

Ahora, a instancias de la Fiscalía, en el Juzgado de Instrucción se determinará por qué razones las autoridades municipales permitieron la actividad presuntamente irregular, y se expedirá sobre la existencia o no de delitos de prevaricación por parte de la alcaldesa y su marido.

El Juzgado de Instrucción Nº 2 de Collado Villalba ha incoado diligencias previas tras la denuncia interpuesta por el Grupo Municipal Confluencia Ciudadana de Torrelodones contra el Equipo de Gobierno de Vecinos por Torrelodones, al entender ese Juzgado que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».

Una nueva causa penal se podría sumar en los Juzgados de Villalba contra la Alcaldesa de Torrelodones y su marido, el Concejal de Urbanismo; donde la regidora comparece en calidad de «investigada» por un presunto delito de prevaricación, en la adquisición de un inmueble para ser utilizado como biblioteca.

En esta oportunidad, según los denunciantes, la Junta de Gobierno municipal habría permitido durante años a una empresa de vending, instalar máquinas expendedoras en edificios públicos, sin mediar contrato ni concesión, con lo que «han frustrado el ingreso en las arcas municipales de los caudales exigidos, haciéndose además cargo el Ayuntamiento de los gastos generados, en beneficio de un tercero y en detrimento del interés general».

El día 5 de marzo de 2018, el Grupo Municipal Confluencia Ciudadana presentó en los Juzgados de Collado Villalba denuncia contra los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones, esto es, contra la Alcaldesa Elena Biurrun y siete concejales del equipo de gobierno de Vecinos por Torrelodones.

El día 17 de abril, se ha notificado a Confluencia Ciudadana Auto de 4 de abril de 2018 del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Collado Villalba, por el que se acuerda incoar diligencias previas y dar parte de incoación al Ministerio Fiscal, porque los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.

Los denunciantes explican que el día 8 de noviembre de 2017, solicitaron por Registro, copia de los contratos y concesiones con las empresas suministradoras de las máquinas expendedoras de café, refrescos y aperitivos instaladas en edificios municipales.

«No obtuvimos respuesta hasta el 22 de diciembre de 2017, en la que nos informaron de que “estas máquinas están instaladas sin ningún tipo de contrato o convenio”», aseguran.

«A la vista de la contestación del Ayuntamiento de Torrelodones, y ante la falta de contratos y/o concesiones con las empresas titulares de las máquinas expendedoras, solicitamos copia de los documentos en los que constasen los ingresos recibidos por el Ayuntamiento por la utilización privativa del dominio público local por la instalación de máquinas expendedoras en edificios públicos», continúan relatando. La respuesta fue que “este Ayuntamiento no percibe un solo ingreso por este concepto”, afirman.

Dada la irregularidad de esta situación, la portavoz de Confluencia en el Ayuntamiento solicitó en el Pleno celebrado el día 16 de enero de 2018 que se llevaran a cabo las acciones pertinentes para que esta situación fuera subsanada y se suscribiera un contrato previa licitación.

«Vecinos por Torrelodones viene permitiendo desde hace años que los propietarios de las máquinas expendedoras no paguen la tasa exigida por la utilización de espacios en los edificios municipales, con el agravante de que la instalación de las máquinas genera costes por suministro municipal de electricidad y agua», denuncian desde Confluencia Ciudana.

Los anteriores hechos, que Confluencia Ciudadana ha puesto en conocimiento de la Justicia por su gravedad, van a ser investigados a fin de determinar su naturaleza y circunstancias, así como las personas que en ellos hayan participado.

Los denunciantes recuerdan que no es la primera vez que Confluencia Ciudadana advierte al equipo de gobierno de Vecinos por Torrelodones —que gobierna con mayoría absoluta— de irregularidades que se deberían evitar o subsanar, como ya ocurrió con el caso de Villa Fabriciano, sobre el cual insistieron en las irregularidades que presentaba el edificio con relación a las Normas Subsidiarias; cuestión que finalmente los ha llevado a los tribunales por la querella de un particular, donde la alcaldesa está siendo investigada por presunta prevaricación; causa en la que también se involucra al Concejal de Urbanismo —su marido— y dos técnicos municipales.

«Esta vez el presunto delito es de malversación de caudales públicos, salvo mejor calificación a la luz del resultado de la investigación judicial, puesto que los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones (VxT) han frustrado el ingreso en las arcas municipales de los caudales exigidos, haciéndose además cargo el Ayuntamiento de los gastos generados, en beneficio de un tercero y en detrimento del interés general», expresan desde Confluencia Ciudadana para finalizar.