La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy jueves que el Gobierno regional bonificará a partir de mañana el 100% de la factura del agua a los propietarios víctimas de un inmueble ocupado. Así lo ha señalado durante su visita a Ordes, en Santiago, pueblo natal de la enfermera gallega Isabel Zendal, que inspiró el nombre del hospital público madrileño construido durante la pandemia para hacer frente al COVID19.

“El Canal de Isabel II se hará cargo de esas facturas del agua porque estas personas, siendo víctimas de una ocupación, ya tienen muchos gastos extraordinarios y tenemos que ser sensibles a esta necesidad”, ha indicado la presidenta, que ya ha mostrado en diferentes ocasiones su rechazo a este delito contra la propiedad -se estima que hay 4.300 viviendas ocupadas en la región-.

La nueva bonificación, que entra en vigor coincidiendo con su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), se aplicará desde la fecha de presentación de la solicitud y durante el tiempo que dure la situación de ocupación ilegal. Inicialmente tendrá una vigencia de seis meses que, en todo caso, podrá prorrogarse en periodos de idéntica duración mientras las viviendas permanezcan ocupadas ilegalmente y así se justifique.

Esta ayuda se contempla tanto para los casos en que la ocupación ilegal se produce en perjuicio de los titulares del contrato de suministro cuando existe contador individual, como para aquellos que no son titulares y el contrato está a nombre de la comunidad de propietarios porque hay un único contador en toda la finca. En ambos casos se bonificará el 100% de la parte fija y variable de la factura del agua.

Para tramitarla, los afectados deben aportar la documentación que justifique la iniciación de un procedimiento judicial dirigido a recuperar la posesión de la vivienda ocupada. Se puede pedir presencialmente en la oficina comercial de Canal de Isabel II (José Abascal, 10 Madrid), a través de la Oficina Virtual o través del correo clientes@canaldeisabelsegunda.es.

Con esta medida, a la que Canal de Isabel II va a destinar un millón de euros, se quiere prestar apoyo a las personas que no pueden disponer de su vivienda y tienen que hacer frente al perjuicio económico que supone la ocupación de la misma ya que, hasta ahora, están obligadas a asumir el pago de los consumos efectuados por los ocupantes.

La empresa pública estableció sus primeras bonificaciones para familias numerosas y por ahorro de consumo en 1996. Desde entonces, ha ido extendiendo sus tarifas sociales y ampliando el abanico de posibles beneficiarios. Hoy incluye ayudas a personas en situación de exclusión social y a perceptores de una pensión de viudedad o del Ingreso Mínimo Vital.

Asimismo, durante la pandemia ofreció deducciones a las empresas, autónomos y particulares afectados por las regulaciones de empleo derivadas de aquella situación excepcional.

Servicio 112 Ocupación

El Gobierno regional está comprometido con la lucha contra el delito de ocupación. Por ello, entre otras acciones, destaca el servicio 112 Ocupación que ofrece atención inmediata a los propietarios de los inmuebles afectados través del teléfono gratuito 900 205 112. Con una sola llamada, los perjudicados tienen a su disposición todos los recursos públicos de la Administración autonómica para hacer frente a este fenómeno.

Esta herramienta forma parte de la Estrategia regional de Seguridad Integral (ESICAM 179), cuyo objetivo es proporcionar un marco integrador de las acciones y de las políticas en materia de seguridad impulsadas por la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias autonómicas. Hasta la fecha, el Centro de Coordinación Municipal del 112 ha atendido ya 2.721 llamadas, 888 de ellas (el 32%) relacionadas con la usurpación ilegal de inmuebles.

La Comunidad de Madrid cuenta con un nuevo instrumento para luchar contra la okupación. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas ha firmado un convenio con el  Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, gracias al cual las policías locales podrán consultar los registros de la  propiedad en sus investigaciones de allanamiento de  morada, ocupación o usurpación.

La Comunidad de Madrid ha dado un nuevo impulso en la  defensa de la propiedad privada y pública, poniendo a disposición de las policías  locales de la región un nuevo instrumento que será muy útil en sus  investigaciones relacionadas con el fenómeno de la okupación,

Se trata de un convenio de colaboración entre el Gobierno regional y el Colegio  de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, que han suscrito  hoy el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, y la decana de  la Junta de Gobierno del Decanato Autonómico de Madrid del Colegio de  Registradores. 

Enrique López ha asegurado que este acuerdo ayudará a luchar contra un problema “que preocupa muchísimo a la ciudadanía”, como es el fenómeno de  la okupación. Además, ha reiterado que “la propiedad hay que protegerla en sí misma, al margen de quién sea el propietario”.  

Según el convenio firmado hoy, los agentes de los distintos Cuerpos de Policía Local de la Comunidad de Madrid tendrán acceso, a través de un canal telemático, a la información sobre la titularidad de bienes inmuebles inscritos en los registros de la propiedad de la región que sean objeto de una denuncia de allanamiento de morada, ocupación o usurpación. 

Los datos que podrán obtener por este medio las policías locales de los registros de la propiedad sólo podrán versar sobre los expedientes que tengan abiertos por este tipo de denuncias y podrán ser relativos tanto a los denunciados como a los denunciantes. 

Este convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España tendrá una duración de cuatro años —con la posibilidad de prorrogarse otros cuatro— y no supone ningún coste económico para la Comunidad de Madrid.