El Ayuntamiento de Galapagar continúa avanzando en su compromiso por construir un municipio plenamente accesible e inclusivo. En esta línea, la inclusión llega ahora a los espacios de juego infantiles con la instalación de columpios adaptados para menores con movilidad reducida.

En este caso, el columpio recientemente instalado se encuentra ubicado en la zona infantil del Parque Saturnino Fernández Vallejo de La Navata y llega en respuesta a la solicitud trasladada por una familia de la zona. Para ello se ha destinado una inversión de 7.900 euros para la creación de una pasarela accesible y la incorporación de un columpio inclusivo. Esta actuación permite que niños con dificultades de movilidad puedan disfrutar del juego en igualdad de condiciones, compartiendo espacio y experiencia con el resto de niños de la localidad.

Este tipo de columpios están diseñados específicamente para garantizar la seguridad y la accesibilidad universal. Incorporan asientos adaptados con sistemas de sujeción, respaldo ergonómico y acceso mediante pasarela o plataforma, lo que facilita su uso tanto a los niños como a sus acompañantes. 

El concejal de Inclusión y Accesibilidad, José María Escudero, ha destacado que “esta actuación responde a una necesidad real trasladada por los vecinos y refleja el modelo de municipio que queremos construir: un Galapagar donde todos los niños puedan jugar y disfrutar por igual de nuestros espacios públicos”. Asimismo, ha subrayado que “la inclusión no es una opción, es una obligación como administración, y debemos garantizarla en todos los ámbitos, también en el ocio y el juego”.

El objetivo del Ayuntamiento es continuar extendiendo este tipo de instalaciones por todo el municipio, de manera que cada zona cuente, al menos, con un parque infantil adaptado. Para ello, se seguirá escuchando a las familias y atendiendo sus demandas, avanzando paso a paso hacia un Galapagar más accesible, inclusivo y pensado para todos.

El Ayuntamiento de Torrelodones facilitará el transporte a las personas con movilidad reducida durante las votaciones del próximo 9 de junio. Para ello deben inscribirse telefónicamente hasta el 3 de junio en Protección Civil.

(Fuente: Ayto. de Torrelodones)

«Torrelodones de nuevo ante el Consejo de Accesibilidad de Madrid» es el título de la nota publicada en la web de DCA, en la que denuncian que «Cuando ya parecía difícil superar el ninguneo que desde el Ayuntamiento de Torrelodones se realiza con las personas con discapacidad, desde el pintado arbitrario de los pasos de peatones, hasta la colocación de “minas visuales” en los vados de acceso, dificultando a quienes tienen problemas visuales la circulación, ahora el desprecio vuelve a ser para quienes tengan movilidad reducida».

«Si no era suficiente con el incumplimiento en el número de plazas de estacionamiento reservados para personas con movilidad reducida, ahora además las escasas que señalizan por lo visto se realizarán en zonas de exclusión, donde a duras penas podría estacionar un vehículo normalmente», continúa la nota crítica.

«De este modo, aunque la norma en vigor es clara y estas plazas deben contar con una zona de acercamiento de 1,2 metros, además de los 2,2 metros de anchura habitual, en Torrelodones lo han “compactado” de modo que en poco más de dos metros entra todo…. todo menos la silla, claro», ironizan desde DCA.

«Esta forma de pensar sólo en colorines, sin tener en cuenta ninguna otra circunstancia, se debe según los políticos locales a “los técnicos” que son los que supervisan y están por encima incluso de la Comunidad de Madrid (en palabras del Concejal Angel Guirao, séptimo teniente de alcalde y edil de Comunicación), asegurando que sólo los tribunales podrán decidir si lo que vienen haciendo es ilegal»; añaden en relación a un comentario vertido en las redes sociales por el concejal de Comunicación.

«Sentimos comunicarle al Sr. Guirao y resto de gobierno local, que siguen estando equivocados. Hay resortes administrativos mucho antes de los tribunales, lo cual no quiere decir que si siguen insistiendo en dar lugar a situaciones claramente injustas como éstas a sabiendas, nos veamos obligados, conforme al art. 408 de. Código Penal, a remitir los expedientes a la Fiscalía para que determine si están incurriendo en delito», finaliza la nota.

No es la primera vez que Democracia Ciudadana Activa —una entidad que conoce muy bien la normativa de aplicación y el funcionamiento de la Administración Pública, y que denuncia las situaciones contrarias a la legalidad de todo tipo y en todo el territorio nacional— pone de manifiesto falencias en Torrelodones. Lo hizo ya en octubre de 2015, también en relación a las escasas plazas PMR y falta de accesibilidad en parques; así como en julio del año pasado, respecto a las respuestas evasivas y contradictorias que le dio el Consistorio al ser preguntado por el sacrificio de jabalíes en Torrelodones.

El portavoz de C’s en el Ayuntamiento de Torrelodones, Santiago San Martín, asegura que «gracias a la inclusión de la enmienda de Cs en los presupuestos han comenzado las obras para adecuar las instalaciones para personas con movilidad reducida».

San Martín, se ha mostrado satisfecho tras comprobar cómo se empiezan a ejecutar las obras para la eliminar las barreras arquitectónicas en los edificios municipales y mejorar el acceso de las personas con movilidad reducida.

El portavoz de la formación naranja local ha destacado «la importancia de proponer iniciativas que sean beneficiosas para los vecinos de nuestro municipio, como son todas las que tienen que ver con la accesibilidad y con hacer más fácil la vida de aquellas personas que tienen algún tipo de diversidad funcional».

Santiago San Martín considera que estos logros son fruto de la filosofía seguida por su grupo, «basada en la política de diálogo y de consenso. En el ejercicio de nuestra responsabilidad esta la exigencia de realizar propuestas y de encontrar en la negociación el punto de encuentro para que las propuestas de Ciudadanos se vean reflejadas en la política de Torrelodones».

«Padres de alumnos con discapacidad motórica que asisten al colegio público El Encinar, solicitaron a la Sra. Alcaldesa en el 2013, la posibilidad de disponer de alguna plaza más de aparcamiento para estos alumnos de movilidad reducida. El equipo de gobierno de VxT ha hecho oídos sordos a esta solicitud», expresa acTÚa.

«El colegio público El Encinar es uno de los centros de referencia de la zona noroeste para alumnos y alumnas con discapacidad motórica. Frente a este recinto educativo se encuentra también la zona de rehabilitación de traumatología del hospital Madrid», añade la nota.

«Actualmente son varios los alumnos y alumnas de estas características que asisten a este centro educativo público de Torrelodones. El Grupo Municipal acTÚa, atendiendo a la demanda solicitada por estos ciudadanos, al ser más que justificada, ha procedido a pedir al concejal delegado, mediante registro de entrada, la reserva y señalización de tres plazas de aparcamiento restringido, para dar servicio a estas personas con problemas de movilidad».

Desde acTÚa «se ha sugerido al concejal de urbanismo y movilidad, Santiago Fernández, su posible ubicación, siendo una de estas plazas la contigua a la existente en la actualidad junto al edificio de primaria del colegio y las otras dos en la acera de enfrente, a continuación de la parada de autobús, para su posible uso compartido con las ambulancias del centro sanitario». En las fotografías se puede ver la ubicación propuesta por acTÚa.

El Decreto 13/2007 de la Comunidad establece en su artículo 20.3, que «en cumplimiento del artículo 30.4 de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, existirá al menos un vehículo autotaxi acondicionado a las necesidades de desplazamiento de personas con movilidad reducida en las poblaciones de Alcalá de Henares, Algete, Aranjuez, Arganda del Rey, Ciempozuelos, Collado Villalba, Colmenar Viejo, El Escorial, Galapagar, Guadarrama, Navalcarnero, San Lorenzo de El Escorial, Torrejón de Ardoz, Torrelodones y Villanueva del Pardillo.»

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA) acaba de remitir al Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras de la Comunidad un total de 53 denuncias relativas a ayuntamientos madrileños que podrían incumplir con su obligación de contar con, al menos, un taxi adaptado (Eurotaxi). Son los 15 municipios citados en el Decreto y otros 38 municipios que forman parte del Área de Prestación Conjunta.

FAMMA «se ve en la obligación de acudir a este organismo, el que tiene potestad en la materia, para que verifique, municipio por municipio, los posibles incumplimientos, debido a la falta de transparencia al respecto por parte de las distintas Administraciones locales, puesto que, además, suponen trabas en lo que se refiere a la integración social de las personas con discapacidad», manifestó la federación denunciante.

Según viene establecido en el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, como en la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, existen, justamente, 53 municipios que, como mínimo, deberían de contar con un Eurotaxi, teniendo en cuenta en muchos casos que se trata de municipios que pertenecen al área de Prestación Conjunta del Taxi de Madrid.

Además de los 15 municipios expresamente citados, se suman otros 38 que también deberían de tener, al menos, un taxi adaptado, puesto que en este mismo artículo 20.3 se indica que «en el Área de Prestación Conjunta que realiza la gestión integrada del servicio de taxi de Madrid y otros municipios de su área metropolitana existirá, al menos, un vehículo autotaxi adaptado por cada municipio que forme parte de esta zona».

«Los citados 38 municipios que forman parte del Área de Prestación Conjunta (y que no están incluidos en los 15 citados con anterioridad), son: Alcobendas, Alcorcón, Arroyomolinos, Boadilla del Monte, Brunete, Campo Real, Chinchón, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Humanes, Las Rozas, Leganés, Loeches, Madrid, Majadahonda, Mejorada del Campo, Moraleja de En Medio, Morata de Tajuña, Móstoles, Parla, Paracuellos del Jarama, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Quijorna, Rivas, San Fernando de Henares, San Martín de la Vega, San Sebastián de los Reyes, Serranillos del Valle, Titulcia, Torrejón de la Calzada, Torres de la Alameda, Tres Cantos, Valdemoro, Velilla de San Antonio, Villabilla y Villaviciosa de Odón».

La Federación, «por todo ello, insta al Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras de la Comunidad a que tome las medidas oportunas para identificar a aquellos municipios que incumplen la legislación vigente, vulnerando los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, y para que se arbitren las medidas precisas que permitan iniciar un procedimiento sancionador contra los citados ayuntamientos por incumplimiento de la norma».

FAMMA «reitera que las personas del colectivo con discapacidades más severas que viven en los municipios más alejados de la capital no pueden ser considerados ciudadanos de segunda y, por ello, la Federación reclamará que se cumpla, «al pie de la letra», lo que establece la legislación vigente, con el fin de asegurar su movilidad y evitar que, para desplazarse a la capital, tengan que utilizar taxis adaptados de otros municipios, con el consiguiente sobrecoste».

Por último, «es preciso recordar que el artículo 9 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional al que la Comunidad dio su respaldo en su momento, establece que, «a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales»», expresa FAMMA para finalizar.