El Juzgado de Instrucción Nº 2 de Collado Villalba ha incoado diligencias previas tras la denuncia interpuesta por el Grupo Municipal Confluencia Ciudadana de Torrelodones contra el Equipo de Gobierno de Vecinos por Torrelodones, al entender ese Juzgado que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».

Una nueva causa penal se podría sumar en los Juzgados de Villalba contra la Alcaldesa de Torrelodones y su marido, el Concejal de Urbanismo; donde la regidora comparece en calidad de «investigada» por un presunto delito de prevaricación, en la adquisición de un inmueble para ser utilizado como biblioteca.

En esta oportunidad, según los denunciantes, la Junta de Gobierno municipal habría permitido durante años a una empresa de vending, instalar máquinas expendedoras en edificios públicos, sin mediar contrato ni concesión, con lo que «han frustrado el ingreso en las arcas municipales de los caudales exigidos, haciéndose además cargo el Ayuntamiento de los gastos generados, en beneficio de un tercero y en detrimento del interés general».

El día 5 de marzo de 2018, el Grupo Municipal Confluencia Ciudadana presentó en los Juzgados de Collado Villalba denuncia contra los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones, esto es, contra la Alcaldesa Elena Biurrun y siete concejales del equipo de gobierno de Vecinos por Torrelodones.

El día 17 de abril, se ha notificado a Confluencia Ciudadana Auto de 4 de abril de 2018 del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Collado Villalba, por el que se acuerda incoar diligencias previas y dar parte de incoación al Ministerio Fiscal, porque los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.

Los denunciantes explican que el día 8 de noviembre de 2017, solicitaron por Registro, copia de los contratos y concesiones con las empresas suministradoras de las máquinas expendedoras de café, refrescos y aperitivos instaladas en edificios municipales.

«No obtuvimos respuesta hasta el 22 de diciembre de 2017, en la que nos informaron de que “estas máquinas están instaladas sin ningún tipo de contrato o convenio”», aseguran.

«A la vista de la contestación del Ayuntamiento de Torrelodones, y ante la falta de contratos y/o concesiones con las empresas titulares de las máquinas expendedoras, solicitamos copia de los documentos en los que constasen los ingresos recibidos por el Ayuntamiento por la utilización privativa del dominio público local por la instalación de máquinas expendedoras en edificios públicos», continúan relatando. La respuesta fue que “este Ayuntamiento no percibe un solo ingreso por este concepto”, afirman.

Dada la irregularidad de esta situación, la portavoz de Confluencia en el Ayuntamiento solicitó en el Pleno celebrado el día 16 de enero de 2018 que se llevaran a cabo las acciones pertinentes para que esta situación fuera subsanada y se suscribiera un contrato previa licitación.

«Vecinos por Torrelodones viene permitiendo desde hace años que los propietarios de las máquinas expendedoras no paguen la tasa exigida por la utilización de espacios en los edificios municipales, con el agravante de que la instalación de las máquinas genera costes por suministro municipal de electricidad y agua», denuncian desde Confluencia Ciudana.

Los anteriores hechos, que Confluencia Ciudadana ha puesto en conocimiento de la Justicia por su gravedad, van a ser investigados a fin de determinar su naturaleza y circunstancias, así como las personas que en ellos hayan participado.

Los denunciantes recuerdan que no es la primera vez que Confluencia Ciudadana advierte al equipo de gobierno de Vecinos por Torrelodones —que gobierna con mayoría absoluta— de irregularidades que se deberían evitar o subsanar, como ya ocurrió con el caso de Villa Fabriciano, sobre el cual insistieron en las irregularidades que presentaba el edificio con relación a las Normas Subsidiarias; cuestión que finalmente los ha llevado a los tribunales por la querella de un particular, donde la alcaldesa está siendo investigada por presunta prevaricación; causa en la que también se involucra al Concejal de Urbanismo —su marido— y dos técnicos municipales.

«Esta vez el presunto delito es de malversación de caudales públicos, salvo mejor calificación a la luz del resultado de la investigación judicial, puesto que los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones (VxT) han frustrado el ingreso en las arcas municipales de los caudales exigidos, haciéndose además cargo el Ayuntamiento de los gastos generados, en beneficio de un tercero y en detrimento del interés general», expresan desde Confluencia Ciudadana para finalizar.