Tras admitir a trámite la querella criminal presentada por un vecino que se considera afectado por la resolución presuntamente arbitraria, por la que el Ayuntamiento de Torrelodones decidió excluir del procedimiento abierto para la “Adquisición de un bien inmueble para centro de estudios y biblioteca pública” la oferta que presentó, por «no cumplir» (según un informe técnico en el que se escuda el gobierno) con las prescripciones técnicas especificadas en los pliegos; el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Collado Villalba ha requerido al Ayuntamiento documentación relativa al expediente de contratación y posterior adjudicación de Villa Fabriciano.

A pesar de que numerosas contrataciones del Ayuntamiento de Torrelodones se han realizado de manera irregular durante los 6 años de gobierno de VxT, si prospera el actual procedimiento judicial, será la primera vez que los miembros del Equipo de Gobierno se vean obligados a rendir cuentas ante la Justicia penal.

Polémicas contrataciones del Ayuntamiento de Torrelodones

En noviembre de 2014 la Cámara de Cuentas emitió un «Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Torrelodones y sus entidades dependientes» para el ejercicio 2012, en el que ponía de manifiesto que había detectado graves irregularidades en diversos contratos adjudicados por el Ayuntamiento gobernado por Vecinos por Torrelodones (VxT).

Adjudicación “contraria a derecho”, “fraccionamiento del objeto del contrato”  vulnerando lo establecido en el artículo 86.2 del TRLCSP (“No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”), o “incumplimiento de los principios de no discriminación e igualdad de trato”, eran algunas de las irregularidades advertidas en las contrataciones del Ayuntamiento en el informe final. A pesar de las alegaciones que opuso el Ayuntamiento, la Cámara concluyó —por ejemplo—, que el controvertido contrato adjudicado a una Agencia de Comunicación, «debió ser nulo de pleno derecho». No obstante, el Ayuntamiento volvió a adjudicar el contrato a la misma agencia de publicidad, aún cuando presentaron la oferta más alta. En esa segunda oportunidad, el 90 por ciento de los criterios para la adjudicación determinados en los pliegos eran subjetivos, y el «Jurado independiente» encargado de evaluarlos, resultó estar vinculado tanto al concejal de Comunicación, como a los empresarios que resultaron adjudicatarios de la licitación, tal como en su momento publicamos.

A pesar de las numerosas irregularidades que encontró la Cámara de Cuentas solo en el año fiscalizado (2012), hasta donde sabemos, no se han exigido responsabilidades de ningún tipo; hecho que nos lleva a dudar de la necesidad de utilizar recursos públicos para elaborar informes de esta naturaleza, que, al parecer, no sirven siquiera para disuadir a los políticos de que dejen de vulnerar la Ley de Contrataciones del Sector Público.

Un querellante octogenario

Nos preguntamos, ¿Qué puede mover a un hombre de 80 años, con hijos, nietos, y un buen pasar económico; que sabe perfectamente lo que significa verse inmerso en un litigio que puede durar años y del que será parte activa, teniendo que pagar abogado y procurador, arriesgándose en su caso a pagar las costas procesales, exponiéndose a ser blanco de la difamación al enfrentarse a toda la maquinaria de un mediático equipo de gobierno municipal (que ya ha comenzado a «disparar»)?

Aunque no hemos tenido aún oportunidad de conversar con él, pero conociendo su trayectoria, creemos que lo que lo puede impulsar a embarcarse en un litigio así, es el convencimiento de haber sido agraviado con un trato injusto, que siente que no puede dejar pasar por alto. Asimismo, hemos escuchado a juristas que han tenido acceso a la querella presentada, que aseguran que sus argumentos son sólidos.

La oposición opina

El Grupo Municipal Confluencia Ciudadana afirma que en Junta de Portavoces celebrada en el mes de septiembre de 2016 la Alcaldesa informó a todos los grupos municipales de la voluntad del Ayuntamiento de adquirir Villa Fabriciano, edificio situado en la calle Jesusa Lara, en La Colonia, para convertirlo en Biblioteca y Sala de Estudio, aprovechando el cobro de la plusvalía generada por la venta del Centro Comercial Espacio Torrelodones.

«En una reunión posterior, se nos comunica que la compra de este inmueble debía realizarse mediante concurso público, tal y como obliga la ley, y no directamente, como pretendía el equipo de gobierno», continúa Confluencia.

«Sus pretensiones eran tan evidentes que en el Pleno celebrado el día 11 de 0ctubre de 2016, antes incluso de que se adjudicara el concurso para la compra del inmueble, ya se hablaba públicamente de Villa Fabriciano como futura biblioteca, ignorando al otro inmueble que se presentó al concurso», añade; situación esta que avalaría la posición del querellante.

Según el mismo Grupo, su portavoz, Ana Martín, solicitó toda la documentación sobre el único inmueble seleccionado (Villa Fabriciano), ya que el otro fue descartado, ante la sospecha de posibles irregularidades en el cumplimiento de las Normas Subsidiarias de Villa Fabriciano, inmueble adjudicatario del concurso; y afirman que una vez consultada con especialistas toda la documentación comprobaron que, efectivamente, «el edificio que había sido seleccionado no cumplía con la normativa vigente como tampoco con la que regía en el momento de su construcción».

Desde el Partido Popular, que desde el inicio se opusieron a la operación, afirmando que existían alternativas mucho más baratas para que la Colonia cuente con una nueva biblioteca (como por ejemplo, el palacete de La Solana, reformado en su momento con esa intención); consideran que «en caso de ser investigados» (imputados), la alcaldesa y su marido «no tienen otra opción que presentar su dimisión en aras a la regeneración en la que basaron su irrupción en la política municipal y su compromiso contraído con los vecinos de Torrelodones en su programa electoral».