«Torrelodones de nuevo ante el Consejo de Accesibilidad de Madrid» es el título de la nota publicada en la web de DCA, en la que denuncian que «Cuando ya parecía difícil superar el ninguneo que desde el Ayuntamiento de Torrelodones se realiza con las personas con discapacidad, desde el pintado arbitrario de los pasos de peatones, hasta la colocación de “minas visuales” en los vados de acceso, dificultando a quienes tienen problemas visuales la circulación, ahora el desprecio vuelve a ser para quienes tengan movilidad reducida».

«Si no era suficiente con el incumplimiento en el número de plazas de estacionamiento reservados para personas con movilidad reducida, ahora además las escasas que señalizan por lo visto se realizarán en zonas de exclusión, donde a duras penas podría estacionar un vehículo normalmente», continúa la nota crítica.

«De este modo, aunque la norma en vigor es clara y estas plazas deben contar con una zona de acercamiento de 1,2 metros, además de los 2,2 metros de anchura habitual, en Torrelodones lo han “compactado” de modo que en poco más de dos metros entra todo…. todo menos la silla, claro», ironizan desde DCA.

«Esta forma de pensar sólo en colorines, sin tener en cuenta ninguna otra circunstancia, se debe según los políticos locales a “los técnicos” que son los que supervisan y están por encima incluso de la Comunidad de Madrid (en palabras del Concejal Angel Guirao, séptimo teniente de alcalde y edil de Comunicación), asegurando que sólo los tribunales podrán decidir si lo que vienen haciendo es ilegal»; añaden en relación a un comentario vertido en las redes sociales por el concejal de Comunicación.

«Sentimos comunicarle al Sr. Guirao y resto de gobierno local, que siguen estando equivocados. Hay resortes administrativos mucho antes de los tribunales, lo cual no quiere decir que si siguen insistiendo en dar lugar a situaciones claramente injustas como éstas a sabiendas, nos veamos obligados, conforme al art. 408 de. Código Penal, a remitir los expedientes a la Fiscalía para que determine si están incurriendo en delito», finaliza la nota.

No es la primera vez que Democracia Ciudadana Activa —una entidad que conoce muy bien la normativa de aplicación y el funcionamiento de la Administración Pública, y que denuncia las situaciones contrarias a la legalidad de todo tipo y en todo el territorio nacional— pone de manifiesto falencias en Torrelodones. Lo hizo ya en octubre de 2015, también en relación a las escasas plazas PMR y falta de accesibilidad en parques; así como en julio del año pasado, respecto a las respuestas evasivas y contradictorias que le dio el Consistorio al ser preguntado por el sacrificio de jabalíes en Torrelodones.

Tras admitir a trámite la querella criminal presentada por un vecino que se considera afectado por la resolución presuntamente arbitraria, por la que el Ayuntamiento de Torrelodones decidió excluir del procedimiento abierto para la “Adquisición de un bien inmueble para centro de estudios y biblioteca pública” la oferta que presentó, por «no cumplir» (según un informe técnico en el que se escuda el gobierno) con las prescripciones técnicas especificadas en los pliegos; el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Collado Villalba ha requerido al Ayuntamiento documentación relativa al expediente de contratación y posterior adjudicación de Villa Fabriciano.

A pesar de que numerosas contrataciones del Ayuntamiento de Torrelodones se han realizado de manera irregular durante los 6 años de gobierno de VxT, si prospera el actual procedimiento judicial, será la primera vez que los miembros del Equipo de Gobierno se vean obligados a rendir cuentas ante la Justicia penal.

Polémicas contrataciones del Ayuntamiento de Torrelodones

En noviembre de 2014 la Cámara de Cuentas emitió un «Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Torrelodones y sus entidades dependientes» para el ejercicio 2012, en el que ponía de manifiesto que había detectado graves irregularidades en diversos contratos adjudicados por el Ayuntamiento gobernado por Vecinos por Torrelodones (VxT).

Adjudicación “contraria a derecho”, “fraccionamiento del objeto del contrato”  vulnerando lo establecido en el artículo 86.2 del TRLCSP (“No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”), o “incumplimiento de los principios de no discriminación e igualdad de trato”, eran algunas de las irregularidades advertidas en las contrataciones del Ayuntamiento en el informe final. A pesar de las alegaciones que opuso el Ayuntamiento, la Cámara concluyó —por ejemplo—, que el controvertido contrato adjudicado a una Agencia de Comunicación, «debió ser nulo de pleno derecho». No obstante, el Ayuntamiento volvió a adjudicar el contrato a la misma agencia de publicidad, aún cuando presentaron la oferta más alta. En esa segunda oportunidad, el 90 por ciento de los criterios para la adjudicación determinados en los pliegos eran subjetivos, y el «Jurado independiente» encargado de evaluarlos, resultó estar vinculado tanto al concejal de Comunicación, como a los empresarios que resultaron adjudicatarios de la licitación, tal como en su momento publicamos.

A pesar de las numerosas irregularidades que encontró la Cámara de Cuentas solo en el año fiscalizado (2012), hasta donde sabemos, no se han exigido responsabilidades de ningún tipo; hecho que nos lleva a dudar de la necesidad de utilizar recursos públicos para elaborar informes de esta naturaleza, que, al parecer, no sirven siquiera para disuadir a los políticos de que dejen de vulnerar la Ley de Contrataciones del Sector Público.

Un querellante octogenario

Nos preguntamos, ¿Qué puede mover a un hombre de 80 años, con hijos, nietos, y un buen pasar económico; que sabe perfectamente lo que significa verse inmerso en un litigio que puede durar años y del que será parte activa, teniendo que pagar abogado y procurador, arriesgándose en su caso a pagar las costas procesales, exponiéndose a ser blanco de la difamación al enfrentarse a toda la maquinaria de un mediático equipo de gobierno municipal (que ya ha comenzado a «disparar»)?

Aunque no hemos tenido aún oportunidad de conversar con él, pero conociendo su trayectoria, creemos que lo que lo puede impulsar a embarcarse en un litigio así, es el convencimiento de haber sido agraviado con un trato injusto, que siente que no puede dejar pasar por alto. Asimismo, hemos escuchado a juristas que han tenido acceso a la querella presentada, que aseguran que sus argumentos son sólidos.

La oposición opina

El Grupo Municipal Confluencia Ciudadana afirma que en Junta de Portavoces celebrada en el mes de septiembre de 2016 la Alcaldesa informó a todos los grupos municipales de la voluntad del Ayuntamiento de adquirir Villa Fabriciano, edificio situado en la calle Jesusa Lara, en La Colonia, para convertirlo en Biblioteca y Sala de Estudio, aprovechando el cobro de la plusvalía generada por la venta del Centro Comercial Espacio Torrelodones.

«En una reunión posterior, se nos comunica que la compra de este inmueble debía realizarse mediante concurso público, tal y como obliga la ley, y no directamente, como pretendía el equipo de gobierno», continúa Confluencia.

«Sus pretensiones eran tan evidentes que en el Pleno celebrado el día 11 de 0ctubre de 2016, antes incluso de que se adjudicara el concurso para la compra del inmueble, ya se hablaba públicamente de Villa Fabriciano como futura biblioteca, ignorando al otro inmueble que se presentó al concurso», añade; situación esta que avalaría la posición del querellante.

Según el mismo Grupo, su portavoz, Ana Martín, solicitó toda la documentación sobre el único inmueble seleccionado (Villa Fabriciano), ya que el otro fue descartado, ante la sospecha de posibles irregularidades en el cumplimiento de las Normas Subsidiarias de Villa Fabriciano, inmueble adjudicatario del concurso; y afirman que una vez consultada con especialistas toda la documentación comprobaron que, efectivamente, «el edificio que había sido seleccionado no cumplía con la normativa vigente como tampoco con la que regía en el momento de su construcción».

Desde el Partido Popular, que desde el inicio se opusieron a la operación, afirmando que existían alternativas mucho más baratas para que la Colonia cuente con una nueva biblioteca (como por ejemplo, el palacete de La Solana, reformado en su momento con esa intención); consideran que «en caso de ser investigados» (imputados), la alcaldesa y su marido «no tienen otra opción que presentar su dimisión en aras a la regeneración en la que basaron su irrupción en la política municipal y su compromiso contraído con los vecinos de Torrelodones en su programa electoral».

En su nota, que titulan «El Interventor Municipal se planta», desde acTÚa destacan que «las trasgresiones» de la normativa de las haciendas locales, «se pusieron en evidencia con la documentación correspondiente al pleno ordinario del mes de abril en el que, como exige la ley, se daba cuenta del reconocimiento de estas obligaciones de pago por parte de la Sra. Alcaldesa, competente para resolver la discrepancia entre el procedimiento de gasto impulsado por los concejales correspondientes y el reparo puesto por el interventor». Es decir, continúa acTÚa, «que al final, aprobaron pagar los casi 50.000 euros que representaban los 38 expedientes suspendidos».

AcTÚa considera necesario señalar que «este tipo de irregularidades ya las puso de manifiesto la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, en su informe de fiscalización de las cuentas del año 2012 (el primero completo de VxT)». Según el informe -recuerda acTÚa-, la aprobación de facturas por reconocimiento extrajudicial, que representa un sistema excepcional para resolver los procedimientos administrativos defectuosos, «se había convertido en habitual en ese ejercicio y ahora vemos que la gestión de VxT la ha extendido a toda la legislatura».

Asimismo la nota asegura que en los dos meses, «cometen estas irregularidades casi todos los concejales delegados: la de Cultura (Rosa Rivet); el de Urbanismo y Medio Ambiente (Santiago Fernández); la de Desarrollo Local (Raquel Fernández); el de Comunicación y Atención al Vecino (Ángel Guirao); el de Fiestas y Deportes (Carlos Beltrán); el de Educación y Régimen Interior (Gonzalo Santamaría) y la de Nuevas Tecnologías-informática (Celia Martín)».

En el Pleno del 14 de abril, el Grupo Municipal acTÚa requirió que se le informase sobre «las medidas concretas que van a tomar para que no sigan ocurriendo estas irregularidades», pero afirman que hasta la fecha no han recibido explicación alguna, «a pesar de que la alcaldesa dicta textualmente que “se adopten las medidas necesarias para evitar en lo sucesivo esta situación” en la aprobación para levantar el reparo. Esta es una competencia exclusiva, que no necesita mayor justificación».

AcTÚa en su nota explica en qué consisten estas irregularidades denunciadas por el Interventor. Al respecto dice que en lo referido al procedimiento, se perciben:

•  Servicios realizados sostenidamente por un proveedor elegido discrecionalmente, sin publicidad, concurrencia pública, ni contrato siquiera.
• Se repiten encargos de decenas de trabajos al mismo proveedor.
• Teniendo un contrato para un servicio, con algún proveedor, se le encargan otros trabajos distintos.
• Utilización de tarjetas bancarias sin el control legalmente requerido.
• Alquiler de vehículos permanentes (con pagos mensuales) sin mediar contrato.

En su nota destacan «otras cuestiones de fondo, relevantes políticamente», y listan las siguientes:

• Algunas facturas corresponden a una parte de obras votadas negativamente por el Pleno, pero ejecutadas discrecionalmente por el “concejal principal del reino” vulnerando los procedimientos esenciales para realizar el gasto.
• Una de las facturas se refiere a un servicio de asesoramiento mensual para los controles de consumo energético, sin contrato. Esta empresa también realizó el asesoramiento para la valoración de las ofertas de las compañías suministradoras de energía eléctrica al Ayuntamiento. Dicho concurso, también fue precedido por un encargo externo para asesorar en la elaboración de los pliegos de condiciones técnicas. El coste mensual de esta asesoría es de 2.178 euros/mes
•  Una empresa que tiene como objeto social la “compra-venta, edificación, uso, arrendamiento de toda clase de inmuebles”, está realizando servicios personales en Cultura. Este servicio se efectúa durante años y sin contrato.

Notas relacionadas:

Graves irregularidades en contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Torrelodones (23-12-2014)

En su informe, la Fiscalía, pese a no advertir responsabilidades punibles penalmente, sí admite irregularidades. En particular, el Fiscal considera que se vulneró la Ley del Arbolado Urbano, por lo que los socialistas consideran que la Fiscalía «da fundamento y razón» a la denuncia que presentaron en el mes de agosto. «Es decir, había razones de peso para pensar que se estaba incumpliendo la ley», consideran desde el PSOE.

El escrito de la Fiscalía remitido al Grupo Municipal PSOE señala que, “resulta que las irregularidades denunciadas han quedado descartadas, salvo en un punto, cual es la aplicación de la Ley 8/2005 de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la CAM».

Pese archivar la denuncia presentada, el escrito del Fiscal admite irregularidades en los informes de los técnicos municipales. Para la Fiscalía, en el proceso urbanístico de “Las Marías”, no se ha seguido el procedimiento establecido en la mencionada Ley. El Fiscal señala que el procedimiento seguido por los técnicos municipales, «no es el más adecuado», señalando que «Ciertamente esta inaplicación del procedimiento legal previsto en la Ley 8/2005 está respaldada por un informe jurídico del Secretario del Ayuntamiento de fecha 23/07/2012», que el fiscal considera «irregular”.

«Si bien es cierto que el Fiscal considera que “esta irregularidad formal o procedimental no es relevante penalmente” y por ello archiva nuestra denuncia, lo cierto es que no se han seguido los cauces ni formas establecidos por la ley, que motivaron nuestra denuncia», expresan los socialistas en su nota.

Según el informe de la Fiscalía, «la mayor irregularidad» en el ámbito de talas se produce con la «tala sin autorización previa municipal» de 16 ejemplares durante la ejecución del Proyecto de Urbanización, que no estaban incluidos en el Estudio Ambiental. Posteriormente, el Ayuntamiento pidió la justificación de las talas e hizo la advertencia de que no podían talarse árboles sin autorización. En el informe de seguimiento de 3-9-12 se informa favorablemente el documento justificativo de la tala de 16 nuevos ejemplares de 23-7-12. «Por tanto, si bien esta tala se llevó a cabo sin autorización previa de ningún tipo, lo cierto es que el informe favorable a su legalización posterior indica que dicha tala era autorizable, por lo que no podría constituir delito de daños», dice el informe del Fiscal.

Desde el PSOE creen que la denuncia que realizaron fue «crucial para dar un giro en las negociaciones para salvar “Las Marías”, y motivó un cambio de postura de Vecinos por Torrelodones mucho más predispuesto desde entonces, a llegar a un acuerdo».

«Nos sorprende mucho la falta de prudencia de la alcaldesa, lanzándose a escribir notas de prensa, sin ni tan siquiera haber leído el informe de la Fiscalía (porque no lo tiene)», dicen los socialistas.

«El PSOE es un partido prudente y responsable, que respeta a los trabajadores de este ayuntamiento y no quiere sacarlos al “ring” mediático, desgraciadamente la actitud del equipo de gobierno nos obliga a hacerlo. Por otro lado prudente es también, tratar de no influir negativamente en las negociaciones que se mantiene en la actualidad con los promotores», añaden desde el PSOE para finalizar.

Notas relacionadas:

La Fiscalía de Medio Ambiente archiva denuncia del PSOE sobre Las Marías (17-04-2013)

El PSOE de Torrelodones denunció al Ayuntamiento ante la Fiscalía de Medio Ambiente por su actuación en Las Marías (3-8-2012)