Para la portavoz socialista Elena Repullo, esta situación demuestra cuáles son «las prioridades» del partido Vecinos por Torrelodones: «actuar sólo en aquello que es pura fachada y puro marketing y dejar de lado las necesidades sociales». Desde el gobierno municipal se defienden y critican el «procedimiento seguido» por la mencionada asociación estatal para calcular la inversión social de Torrelodones.

«Torrelodones ya es un municipio oficialmente pobre en servicios sociales», manifiestan los socialistas locales, al difundir los resultados del informe.  El trabajo analiza el presupuesto que las entidades locales dedican a cobertura social; y concluye que el Ayuntamiento de Torrelodones destinó en 2017 menos de 35 euros por habitante a inversión social, lejos de los casi 50 dedicados en 2016 y todavía más lejos de los niveles de excelencia en esa materia, que contemplan al menos 100 euros de inversión social por habitante y año.

«Resulta muy preocupante que en un consistorio como el nuestro, con reiterados superávit presupuestarios, dediquemos menos de 35 euros por vecino y ejercicio a la cobertura de las necesidades sociales. No es de recibo que hayamos sufrido un recorte del gasto real en servicios sociales del 30% en un año», argumenta Elena Repullo, portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Por su parte, el Ayuntamiento gobernado por el partido Vecinos por Torrelodones se defiende, criticando el «procedimiento seguido» por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales para calcular la inversión social de Torrelodones, la que aseguran «que no es de 49,99 € (inversión municipal) sino de 80,85 € por habitante (inversión municipal más inversión de la mancomunidad)».

Torrelodones presta sus servicios sociales de forma mancomunada, y desde el gobierno municipal  afirman que «este hecho provoca no solo un mejor aprovechamiento de los recursos, sino también la existencia de unos fondos adicionales a los del presupuesto municipal con los que se ha elaborado el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales». También se muestran «sorprendidos» de que «se establezca un ranking en el que sólo se tiene en cuenta la inversión en Servicios Sociales y no la renta per capita de los municipios». En su defensa, entre otras explicaciones, argumentan que «los ayuntamientos tenemos la capacidad de determinar si la inversión social está sólo en la Concejalía de Servicios Sociales o se reparte en diferentes concejalías de manera transversal, y estas decisiones se deben tomar más en función de en qué concejalía están los mejores profesionales para prestar o supervisar los servicios, que en ocupar un lugar en un ranking que no discrimina por la realidad económica y social de los ayuntamientos». «Quizás lo correcto sería tener una mirada más amplia sobre la transversalidad de los servicios sociales, y no mirar sólo las partidas que dependen de los profesionales que han realizado el ranking», concluyen desde el gobierno municipal, tras sus argumentaciones.