Para FAMMA, algunas de las definiciones y efectos que aparecen y desplegará la norma irían en contra de la propia Convención en referencia a su artículo 10 sobre el Derecho a la Vida. La Federación no entra en debates que puedan generar condicionantes políticos, pero sí manifiestan «una advertencia tras analizar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas discapacidad de la ONU ratificada por el Estado español».

El artículo 10 de la Convención, Derecho a la Vida, dice literalmente, Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.

La Federación quiere recordar que las personas con discapacidad necesitan más ayudas para la vida que para la muerte y que vincular la discapacidad a esta última circunstancia no ayuda en su integración.

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, (FAMMA Cocemfe Madrid) advierte que la futura Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia va en contra de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por el Estado español.

El artículo 10 de la Convención deja claro que, sobre el derecho a la vida de las personas con discapacidad, obliga a los estados parte a reafirmar el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de este derecho por las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás.

Desde la Federación se entiende que una ley de este calado, no puede nacer con falta de consenso entre los partidos políticos, más allá de las discrepancias que puedan existir entre ellos porque, el resultado de la aprobación de las normativas, afectan los ciudadanos de una manera muy importante.

La Federación también reclama que «no es adecuado vincular la muerte a las personas con discapacidad porque desvirtúa el principio de integración y de normalización de sus vidas en la sociedad». También quiere dejar claro, que «la discapacidad es un problema cuando el entorno social perjudica, pero, en ningún momento, se sufre si no fuera porque el entorno perjudica la vida de estas personas, junto con la falta de ayudas para su asistencia e integración. Esto sí, les genera dicho sufrimiento».

Es evidente que el nacimiento de la normativa choca con la convención por lo que, simplemente, se quiere manifestar una circunstancia legal que puede ir en contra de su aprobación.

«Se entiende la situación por la que algunas personas pueden estar pasando y que no es una situación fácil de resolver, pero, no debe utilizarse la discapacidad como un instrumento para aprobar una normativa de un impacto ético y social tan alto», expresan desde FAMMA.

La Federación requiere que, cuando nace una persona con discapacidad, se conceda a las familias todo tipo de información y ayudas, con el fin de tomar una decisión adecuada a las circunstancias que van a vivir todas las partes que se conformarán como un núcleo familiar o social.

FAMMA–Cocemfe Madrid es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a 48 asociaciones de personas con discapacidad. Al ser la interlocutora de la discapacidad física y orgánica ante la Administración y el movimiento asociativo, reivindica y gestiona actuaciones y  servicios a favor del colectivo al que representa. Esta entidad ha sido declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior. Representa, en la actualidad, al 57,73% de las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid.

«Siempre se toma como referencia la vida de Ramón Sampedro pero, ¿quién no desearía la muerte, si solamente se ve un techo y una ventana, durante una vida? Por el contrario ¿alguien cree que, con más apoyos y salidas hacia este tipo de casos, una persona puede desear su muerte?», manifiestan desde FAMMA.

Además, consideran «otra derivada negativa» que «se ponga el foco hacia las personas con discapacidad en el debate social, pero,millones de ellas, son muy felices aun padeciendo una situación de desventaja, gracias a los mínimos apoyos que tienen con ayudas psicológicas, el fundamental apoyo de la familia y la administración».

FAMMA cree necesario «un debate profundo sobre los parámetros que van a determinar la posibilidad de aplicar la eutanasia y el abanico de posibilidades que se deben agotar antes de decidir terminar con la vida de una persona».

«La discapacidad se siente aludida porque se pone el foco a que, tener una discapacidad, es un problema y algo con lo que no se debe convivir encontrando la comprensión a quienes quieren quitarse la vida sin que, antes, se hayan agotado y visto situaciones personales que no han sido apoyadas por la administración».

La organización entiende que, «siempre que haya informes científicos de situaciones irreversibles y un constante sufrimiento sin paliativos, se debería valorar el sufrimiento de esa persona, pero la defensa a la vida está reconocido como uno de los derechos fundamentales en nuestra Constitución y de los distintos tratados internacionales sobre los derechos humanos».

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) de cara a la aprobación que permitirá la eutanasia en nuestro país, exige un debate profundo, con expertos y organizaciones del sector que puedan verse afectados por estos cambios normativos tan profundos y peligrosos a la vez.

Quizás ese potenciar más las políticas de integración en el empleo ordinario, modificar la ley de propiedad horizontal que encarcela a las personas con discapacidad en sus viviendas, la figura del asistente personal, la educación inclusiva, la eliminación de barreras con carácter universal y así, un largo etcétera de medidas de acción positiva en favor de la vida, nos daremos cuenta de que haríamos un gran favor a aquellas personas que tienen situaciones complicadas y podríamos girar el sentido de su vida hacia la felicidad.

Esta circunstancia supone un retroceso en la imagen de la discapacidad ya que, en muchos casos, se vincula la decisión de vivir o no, a padecer una discapacidad por ser considerada esta, un problema desde que llega.

Nos da igual quién plantee esta posibilidad a nivel político y quién pueda pensar a favor o en contra desde la política, pero no nos da igual el resultado que pueda afectar tan negativamente a las personas que tienen una discapacidad o una enfermedad complicada porque, con apoyos, la felicidad es posible.

Desde la organización se cree necesario potenciar las políticas en favor de la vida y aumentar los procedimientos paliativos salvo en casos excepcionales donde, informes científicos, puedan hacer valoraciones que determinen situaciones irreversibles del sufrimiento.

Sabemos que es mucho más caro aumentar los apoyos asistenciales, pero si no se dan alternativas a determinados casos, haríamos de un caso concreto, la generalidad, y propiciaría una imagen distorsionada de la realidad.

En palabras del presidente, Javier Font, «nunca jamás, a esta organización ha llegado el caso de una persona que pida información para ver como terminar con su vida y sí, por el contrario, miles de llamadas que se reciben en favor de la vida a través del aumento de los servicios asistenciales, de protección de sus derechos fundamentales y, en definitiva, de todo aquello que mejore su calidad de vida».

Desde la organización pensamos que es importante trasladar a la opinión pública, la postura que se plantea internamente, respetando las opiniones personales y particulares, pero reclamando una política más efectiva de apoyos sociales para cuando surjan este tipo de casos, que se declinan hacia una salida muy triste, sin que nadie les preste otra salida, porque, con apoyos, la felicidad en muchos casos, es posible.

El Decreto 13/2007 de la Comunidad establece en su artículo 20.3, que «en cumplimiento del artículo 30.4 de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, existirá al menos un vehículo autotaxi acondicionado a las necesidades de desplazamiento de personas con movilidad reducida en las poblaciones de Alcalá de Henares, Algete, Aranjuez, Arganda del Rey, Ciempozuelos, Collado Villalba, Colmenar Viejo, El Escorial, Galapagar, Guadarrama, Navalcarnero, San Lorenzo de El Escorial, Torrejón de Ardoz, Torrelodones y Villanueva del Pardillo.»

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA) acaba de remitir al Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras de la Comunidad un total de 53 denuncias relativas a ayuntamientos madrileños que podrían incumplir con su obligación de contar con, al menos, un taxi adaptado (Eurotaxi). Son los 15 municipios citados en el Decreto y otros 38 municipios que forman parte del Área de Prestación Conjunta.

FAMMA «se ve en la obligación de acudir a este organismo, el que tiene potestad en la materia, para que verifique, municipio por municipio, los posibles incumplimientos, debido a la falta de transparencia al respecto por parte de las distintas Administraciones locales, puesto que, además, suponen trabas en lo que se refiere a la integración social de las personas con discapacidad», manifestó la federación denunciante.

Según viene establecido en el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, como en la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, existen, justamente, 53 municipios que, como mínimo, deberían de contar con un Eurotaxi, teniendo en cuenta en muchos casos que se trata de municipios que pertenecen al área de Prestación Conjunta del Taxi de Madrid.

Además de los 15 municipios expresamente citados, se suman otros 38 que también deberían de tener, al menos, un taxi adaptado, puesto que en este mismo artículo 20.3 se indica que «en el Área de Prestación Conjunta que realiza la gestión integrada del servicio de taxi de Madrid y otros municipios de su área metropolitana existirá, al menos, un vehículo autotaxi adaptado por cada municipio que forme parte de esta zona».

«Los citados 38 municipios que forman parte del Área de Prestación Conjunta (y que no están incluidos en los 15 citados con anterioridad), son: Alcobendas, Alcorcón, Arroyomolinos, Boadilla del Monte, Brunete, Campo Real, Chinchón, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Humanes, Las Rozas, Leganés, Loeches, Madrid, Majadahonda, Mejorada del Campo, Moraleja de En Medio, Morata de Tajuña, Móstoles, Parla, Paracuellos del Jarama, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Quijorna, Rivas, San Fernando de Henares, San Martín de la Vega, San Sebastián de los Reyes, Serranillos del Valle, Titulcia, Torrejón de la Calzada, Torres de la Alameda, Tres Cantos, Valdemoro, Velilla de San Antonio, Villabilla y Villaviciosa de Odón».

La Federación, «por todo ello, insta al Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras de la Comunidad a que tome las medidas oportunas para identificar a aquellos municipios que incumplen la legislación vigente, vulnerando los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, y para que se arbitren las medidas precisas que permitan iniciar un procedimiento sancionador contra los citados ayuntamientos por incumplimiento de la norma».

FAMMA «reitera que las personas del colectivo con discapacidades más severas que viven en los municipios más alejados de la capital no pueden ser considerados ciudadanos de segunda y, por ello, la Federación reclamará que se cumpla, «al pie de la letra», lo que establece la legislación vigente, con el fin de asegurar su movilidad y evitar que, para desplazarse a la capital, tengan que utilizar taxis adaptados de otros municipios, con el consiguiente sobrecoste».

Por último, «es preciso recordar que el artículo 9 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional al que la Comunidad dio su respaldo en su momento, establece que, «a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales»», expresa FAMMA para finalizar.