«El gobierno de VxT en alianza con el Partido Popular ha concedido nuevos privilegios al colegio privado-concertado El Peñalar, a pesar de haber incumplido reiteradamente los propietarios del centro educativo, el Sr. Carlos Madruga y Sr. Arturo Fernández (Grupo Arturo, Cantoblanco, Gecesa), las cláusulas y compromisos adquiridos con el ayuntamiento desde el año 2005», expresa el Grupo Municipal acTÚa en una nota de prensa.

El colegio Peñalar de Torrelodones «ha obtenido con el gobierno de VxT a lo largo de esta legislatura
los siguientes privilegios», añaden desde acTúa, y enumeran a continuación: «La modificación de las normas urbanísticas para no tener que construir el número de plazas de aparcamiento obligadas; la modificación de la normativa del Impuesto de Construcción para que puedan bonificarse el 95% de las construcciones pendientes; y el alquiler por parte del ayuntamiento, durante todos estos cursos escolares, de una parcela privada contigua al colegio para cedérsela gratuitamente».

Según acTÚa, ya con el Gobierno del PP en la pasada legislatura, el colegio Peñalar «consiguió estos otros privilegios»: La reducción del canon firmado previamente hasta el máximo legalmente posible; la bonificación del 95% del impuesto para la construcción del edificio; la licencia de funcionamiento sin haber construido las pistas polideportivas, el pabellón cubierto, los vestuarios y la piscina cubierta que incluía su proyecto»; y «la no construcción de las plazas de aparcamiento necesarias según las Normas Urbanísticas del Ayuntamiento (algunas de ellas subterráneas)».

«Después de más de 6 años y medio de incumplimientos VxT, con el apoyo del PP, les vuelve a conceder nuevas prórrogas tras pactar ambos partidos políticos la anulación del acuerdo del Pleno de Marzo de este año en donde se imponían penalizaciones a la empresa de 4.174 €/día, a partir del 1 Octubre 2014 hasta concluir las obras del polideportivo, que ya debía estar finalizado en febrero del 2008 y sin reclamarle la piscina cubierta», continúa diciendo acTÚa en su nota. «En este sentido, el informe de intervención afirma que se trata de alteraciones del contrato, que según la ley sólo podrían justificarse si se dan dos condiciones: razones de «interés público» debidamente justificadas (no de un grupo) y causas debidas a necesidades nuevas o imprevistas», añaden.

Desde acTÚa consideran que «no se dan estas circunstancias en un proyecto educativo que ha producido perjuicios a la educación pública de nuestro municipio».