El partido Vecinos por Torrelodones aprovechó el voto en contra de los tres concejales del grupo municipal VOX para producir y difundir en las redes sociales el vídeo que se puede ver bajo estas líneas, además de emitir una Nota de Prensa municipal de la que se han echo eco diversos medios. En el vídeo de VxT se han utilizado pequeños fragmentos de la intervención de la concejal de VOX Sonsoles Palacios, en la que argumentaba las razones del voto de su formación. Al considerar que sus argumentos han sido manipulados, desde VOX Torrelodones envían la Nota que se transcribe a continuación:

«En Torrelodones, a 17 de noviembre de 2019.

Ante las numerosas noticias aparecidas en diversos medios de la Sierra de Madrid y de Torrelodones, publicadas por grupos políticos con representación en el consistorio de Torrelodones, a saber, PP, C’S, PSOE y VXT; VOX Torrelodones quiere poner de manifiesto que:

1) En VOX condenamos la violencia, venga de donde venga porque todas las víctimas nos parecen igual de lamentables. Por esa razón abogamos por una Ley de violencia intrafamiliar que amplíe la protección especial contra cualquier agresión cometida dentro del núcleo familiar.

2) VOX es el único partido que apuesta de verdad por mejorar la Seguridad de todas las personas, incluidas, como no, las mujeres, porque proponemos la cadena perpetua para asesinos.

3) La actual Ley de violencia de género ha resultado un rotundo fracaso porque:

– hay más mujeres asesinadas que antes,

– vulnera el derecho de presunción de inocencia al convertir al hombre en culpable por el hecho de serlo, criminalizándolo en razón de su sexo, y es, por tanto, contraria al Art. 14 de la Constitución española.

Tras el último Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones, VOX Torrelodones quiere denunciar  el video (1) publicado a través de la red social Twitter por el partido gobernante, VxT, con la aquiescencia del resto de partidos políticos del Consistorio (PP, C’S, PSOE), por ser falso, manipulativo y muy ofensivo para la formación VOX y para los más de 3.000 torresanos que recientemente dieron su confianza a esta formación política.

En el citado vídeo se manipulan los argumentos de una concejal de VOX con cortes de voz malintencionados, cambio de color de la grabación al blanco y negro, ausencia de música y subtítulos de opinión que impiden entender correctamente los argumentos que desde VOX se manifestaron en el Pleno para explicar el rechazo de esta formación a la Moción presentada sobre la Ley de Violencia de género.

Desde VOX Torrelodones seguiremos llevando la VOZ de todos los torresanos, votantes, simpatizantes y vecinos del municipio, a los distintos organismos del pueblo, y les manifestamos que seguiremos haciéndolo con la máxima valentía, firmeza, claridad y rotundidad.

Les enviamos un saludo a todos».

En el Pleno de ayer, Vecinos, @popularestorre , @Torrelodones_Cs y @PSOE_Torre aprobamos una moción conjunta x de la eliminación de la violencia contra las mujeres.

¿Queréis saber x qué no fue declaración institucional de nuestro Ayuntamiento?

Ved el vídeo. No os sorprenderá pic.twitter.com/fOZJhscc6v

— VecinosxTorrelodones (@vxtorrelodones) November 13, 2019

El Juzgado de Instrucción Nº 2 de Collado Villalba ha incoado diligencias previas tras la denuncia interpuesta por el Grupo Municipal Confluencia Ciudadana de Torrelodones contra el Equipo de Gobierno de Vecinos por Torrelodones, al entender ese Juzgado que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».

Una nueva causa penal se podría sumar en los Juzgados de Villalba contra la Alcaldesa de Torrelodones y su marido, el Concejal de Urbanismo; donde la regidora comparece en calidad de «investigada» por un presunto delito de prevaricación, en la adquisición de un inmueble para ser utilizado como biblioteca.

En esta oportunidad, según los denunciantes, la Junta de Gobierno municipal habría permitido durante años a una empresa de vending, instalar máquinas expendedoras en edificios públicos, sin mediar contrato ni concesión, con lo que «han frustrado el ingreso en las arcas municipales de los caudales exigidos, haciéndose además cargo el Ayuntamiento de los gastos generados, en beneficio de un tercero y en detrimento del interés general».

El día 5 de marzo de 2018, el Grupo Municipal Confluencia Ciudadana presentó en los Juzgados de Collado Villalba denuncia contra los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones, esto es, contra la Alcaldesa Elena Biurrun y siete concejales del equipo de gobierno de Vecinos por Torrelodones.

El día 17 de abril, se ha notificado a Confluencia Ciudadana Auto de 4 de abril de 2018 del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Collado Villalba, por el que se acuerda incoar diligencias previas y dar parte de incoación al Ministerio Fiscal, porque los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.

Los denunciantes explican que el día 8 de noviembre de 2017, solicitaron por Registro, copia de los contratos y concesiones con las empresas suministradoras de las máquinas expendedoras de café, refrescos y aperitivos instaladas en edificios municipales.

«No obtuvimos respuesta hasta el 22 de diciembre de 2017, en la que nos informaron de que “estas máquinas están instaladas sin ningún tipo de contrato o convenio”», aseguran.

«A la vista de la contestación del Ayuntamiento de Torrelodones, y ante la falta de contratos y/o concesiones con las empresas titulares de las máquinas expendedoras, solicitamos copia de los documentos en los que constasen los ingresos recibidos por el Ayuntamiento por la utilización privativa del dominio público local por la instalación de máquinas expendedoras en edificios públicos», continúan relatando. La respuesta fue que “este Ayuntamiento no percibe un solo ingreso por este concepto”, afirman.

Dada la irregularidad de esta situación, la portavoz de Confluencia en el Ayuntamiento solicitó en el Pleno celebrado el día 16 de enero de 2018 que se llevaran a cabo las acciones pertinentes para que esta situación fuera subsanada y se suscribiera un contrato previa licitación.

«Vecinos por Torrelodones viene permitiendo desde hace años que los propietarios de las máquinas expendedoras no paguen la tasa exigida por la utilización de espacios en los edificios municipales, con el agravante de que la instalación de las máquinas genera costes por suministro municipal de electricidad y agua», denuncian desde Confluencia Ciudana.

Los anteriores hechos, que Confluencia Ciudadana ha puesto en conocimiento de la Justicia por su gravedad, van a ser investigados a fin de determinar su naturaleza y circunstancias, así como las personas que en ellos hayan participado.

Los denunciantes recuerdan que no es la primera vez que Confluencia Ciudadana advierte al equipo de gobierno de Vecinos por Torrelodones —que gobierna con mayoría absoluta— de irregularidades que se deberían evitar o subsanar, como ya ocurrió con el caso de Villa Fabriciano, sobre el cual insistieron en las irregularidades que presentaba el edificio con relación a las Normas Subsidiarias; cuestión que finalmente los ha llevado a los tribunales por la querella de un particular, donde la alcaldesa está siendo investigada por presunta prevaricación; causa en la que también se involucra al Concejal de Urbanismo —su marido— y dos técnicos municipales.

«Esta vez el presunto delito es de malversación de caudales públicos, salvo mejor calificación a la luz del resultado de la investigación judicial, puesto que los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones (VxT) han frustrado el ingreso en las arcas municipales de los caudales exigidos, haciéndose además cargo el Ayuntamiento de los gastos generados, en beneficio de un tercero y en detrimento del interés general», expresan desde Confluencia Ciudadana para finalizar.

El edil esta vez se ha enfrentado a la Comunidad de Propietarios del Centro Comercial el Zoco que se encuentra en el Camino de Valladolid nº 33, a raíz de la colocación de una barrera para regular el acceso al parking privado del centro comercial.

Las «formas autoritarias» descritas en otras ocasiones por asociaciones de comerciantes, protectoras de animales, trabajadores municipales o urbanizaciones del municipio, se ven reflejadas también en este nuevo conflicto.

El pasado viernes, el concejal de Urbanismo junto al aparejador municipal y dos policías municipales irrumpieron en la Peluquería Unisex Algas de el Zoco, cuya propietaria —Sonia— ostenta la presidencia de la comunidad de propietarios de ese centro comercial.

El concejal y su séquito, en una pequeña recepción contigua al salón de peluquería, empleando éste maneras que Sonia considera autoritarias, en presencia de los clientes ordenó dejar permanentemente abierta la barrera por «no tener licencia». Sonia considera que el centro sí cuenta autorización para la instalación de la barrera y se opuso a la orden que parecía arbitraria. Han presentado solicitudes, documentación que prueba que el aparcamiento es privado y han pagado las tasas preceptivas; todo ello seguido de un silencio administrativo de meses.

El lugar, las circunstancias, las formas y las frases empleadas por la autoridad municipal, podrían considerarse cuanto menos intimidatorias, sino amenazantes.

Sonia, que considera que la Ley está de su parte —la conoce bien, pues es licenciada en derecho y su marido abogado— no se ha dejado amedrentar, y decidió poner los hechos que ha considerado como posibles coacciones o amenazas, en conocimiento de la Benemérita.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes; y el lunes de esta semana, desde los medios de comunicación municipales anunciaban que «El Ayuntamiento estudia demandar a la presidenta de la asociación El Zoco por denuncia falsa». Este modus operandi ya lo hemos visto. Como en otras oportunidades, la nota municipal comunicando la versión oficial de lo acontecido viene acompañada de lo que parecen ser «Informes técnicos» encargados ad-hoc y de urgencia a los funcionarios, para justificar a posteriori las decisiones arbitrariamente impuestas por el responsable político.

Las consecuencias de enfrentarse a este concejal de pueblo con aires imperiales no se han hecho esperar: Hoy miércoles, la asociación de empresarios Torrempresarial anunció con pesar y decepción la cancelación del evento «Torreprimavera» que se iba a llevar a cabo el 21 y 22 de abril en el Centro Comercial el Zoco. El motivo «es únicamente la retirada del apoyo económico al mismo, previamente asegurado por el Ayuntamiento», informan los empresarios. Las razones se han trasmitido verbalmente al presidente de Torrempresarial, y remiten «al comunicado y a los informes trasladados a través de la página web del Ayuntamiento», relacionados con la denuncia del concejal. «Razones que no nos satisfacen en absoluto», expresan desde el sitio web de Torrempresarial.

Esta retirada del apoyo económico al evento que se iba a celebrar dentro de pocos días en el Zoco, en nuestra opinión, no hace más que confirmar que la sensación de «coacciones y amenazas» denunciada, tenía fundamento.

Antecedentes

Desde hace décadas un cartel en el acceso al aparcamiento de El Zoco indica que las plazas son para uso exclusivo de los clientes de los locales. Sonia relata que a ellos no les molestaba que algunas personas aparcaran para ir al estanco, al veterinario o a otros establecimientos fuera de El Zoco durante un rato. No obstante, muchos utilizaban las plazas dejando su coche durante todo el día, y en ocasiones, durante varios días. «Esto nos ha traído muchos problemas. Aquí ha habido peleas que llegaron a las manos y hasta juicio, por una plaza de aparcamiento», comentó.

Con el agravamiento de los problemas de aparcamiento en el pueblo tras la eliminación de plazas sufridas por las actuaciones urbanísticas del gobierno municipal, la ocupación masiva del parking por usuarios ajenos al centro comercial se transformó en un trastorno para los clientes de El Zoco, que no podían aparcar.

Dos solicitudes para instalar una barrera sin respuesta del Ayuntamiento

De acuerdo a la documentación a la que ha accedido Torrelodones.info, los hechos sucedieron de la siguiente manera:

Con fecha 3 de junio de 2016, el Zoco solicitó formalmente al Ayuntamiento, regular el uso de las plazas de aparcamiento instalando una barrera automática (Ver instancia de solicitud presentada).

La solicitud fue acompañada de un plano expedido por el Ayuntamiento de la ubicación de las plazas, así como de un documento expedido por el Registro de la Propiedad de Torrelodones donde se describe la propiedad y en el que textualmente dice: «…en la zona común se encuentran ubicadas treinta y nueve plazas de aparcamiento de uso común para todos los locales comerciales del Zoco» (Ver documento Registro de la Propiedad).

Con fecha 17 de noviembre de 2016 el Zoco presentó una nueva instancia solicitando textualmente «licencia para colocar una barrera automática en el aparcamiento del centro comercial» (Ver instancia 17-11-2016). Acompañaron la solicitud de un presupuesto por la instalación de la barrera; así como del comprobante del ingreso del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO); documento en el que consta que el Ayuntamiento ha calificado como un «Acto Comunicado» la instalación de una barrera en el aparcamiento del Zoco (Ver documento pago ICIO 17-11-2016).

Puesto que en el caso de los actos comunicados las obras pueden iniciarse transcurridos 15 días desde su comunicación, transcurridos varios meses sin obtener respuesta por parte del Ayuntamiento a las solicitudes,  parece razonable que los propietarios del Zoco consideraran el silencio administrativo en sentido positivo, con más razón, tratándose de una instalación que no requiere ningún estudio técnico.

Por tanto, consideraron estar ejerciendo sus legítimos derechos al pretender regular el acceso a su zona de aparcamiento privada, y considerándose autorizados por silencio administrativo, instalaron la barrera el día viernes, para que comenzara a funcionar de inmediato.

La visita del Concejal, el Técnico de Urbanismo y la Policía Municipal a la peluquería de Sonia

Al parecer, enterados en el Ayuntamiento de la puesta en marcha de la barrera, en primer lugar se personó en la peluquería de la presidenta de la Comunidad el Aparejador Municipal, exigiendo que «se abriese ya» la barrera porque «no tenéis licencia».

Al alegar Sonia que sí tenían, «que habían pagado la tasa hacía meses y se habían acogido al silencio administrativo», según la presidenta del Zoco el técnico respondió: «tu tienes licencia para instalar la barrera, pero no para cerrarla». «¿Para qué me dan licencia para instalar algo que no voy a poder utilizar?», se preguntaba Sonia. El técnico le dijo que no iba a discutir con ella, añadiendo: «voy a llamar ahora mismo a la Policía, y verás si no levantas la barrera», según la propia Sonia.

La Policía llegó al momento y levantó un acta e hizo algunas fotografías. En el acta, hemos podido comprobar que no dice en ningún momento que deba levantarse la barrera.

Poco más tarde el Concejal de Urbanismo, el aparejador municipal, y dos policías municipales, se encontraban en la pequeña recepción de la peluquería.

«El problema son las formas y las maneras en la que vino este señor a mi negocio, con clientes delante», nos comentó Sonia, que considera que podría haberla citado en su despacho, en el lugar donde está la barrera, o en la calle.

En la denuncia presentada ante la Guardia Civil, constan algunas frases que proferidas por el técnico de urbanismo, del tipo: «ahora mismo levantas esa barrera, ya», o la sentencia del concejal, que le dice que suba la barrera porque carece de autorización y finalmente añade «y jamás te la vamos a dar».

No es necesario remitirnos a la denuncia para advertir el tono autoritario empleado, careciendo de argumentos legales. El propio «Informe Interno» de la Policía Local dice que «Que el Sr. Concejal de Urbanismo manifiesta que efectivamente no ha sido respondida dicha solicitud realizada el año pasado y asume toda la responsabilidad por dicho hecho pero que aún así, no se va a proceder a otorgar ninguna autorización para realizar dicha obra…». Solo le faltó añadir «porque lo digo yo» o alguna frase similar.

Esta situación seguramente continúe, y desde la presidencia de el Zoco, convencidos de que les ampara la Ley, están dispuestos a continuar hasta cualquier instancia legal.

Mientras tanto, posiblemente el Zoco comience a sufrir otros episodios —como la cancelación del evento Torreprimavera—, simplemente por no haberse doblegado a la voluntad de este concejal de pueblo, que amparado por su mujer, la Alcaldesa, parece tener aires de emperador. Una colectivo más que se suma al grupo de los marginados por no bailar el agua al mediático equipo de gobierno de Vecinos por Torrelodones, que ostenta la mayoría absoluta.

También nos hemos visto obligados a defendernos en los tribunales ante denuncias o demandas interpuestas contra nosotros, situaciones que a un pequeño medio local como Torrelodones.info le generan un gran trastorno.

Horas contestando demandas (tiempo que necesariamente debemos restar a la labor informativa, el sueño y la familia), costes de abogado y procurador, y la incómoda sensación que genera la obligación de tener que defenderse; es el precio que algunas veces tenemos que pagar por informar en Torrelodones o por permitir a los lectores expresar su opinión en los comentarios a las noticias. Y asumimos ese precio.

Pero de ninguna manera vamos a tolerar presiones o que se nos intente amedrentar, como si viviésemos bajo un régimen totalitario, en vez de en una democracia europea del siglo XXI.

¿Intentan amedrentar a Torrelodones.info?

Hace unos días, recibimos el e-mail que adjuntamos bajo estas líneas, y que en nuestra opinión, no tiene otra finalidad que la de intentar amedrentarnos. Por supuesto, podemos estar equivocados.

El pasado 30 de abril, Vecinos por Torrelodones difundió una nota de prensa titulada «El Juzgado de Violencia de Género de Collado Villalba archiva la causa contra G.S.».

Ese mismo día 30 de abril, el responsable legal de Torrelodones.info recibió en su correo electrónico personal, el e-mail que dice así:

 

Sr. Iturrioz:

Adjunto le remito a efectos informativos la primera página con el sello de la denuncia presentada en el día de hoy en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, denuncia que le será notificada por la propia AEPD en la forma legalmente establecida.

Gonzalo S.

 

Ese breve mensaje, que sin ninguna fórmula de cortesía lleva la firma del concejal de Seguridad y Educación del equipo de gobierno de Vecinos por Torrelodones (entendemos que a título personal), va acompañado de una foto de la carátula de la denuncia a la que se refiere, en la que deliberadamente el concejal ha ocultado con un papel todo el texto.

Ahora bien, si no podemos saber cuál es el fundamento de la denuncia (pues está oculto); y si además, la misma «será notificada por la propia AEPD en la forma legalmente establecida»; nos preguntamos… ¿qué objeto puede tener que nos la notifique el propio denunciante?

Lo primero que se nos ocurre —recordamos que esto es un artículo de opinión—, es que se nos estaba queriendo decir algo así como «hemos dicho hoy que la denuncia «está archivada», así que no se os ocurra decir lo contrario. Os estamos mirando con lupa y en algo os pillaremos…».

Lo segundo que pensamos, es que se trataba de una suerte de «venganza» por haber informado sobre la denuncia de la ex mujer del concejal, o por haber evidenciado una parte de las deficiencias en materia de seguridad ciudadana durante la presente legislatura (incluyendo los robos en la casa del propio concejal de Seguridad), o las manifestaciones de la Policía Local y otros funcionarios contra el Equipo de Gobierno. Tampoco le gustó al ahora denunciante, cuando informamos que los trabajadores municipales ya no podían hacer declaraciones a los medios sin antes obtener autorización de dos concejalías, medida que no es ningún ejemplo de «transparencia» y se origina en una «Orden Interna» firmada por él. Quizás se nos esté «pasando factura» por haber informado sobre estos asuntos, pensamos…

Francamente no creemos que se nos remita la foto de la denuncia «a efectos informativos», por cortesía; por lo que no imaginamos otra finalidad que las mencionadas.

Lógicamente, esa puede ser nuestra interpretación, que no tiene necesariamente que ser la única. Podemos estar equivocados. Por eso, ponemos a disposición del concejal denunciante nuestro humilde medio, por si quiere aclarar públicamente cuál era la finalidad del envío de ese e-mail.

Desde luego, si la finalidad era que no se nos ocurriese desmentir la nota de prensa que el partido VxT emitió ese día, no tuvo éxito; pues tras contrastar la información de Vecinos por Torrelodones con fuentes judiciales, al día siguiente —1 de mayo—, informamos que «La causa penal contra el concejal de Vecinos por Torrelodones continúa abierta».

Continuaremos intentando informar con responsabilidad y veracidad, observando escrupulosamente la Ley; en especial, respetando el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Pero ya no vamos a tolerar situaciones que a nuestro criterio tengan la finalidad de limitar de alguna manera nuestros derechos fundamentales, y los de nuestros lectores.

Nuestro ordenamiento jurídico brinda una amplia protección a las libertades de expresión y opinión, así como a la libertad de información. Cualquier acción que desde nuestra perspectiva vaya orientada a limitar de alguna forma el libre ejercicio de estos derechos, por nosotros o por nuestros lectores, será sometida a la consideración del público (como estamos haciendo ahora); y en los casos en que proceda, iniciaremos las acciones legales que sean necesarias para garantizar o restablecer el pleno ejercicio de los mismos.

A pesar de las demandas, denuncias y juicios que tengamos que afrontar por contradecir en ocasiones la «versión oficial» o por resultar molestos para los intereses de algún grupo de poder; continuaremos intentando contribuir a la formación de la opinión pública libre y correctamente fundamentada.

E-mail recibido el 30-3-2015:

«El Fiscal de Medio Ambiente de Madrid, en su informe de conclusiones, del que el PSOE tenía conocimiento hace tiempo sin que lo haya dado a conocer, ha archivado la denuncia al no encontrar indicio de delito alguno en la actuación del concejal de urbanismo y o del resto de los técnicos municipales», expresa la nota municipal para finalizar.

Un lector residente en la Urbanización Parquelagos, lindante con Torrelodones y perteneciente al término municipal de Galapagar, se ha puesto en contacto con esta redacción para alertar a los vecinos del peligro que corren sus mascotas, al haber comprobado que hay en la zona una “persona” que se dedica a cazar los gatos que pasan por su propiedad con cepos para conejos, para luego abandonar los cadáveres sobre la acera.

A este vecino, que suele pasear por su urbanización, le llamó la atención encontrar muy frecuentemente desde hace aproximadamente un año, gatos muertos abandonados sobre la acera en un tramo determinado de la Avenida de Normandía. Ha llegado a ver incluso varios a la vez, en el mismo lugar.

En la urbanización Parquelagos residen centenares de vecinos amantes de los animales “y tenemos entre nosotros a este bárbaro” que se dedica a matar a los pobres animales, nos comenta nuestro lector. Ya sea mediante cepos o por envenenamiento, mueren gatos callejeros y también con propietario.

Intentando averiguar el paradero de uno de sus propios gatos, el lector que nos informa recorrió la zona, y al preguntarle a un jardinero si lo había visto, este le comentó sobre la existencia de un vecino “que mata gatos con cepos para conejos”, que coloca en su parcela.

Indignado al conocer esta situación, actuó como corresponde y solicitó al Ayuntamiento de Galapagar que “tome las medidas necesarias para detener esta barbaridad” y realizó la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil. Además, puso los hechos en conocimiento de la Entidad de Conservación Ciudad Parquelagos.

Cualquier persona que pueda aportar datos sobre la autoría de estas matanzas, debería ponerlos en conocimiento de las autoridades para que se aplique al responsable la sanción que proceda.

A raíz de escritos presentados por los grupos del PSOE y acTÚa, y ciudadanos particulares, solicitando la paralización de las obras por un posible incumplimiento de la Ley 8/2005 de 26 de diciembre de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid, el pasado 26 de julio, el Arquitecto Municipal emitió un informe que concluía que no se encontraban motivos técnicos ni jurídicos para paralizar las obras.

Los socialistas, no conformes con la decisión tomada, han acudido a esta nueva instancia, y argumentan su denuncia basándose en varios “hechos”.

En primer lugar, consideran que en el Plan Especial APD8 Las Marías, que se está desarrollando por etapas, no se están aplicando por parte del Ayuntamiento, las estipulaciones de la Ley 8/2005 de 26 de diciembre de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid, cuando en el momento de la aprobación del Plan Especial en julio de 2006, en el expediente de aprobación se emitieron una serie de informes que establecían que la Ley 8/2005 de 26 de diciembre, se debía aplicar durante el Plan de Urbanización.

Desde el PSOE consideran que las obras que se han iniciado “están llevando a la desaparición de roquedos con vegetación arbustiva y arbolado de gran valor ambiental”.

En segundo lugar, el PSOE local considera que podría ser de aplicación el artículo 43 de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. En tal caso, para cumplir con la citada Ley sería necesario que el promotor reforestara más del doble de la superficie ocupada.

El tercer argumento que esgrime el PSOE ante la Fiscalía es que “existen dudas que el plan de urbanización cumpla la Ley ferroviaria 4/2006”, y enumera los artículos que a su entender podrían estarse infringiendo.

En cuarto lugar, los socialistas consideran que según el informe del Canal de Isabel II, relativo a la capacidad de depuración del APD-8 “Las Marías” con fecha de 21 de mayo de 2012, se desprende que la EDAR Torrelodones – Galapagar, tiene que ser ampliada para poder absorber el desarrollo urbanístico en la zona, y que “a pesar de que el proyecto de ampliación está en proceso de redacción, no se establece las fechas en las que la EDAR podrá asumir dicho aumento de la población, y que es probable que el desarrollo urbanístico se consolide mucho antes que la ampliación de la infraestructura necesaria para la depuración de las aguas”.

En quinto lugar, los socialistas consideran en su denuncia que el Ayuntamiento ha favorecido a la empresa constructora al evaluar el aval que la empresa debía constituir, haciéndolo por una norma de menor rango, al aplicar una Ordenanza Municipal en vez de una Ley Autonómica. Según la Ley 8 /2005, de 26 de Diciembre, de protección y Fomento del arbolado urbano de la comunidad de Madrid (Ley autonómica) el aval supondría un importe de 163.041,66 euros, y en el caso, de la Ordenanza Municipal que se aplicó, el importe fue de 70.852,76.

El escrito presentado por el Portavoz Socialista termina suplicando a la Fiscalía de Medio Ambiente en base al escrito y los documentos que lo acompañan “determine y aclare bajo que supuesto se desarrolla la ADP-8 en el término municipal de Torrelodones (Madrid), determine si se ha cometido algún delito y adopte las medidas cautelares oportunas debido a la eliminación de los arboles de alto valor ambiental”.

«Estos hechos evidencian que Vecinos por Torrelodones favorecen a los promotores del proyecto urbanístico ya que no están teniendo en cuenta los informes técnicos municipales del año 2006 que marcaban como condición vinculante para la futura urbanización el cumplimiento de la citada Ley de protección y fomento del arbolado urbano».

Los socialistas de Torrelodones subrayan «la incoherencia demostrada por VxT: la defensa del medioambiente no ha sido la misma cuando estaban en la oposición que ahora que son el equipo de gobierno».

La denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente es una más de las acciones que el PSOE de Torrelodones viene realizando desde principios de julio, como son la petición a la alcaldesa de la paralización de las obras de “Las Marías”, así como la marcha y visita a dichas obras realizada el pasado domingo 29 de julio junto con ACTÚA y La Sociedad Caminera, informaron los Socialistas de Torrelodones.

Ver el Escrito de Denuncia

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