Por su parte, el PP de Torrelodones ha salido al cruce de «la alarmante nota de prensa en la que el PSOE especulaba sobre una supuesta renuncia de la empresa de limpieza de colegios públicos en Torrelodones»; en la que los también «afirmaba que “tenemos muy claro que este asunto va a terminar en
los tribunales”».

Tras la confirmación por parte de los responsables de la empresa, de que mantendrán el contrato durante el plazo previsto de un año; los populares han manifestado que «Es muy grave que el partido socialista se dedique a generar alarma social basándose en rumorología, aunque no nos extraña pues siguen el ejemplo de Pedro Sánchez con sus mentiras sobre el punto violeta».

La limpieza de los colegios corresponde a uno de los dos lotes de edificios públicos en los que está dividido el contrato de limpieza de edificios públicos. El otro lote fue el que se adjudicó a la empresa DLR con la que el anterior equipo de gobierno mantuvo un conflicto por el que se llegó a la huelga e impago de los trabajadores.

Desde el PP consideran que con esta comparación «Queda de manifiesto la diferencia en la gestión de ambos lotes por parte del equipo de gobierno de VxT y el del Partido Popular».

La alcaldesa de Torrelodones consideró que «este servicio, de carácter esencial, no puede dejar de estar cubierto». A pesar de la prórroga del contrato, el equipo de gobierno considera que «en la próxima licitación se deberán actualizar precios y adecuarse a la demanda de servicios de los centros educativos».

La candidata del Partido Popular a la alcaldía de Torrelodones, Almudena Negro, ha querido valorar la exclusiva publicada por el digital “El Debate” (https://www.eldebate.com/espana/20230316/torrelodones-ficha-60-000-exjefa-prensa-montilla-contratista-confianza-generalitat_101047.html#utm_source=rrss-comp&utm_medium=wh&utm_campaign=fixed-btn), en la que se pone de manifiesto que el alcalde de Torrelodones “derrochó” dinero de los vecinos de Torrelodones en una empresa de comunicación vinculada a quien fuera jefa de prensa del presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla. Esta empresa, Something to say, «es la encargada de la comunicación del programa electoral del alcalde, que es Torreactiva. Un plan que es puro humo». «García Plata debe explicar inmediatamente por qué de sus impuestos los torrelodonenses pagan a una empresa de comunicación que está a 650 kilómetros de nuestro municipio».

«Dicen que son de todos los colores, dicen que son una amalgama. Lo que son es cómplices de lo peor de la política. Nos acabamos de enterar de que los vecinos de Torrelodones pagan con sus impuestos a una empresa de comunicación de Barcelona vinculada a alguien del PSC, una empresa entre cuyos clientes prácticamente solo figuran ayuntamiento de Barcelona y Generalitat catalana. La misma Generalitat de los que se levantaron contra España y contra la Constitución. La demagogia de Vecinos por Torrelodones es insoportable. Ahora se explica por qué permitieron un referéndum ilegal contra la Monarquía en las calles de Torrelodones y prohíben de forma arbitraria y sin que figure en la Ordenanza Municipal, las mesas informativas del Partido Popular», afirmó la popular.

Negro ha exigido a García Plata que muestre públicamente «todos los contratos de estos últimos cuatro años dedicados a la propaganda, sufragados por los vecinos, que no por Vecinos».  Además, ha denunciado que García Plata está utilizando proyectos municipales de forma partidista, confundiendo partido y gobierno, algo que ha considerado “muy poco democrático”.

La popular ha recordado que «el mismo que presume de no tener chófer, lo que está muy bien, presume de no tener jefe de prensa, y, por la puerta de atrás contrata a la ex jefa de prensa de Montilla, el del PSC que pagó 110.000 euros a un asesor de comunicación para ir a programas de televisión y en cuyo portfolio están empresas vinculadas a la Generalitat y a Torrelodones y ya».

Para la popular es “muy extraño” el montante dedicado por el equipo de gobierno a comunicación y a “estudios de todo tipo” que se han realizado con dinero municipal. «García Plata no amplía la plantilla de la policía local para dar tranquilidad a los vecinos, pero se lo gasta en propaganda montada desde Cataluña. ¿Es que no hay empresas en Madrid? Raro, raro, raro. Exijo a García Plata que dé explicaciones inmediatamente», sentenció.

Desde hace varios días, los empleados de la empresa de limpieza DLR contratada por el Ayuntamiento de Torrelodones, se manifiestan para exigir el pago de los cinco meses que se les adeuda. Izquierda Unida considera que el Ayuntamiento tiene la responsabilidad por haber contratado una empresa insolvente, por lo que propone que sea este quien «se responsabilice del pago inmediato» de los salarios atrasados «hasta la resolución del conflicto».

«Desde la Asamblea de Izquierda Unida de Torrelodones queremos mostrar nuestro rechazo a la actitud del Equipo de Gobierno de Torrelodones con las trabajadoras de DLR, subcontrata del Ayuntamiento, que llevan cinco meses sin cobrar y denunciar la falta de empatía del equipo de Gobierno pese a ser el  responsable subsidiario de esta situación».

Desde el pasado día once, trabajadores de la empresa DLR se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento de Torrelodones para denunciar y dar a conocer que llevan ya cinco meses sin percibir sus salarios. «También queremos mostrar nuestra solidaridad públicamente con estas trabajadoras, como día a día lo hemos hecho acompañándolas en  su concentración», expresan desde la Asamblea de Izquierda Unida Torrelodones.

La empresa DLR fue adjudicataria mediante concurso público abierto, de la limpieza de distintas  dependencias municipales, tales como Servicios Sociales, Teatro, Casa de la Cultura, Edificio de Seguridad y las dependencias del propio Ayuntamiento.  

Desde Izquierda Unida Torrelodones denuncian:  

• «Que ha sido el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones quien ha  subcontratado la actividad a una empresa insolvente e irresponsable y que por lo tanto, es responsable  directo de este conflicto».  
• «Las declaraciones que han realizado a las trabajadoras concentradas en la plaza, que  suponen un menosprecio y una falta absoluta de empatía a su situación laboral y le recordamos a Alfredo García Plata que todo el mundo trabaja por un salario, incluido él».  
• «Vecinos por Torrelodones no ha contribuido en nada a solucionar el conflicto en el que se encuentran las trabajadoras, ni siquiera se han ofrecido a mediar entre las trabajadoras, y la empresa deudora de los salarios». 
• «El papel desempeñado en la contratación pública municipal por el criterio del precio, que lleva  a que la oferta presentada con menor precio sea la aceptada, más allá de otros criterios como la calidad del servicio y las condiciones de trabajo de las trabajadoras que lo prestan». 
• «La responsabilidad subsidiaria del Ayuntamiento en la prestación de un servicio de carácter  estructural entre las actividades municipales, tal y como es la limpieza de dependencias municipales.  El Ayuntamiento no sólo subcontrata la actividad sino que parece que también subcontrata la responsabilidad en las actividades que sólo le competen a él». 

Así, La Asamblea de Izquierda Unida de Torrelodones propone: 

«Que el Ayuntamiento se responsabilice de el pago inmediato de los salarios atrasados a las  trabajadoras hasta la resolución del conflicto».

«La contratación directa de las trabajadoras en huelga por el propio Ayuntamiento que evite  problemas de este tipo». 

«La subrogación de dichas trabajadoras al nuevo contrato de limpieza en el caso de seguir  adelante con la política de contratación de empresas “prestamistas”». 

«La inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública por parte del Ayuntamiento  que valoren las condiciones de trabajo de los trabajadores que van a prestar el servicio,  más allá del peso del precio en la adjudicación de los contratos».

UGT está en contra de la situación laboral de los trabajadores subrogados de la antigua empresa de mantenimiento de las zonas verdes de Torrelodones y denuncia que la empresa adjudicataria del Servicio de Jardinería «ha entrado realizando despidos, incumpliendo acuerdos y amedrentando a los trabajadores, por lo que desde el sindicato no podemos permitir que las empresas crean que pueden entrar a los contratos recortando derechos».

El contrato para el mantenimiento de parques y zonas verdes de Torrelodones está paralizado por un recurso presentado por l

• La patronal ASEJA (Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde) que agrupa a las empresas del sector ha recurrido los pliegos de condiciones del contrato para el mantenimiento de los parques y zonas verdes de Torrelodones.
• Este va a suponer un nuevo retraso en la recuperación de un servicio que se está prestando en precario desde que a finales de julio finalizase el anterior contrato al no presentar a tiempo Vecinos por Torrelodones la nueva licitación.
• Las empresas del sector señalan como motivos principales para recurrir que el cálculo de los costes del contrato hace inviable económicamente la prestación del servicio y no posibilita el cumplimiento del convenio colectivo de los trabajadores.
• Como consecuencia de esta demanda, los 18 trabajadores que perdieron su empleo van a seguir esperando una salida a una situación a la que se vieron abocados por la falta de previsión del equipo de gobierno de nuestro municipio.

En el recurso presentado por la Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde (ASEJA), se señalan varios motivos por lo que creen que el pliego de condiciones del nuevo contrato de mantenimiento de zonas verdes de Torrelodones no cumple con la Ley de Contratos. El primero de ellos se refiere al cálculo del IVA, ya que los letrados de esta entidad afirman que no coinciden las cifras facilitadas por el Ayuntamiento con una aclaración que solicitaron y en la que se estableció que el 40% de los trabajos son tareas de limpieza,  por tanto con un IVA del 10%, y el resto se tributa al 21%. Con esta base en el recurso se señala que hay una diferencia notable a la hora de dimensionar cuánto IVA deben facturar las empresas que quieran presentarse a la licitación.

Por otra parte también se indica por parte de ASEJA que el cálculo de los costes del contrato se ha quedado corto y no es compatible con los precios de mercado, por lo que el servicio tal como se ha licitado podría ser inviable económicamente con un claro desequilibrio entre los costes reales del servicio y el precio de licitación del contrato. Como tercer motivo para el recurso la patronal de empresas de gestión de infraestructura verde habla de problemas con la subrogación del personal de la anterior contrata, 18 trabajadores que ahora mismo están en sus casas a la espera de que se resuelva esta situación.

En su escrito dicen los recurrentes que no se ha facilitado información completa veraz y actual de los trabajadores a subrogar lo que podría redundar en una posición de ventaja para el anterior adjudicatario y, además, indican que con la información recibida las empresas interesadas en licitar tienen que poder hacer sus ofertas conociendo cuál va a ser el gasto real al que van a enfrentarse, en el supuesto de resultar adjudicatarias del mismo, algo que ahora mismo no se da.

A este respecto, el Grupo Socialista se solidariza con las trabajadoras y trabajadores de Valoriza que, tras tres meses de espera, se encuentran ahora con que este recurso va a retrasar inevitablemente su reincorporación a unos puestos de trabajo que nunca deberían haber perdido. “Compartimos absolutamente los argumentos de las personas que, a consecuencia de la ineficacia de Vecinos, han perdido su trabajo y que, ahora mismo, están sumidos en una grandísima incertidumbre”, afirma el portavoz del PSOE en Torrelodones, Rodrigo Bernal.

MUESTRA DE INEFICACIA

Como denunció el PSOE en su momento, a finales de julio finalizó el contrato firmado de mantenimiento de las zonas verdes de Torrelodones, que se firmó con Valoriza en julio de 2016 y en el que se establecía una duración de tres años y una prórroga por un ejercicio más: “desde el PSOE no podemos comprender cómo ha sido posible que se llegue a esta situación –explica Rodrigo Bernal- y nos encontremos con un servicio esencial cubierto en precario desde hace tres meses y con 18 personas en el desempleo y que, ahora, ante el recurso presentado van a tener que seguir esperando en sus casas a que se resuelva una licitación que muchos nos tememos que se va a demorar varios meses”.

Aun con la crisis del COVID-19 de por medio, el gobierno municipal de Vecinos tuvo ocho meses, desde agosto de 2019 a marzo de 2020, para diseñar un nuevo pliego y arrancar la licitación: “en su momento denunciamos que se había perdido un tiempo precioso y se ha propiciado que lleguemos a este punto, con las zonas verdes sin atender y con familias que fueron enviadas a la cola del paro de un día para otro”, apunta Rodrigo Bernal.

El primero de los puntos del Orden del Día del Pleno celebrado el 23 de junio ha sido la concesión por unanimidad del nombre de nuestro ilustre vecino y destacado jugador y entrenador, reconocido con la medalla de oro de la Federación de Rugby, Antonio Martín, al futuro campo de rugby de nuestra localidad; señalan los populares de Torrelodones.

«Con un retraso propio de la deficiente gestión e improvisación del equipo de gobierno, se ha aprobado el expediente de contratación del Coworking La Solana», continúa la nota, en la que el Grupo Popular denuncia este «innecesario retraso, la inclusión de criterios subjetivos de adjudicación por encima del 60%, que el informe de viabilidad económica está muy alejado de la realidad actual y que el seguro exigido que no cubriría ni una tercera parte del valor del edificio en caso de siniestro».

«También con retraso, se reactiva el contrato de gestión de la piscina municipal»; sin embargo, «pese a pedirlo, no recibimos información sobre la cafetería del Centro de Asuntos Sociales», critican.

«La decimoséptima modificación presupuestaria aprobada en este Pleno nos lleva a recordar que en el momento de aprobar el presupuesto el Grupo Popular ya advirtió de que, puestos a hacer un presupuesto con retraso, sería conveniente esperar unos días para poder tener en cuenta los remanentes de tesorería del año anterior y elaborar un presupuesto de verdad que incorporase la totalidad de las inversiones a desarrollar durante el ejercicio». «No se hizo así y ahora tenemos que aprobar unas inversiones que siguen siendo insuficientes y que a nadie extrañaría ya que se siguieran improvisando a lo largo del año. Las modificaciones aprobadas, no suponen ninguna aportación novedosa, sino que tan solo son inversiones para completar actuaciones previstas, mantenimiento de vías, aceras y edificios, maquinaria y señalética». Al Grupo Popular le «parece lamentable que el equipo de gobierno de Vecinos por Torrelodones tenga tan poca iniciativa».

«Si la vuelta a la normalidad se midiera por la aprobación de facturas con retraso en los Plenos, podríamos decir que Torrelodones ya ha vuelto a la normalidad», ironizan los populares. En este caso se han tenido que aprobar las facturas de la empresa concesionaria del servicio de basuras que, «pese a llevar prestando el servicio en Torrelodones desde hace más de diez años, ha encontrado dificultades para ajustarse a las condiciones del nuevo contrato». Con todo y con eso —para el PP local— «lo más preocupante no son las deficiencias administrativas, sino el lamentable estado que presentan la mayoría de los contenedores del municipio y que han llevado al concejal responsable de medio ambiente a reconocer que él ya no puede más».

Desde el Grupo Popular presentaron una moción para que el Gobierno dote al Ayuntamiento de los medios necesarios para tramitar el IMV, dado que la gestión de su tramitación se ha encomendado a los Ayuntamientos sin ofrecerles una compensación económica. «Nuevamente y como ya ocurrió cuando pedimos que se reclamasen al Gobierno las transferencias que el Estado debe al Ayuntamiento, Vecinos por Torrelodones, cuya presidenta y fundadora es jefa de gabinete del ministro Escrivá, se negó a priorizar las necesidades del Ayuntamiento sobre las prioridades que le marcan desde la ejecutiva de su partido».

Tras un largo periplo, se aprobaron las normas subsidiarias que permiten dar legalidad al edificio de Villafabriciano que se encontraba fuera de ordenación. Esta modificación de normas subsidiarias, se hace para no esperar a la aprobación del Plan general de Ordenación Urbana, que ya lleva nueve años en tramitación; aseguran los populares. «Este parece el capítulo final de una historia de despropósitos puesto que, desde Vecinos por Torrelodones se pretendía adquirir irregularmente este edificio tras un compromiso con su propietario. Tras ser advertidos de la irregularidad, diseñaron una licitación que se ajustaba exactamente al edificio, pero se hizo de forma chapucera, con los cálculos mal hechos por lo que han tenido que modificar las normas subsidiarias para que el edificio entre en ordenación», recuerdan.

Se aprueba también convenio con el Canal de Isabel II para la renovación de la red. «Su importe repercutirá durante ocho años en la factura de consumo de nuestros vecinos y supondrá un recargo en el recibo del agua de 12 céntimos por metro cúbico durante los próximos 30 años teniendo en cuenta solo las obras de la primera fase», calculan desde el PP de Torrelodones. El Grupo Popular ha pedido «que el Ayuntamiento asuma el coste de la canalización de aguas pluviales, cuyo coste no tiene relación con el consumo y no debería repercutirse en la factura».

El PP añade que se opusieron a la moción del Partido Socialista, apoyada por Vecinos por Torrelodones, que «pretende la eliminación de la zona única que garantiza la libertad de elección de centro por parte de las familias».

Para finalizar, desde el PP comentan que en el turno de ruegos y preguntas, pidieron «la posibilidad de celebrar actividades estivales de ocio para jovenes, manteniendo las debidas medidas de seguridad» y solicitaron que «se extremen las medidas de seguridad en la pista de atletismo que se mantiene abierta sin ningún tipo de control».

Fincas para banquetes en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares sin las autorizaciones preceptivas

Al parecer, en 2017 se presentó una denuncia en el Ayuntamiento de Torrelodones advirtiendo de la existencia en el municipio de una serie de fincas que carecían de autorización para celebrar bodas y banquetes, de acuerdo a la normativa de la Comunidad de Madrid vigente desde 2013. Además, los denunciantes comunicaron también la presunta irregularidad a la Jefatura de la Policía Local. Al considerar que en el Ayuntamiento los trataron con «soberbia» y que «se rieron» de ellos; ante la inacción de las autoridades municipales, presentaron la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, y fue admitida a trámite.

Al parecer, legalizar las fincas adaptándolas a las exigencias de la normativa de la Comunidad de Madrid y a la Ley del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, supone unos gastos de entre 300 y 400 mil euros, y unos trámites que pueden durar de 3 a 5 años. Los empresarios que se han adaptado a la nueva normativa consideran que las empresas que no lo han hecho y continúan operando en el sector ejercen una competencia desleal.

Algunas de las fincas que los competidores denominan «piratas», tienen licencias antiguas «pero que no las habilita para celebrar bodas y banquetes». Una de las finca de Torrelodones que celebran bodas, tiene una licencia de «aulas medioambientales»; exponen los empresarios que iniciaron la denuncia en 2017. De acuerdo a la Ley de 2013, para ejercer la actividad, se debe hacer una calificación urbanística que implica un estudio sectorizado, un trámite largo y complejo; además de obras para adaptar los accesos, etc. «No es justo que unas fincas se legalicen y otras no, es una competencia desleal tremenda», aseguran, pues «hay mucho dinero en juego».

Ahora, a instancias de la Fiscalía, en el Juzgado de Instrucción se determinará por qué razones las autoridades municipales permitieron la actividad presuntamente irregular, y se expedirá sobre la existencia o no de delitos de prevaricación por parte de la alcaldesa y su marido.

El Partido Popular ejerciendo su obligación de control y fiscalización de la acción del equipo de gobierno ha intentado infructuosamente que Vecinos por Torrelodones diese las explicaciones oportunas en sede plenaria, habiendo realizado hasta once preguntas a la Alcaldesa y al Concejal de Urbanismo. «La última respuesta recibida fue que acudiéramos a los tribunales para no hacerles perder más tiempo, cosa que hemos hecho en el día de hoy», manifiestan desde el Partido Popular torresano.

La ejecución del Túnel bajo la A6 fue adjudicada a la empresa FCC CONSTRUCCIÓN SA, habiendo sido factores determinantes el precio y el plazo de ejecución ofertados.
Una vez adjudicada la obra, en el mes de abril de 2015, un mes antes de las elecciones municipales, se firmó el acta de replanteo, y el 16 de abril se publicó el inicio de las obras.

El 20 de abril FCC CONSTRUCCIÓN SA planteó a los responsables del Ayuntamiento la necesidad de realizar un nuevo diseño y cálculo de la estructura completa del paso inferior lo que implicaba la ejecución de un túnel de características diferentes a las licitadas (proyecto modificado). «Dada la premura de las elecciones y ante la eventualidad de tener que sacar una nueva licitación el Ayuntamiento accedió a la petición de FCC de ejecutar un túnel de diferentes características a las licitadas lo que obligaba a una nueva licitación», explican los populares, sin embargo, «el Ayuntamiento, en plena campaña electoral, accedió a tramitar la modificación que en opinión de la peritación de nuestros técnicos debía suponer una baja de al menos 400.000 euros».

Es decir, continúan explicando, que «se adjudica una obra a una constructora en función de unas calidades, unos plazos y unos precios y finalmente la calidad fue inferior, el plazo no se cumplió y el precio debería haberse rebajado».

«Ante esta situación y sin haber obtenido respuestas necesarias, en el ejercicio de nuestra labor de fiscalización, hemos optado por poner en conocimiento de la fiscalía estos hechos por si fueran constitutivos de delito».

Una vez presentado este escrito a la fiscalía, desde el Partido Popular quieren «manifestar nuestro respeto a la presunción de inocencia, nuestra confianza en la labor de la Justicia y nuestra firme determinación de continuar ejerciendo la obligación de control y fiscalización de la labor del equipo de gobierno que es lo que esperan de nosotros nuestros convecinos de Torrelodones, pese a las campañas que el equipo de gobierno trata de montar en nuestra contra».

«Desde el año 2015 en que entró a gobernar este Ayuntamiento Vecinos por Torrelodones con mayoría absoluta, apenas se han acometido obras de envergadura en infraestructuras necesarias para nuestro municipio, que han sido reclamadas tanto por la población como por los partidos políticos en la oposición», comienza criticando Confluencia. «No nos cansaremos de hablar del cuarto colegio que rechazó la Alcaldesa a pesar de que ya lo había aprobado la Comunidad de Madrid y que Confluencia Ciudadana ha demandado en infinidad de ocasiones, por ser una necesidad imperiosa en un pueblo como el nuestro en el que la población infantil es muy elevada y las predicciones apuntan a que crecerá en los próximos años», recuerdan. «No nos olvidamos tampoco del aparcamiento de la calle Real, el aparcamiento de la estación y el intercambiador que hemos propuesto insistentemente», añaden.

«La única obra ejecutada y que tanto anunciaron y muestran como su buque insignia es el paso inferior realizado junto al Centro Comercial, obra de obligado cumplimiento que correspondía ejecutar a los promotores del Área Homogénea Sur a coste cero para el Ayuntamiento, (aunque al final el Ayuntamiento pagó una cantidad nada desdeñable) y que por desgracia no se ha sabido aprovechar por parte del equipo de gobierno para que, además, se eliminaran los atascos que se sufren en la Rotonda del Dedo Gordo, como hubiera sido deseable y como les sugerimos incansablemente presentando el proyecto; aunque  es evidente que no nos escucharon», continúa la nota de Confluencia Ciudadana.

Respecto a las «sospechas» aludidas, desde Confluencia aseguran que esta obra «trajo consigo una situación peculiar porque una vez que se otorgó el contrato a la empresa que había ganado el concurso, ésta modificó sustancialmente la ejecución de la misma con el beneplácito del equipo de gobierno que tenía mucha prisa por anunciar el inicio de las obras de cara a las elecciones que estaban a la vuelta de la esquina. La modificación que propuso la empresa constructora no incrementaba el coste para el Ayuntamiento, pero sí podía suponer un ahorro para esta empresa que no iba a repercutir ni en las arcas municipales ni en el bolsillo del contribuyente».

Para Confluencia, «el hecho de que estas cosas ocurran, y se consientan, es como poco, sospechoso y crea multitud de dudas y preguntas que el equipo de gobierno no es capaz de responder».

Sobre la otra gran obra que les genera sospechas, manifiestan: «es la otra joya de la corona que Vecinos por Torrelodones presenta como su gran aportación a nuestro municipio es el nuevo campo de rugby, que si bien desde el principio ha sido muy criticado por no cumplir con las dimensiones necesarias para que se puedan llevar a cabo todo tipo de competiciones y campeonatos a pesar de superar los 2 millones de euros de coste (ya que algunas categorías tendrán que seguir jugando sus torneos y partidos en otros municipios, porque el nuevo campo no cumple con las medidas reglamentarias), se da además la paradoja de que vuelve a ocurrir lo mismo que ya pasó con el paso inferior. Es decir, se adjudica la obra en base a un proyecto. Una vez adjudicada y tras el acta de replanteo, se descubre que no se puede realizar la obra y que hay que hacer un proyecto nuevo, y es la propia empresa adjudicataria la que modifica sustancialmente la ejecución de las obras  porque un estudio geotécnico que ellos mismos han encargado, les dice que en ese terreno no se puede llevar a cabo la construcción como se había acordado y aceptado al firmar el contrato».

En este otro caso, para Confluencia «De nuevo surgen dudas, preguntas y sospechas».

Desde el grupo Confluencia Ciudadana aseguran que ellos solicitaron en reiteradas ocasiones el informe que «se supone debería haber redactado el técnico correspondiente sobre la idoneidad del terreno elegido para la construcción del campo de rugby», y afirman que «siempre se nos denegó, llegando a decirnos que no nos lo podían dar porque ese informe sencillamente no existía».

«¿Cómo es posible que las dos únicas obras de importancia que ha llevado a cabo este equipo de gobierno se topen con la misma dificultad? ¿No se hacen los estudios correspondientes previos? ¿Se consiente sin más que la empresa adapte las obras a su propio interés? ¿Cuánto dinero se ahorra la empresa adjudicataria de una y otra obra con estas modificaciones? ¿Quién se beneficia con estos cambios?», se preguntan desde Confluencia.

«La decisión de consentir con los cambios que propone la empresa contratada la toma el equipo de gobierno exclusivamente en Junta de Gobierno y a la oposición nos lo cuentan una vez que lo han aprobado», señalan.

«En definitiva, nos encontramos con un pleno, y no precisamente el de la Corporación, sino con un pleno de aciertos, porque de dos obras, las dos presentan modificaciones por parte de la empresa, que Vecinos por Torrelodones acepta, o bien por ignorancia, o bien por dejadez, o bien por otros intereses que desconocemos», acusan.

Con lo cual, en estos momentos, «las obras del tan cacareado campo de rugby están suspendidas temporalmente».

Para Confluencia es otro «estrepitoso fracaso» de la gestión de Vecinos por Torrelodones que «acometen obras mal planeadas, sin visión de futuro, de coste elevadísimo y que pone en manos de empresas particulares que ejecutan las obras en su propio interés a costa del bolsillo de los ciudadanos».

El Juzgado de Instrucción Nº 2 de Collado Villalba ha incoado diligencias previas tras la denuncia interpuesta por el Grupo Municipal Confluencia Ciudadana de Torrelodones contra el Equipo de Gobierno de Vecinos por Torrelodones, al entender ese Juzgado que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».

Una nueva causa penal se podría sumar en los Juzgados de Villalba contra la Alcaldesa de Torrelodones y su marido, el Concejal de Urbanismo; donde la regidora comparece en calidad de «investigada» por un presunto delito de prevaricación, en la adquisición de un inmueble para ser utilizado como biblioteca.

En esta oportunidad, según los denunciantes, la Junta de Gobierno municipal habría permitido durante años a una empresa de vending, instalar máquinas expendedoras en edificios públicos, sin mediar contrato ni concesión, con lo que «han frustrado el ingreso en las arcas municipales de los caudales exigidos, haciéndose además cargo el Ayuntamiento de los gastos generados, en beneficio de un tercero y en detrimento del interés general».

El día 5 de marzo de 2018, el Grupo Municipal Confluencia Ciudadana presentó en los Juzgados de Collado Villalba denuncia contra los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones, esto es, contra la Alcaldesa Elena Biurrun y siete concejales del equipo de gobierno de Vecinos por Torrelodones.

El día 17 de abril, se ha notificado a Confluencia Ciudadana Auto de 4 de abril de 2018 del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Collado Villalba, por el que se acuerda incoar diligencias previas y dar parte de incoación al Ministerio Fiscal, porque los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.

Los denunciantes explican que el día 8 de noviembre de 2017, solicitaron por Registro, copia de los contratos y concesiones con las empresas suministradoras de las máquinas expendedoras de café, refrescos y aperitivos instaladas en edificios municipales.

«No obtuvimos respuesta hasta el 22 de diciembre de 2017, en la que nos informaron de que “estas máquinas están instaladas sin ningún tipo de contrato o convenio”», aseguran.

«A la vista de la contestación del Ayuntamiento de Torrelodones, y ante la falta de contratos y/o concesiones con las empresas titulares de las máquinas expendedoras, solicitamos copia de los documentos en los que constasen los ingresos recibidos por el Ayuntamiento por la utilización privativa del dominio público local por la instalación de máquinas expendedoras en edificios públicos», continúan relatando. La respuesta fue que “este Ayuntamiento no percibe un solo ingreso por este concepto”, afirman.

Dada la irregularidad de esta situación, la portavoz de Confluencia en el Ayuntamiento solicitó en el Pleno celebrado el día 16 de enero de 2018 que se llevaran a cabo las acciones pertinentes para que esta situación fuera subsanada y se suscribiera un contrato previa licitación.

«Vecinos por Torrelodones viene permitiendo desde hace años que los propietarios de las máquinas expendedoras no paguen la tasa exigida por la utilización de espacios en los edificios municipales, con el agravante de que la instalación de las máquinas genera costes por suministro municipal de electricidad y agua», denuncian desde Confluencia Ciudana.

Los anteriores hechos, que Confluencia Ciudadana ha puesto en conocimiento de la Justicia por su gravedad, van a ser investigados a fin de determinar su naturaleza y circunstancias, así como las personas que en ellos hayan participado.

Los denunciantes recuerdan que no es la primera vez que Confluencia Ciudadana advierte al equipo de gobierno de Vecinos por Torrelodones —que gobierna con mayoría absoluta— de irregularidades que se deberían evitar o subsanar, como ya ocurrió con el caso de Villa Fabriciano, sobre el cual insistieron en las irregularidades que presentaba el edificio con relación a las Normas Subsidiarias; cuestión que finalmente los ha llevado a los tribunales por la querella de un particular, donde la alcaldesa está siendo investigada por presunta prevaricación; causa en la que también se involucra al Concejal de Urbanismo —su marido— y dos técnicos municipales.

«Esta vez el presunto delito es de malversación de caudales públicos, salvo mejor calificación a la luz del resultado de la investigación judicial, puesto que los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones (VxT) han frustrado el ingreso en las arcas municipales de los caudales exigidos, haciéndose además cargo el Ayuntamiento de los gastos generados, en beneficio de un tercero y en detrimento del interés general», expresan desde Confluencia Ciudadana para finalizar.