El Ayuntamiento de Torrelodones anuncia que comenzará el plazo para la Concesión Demanial por procedimiento abierto del Parque de Aventuras (tirolinas) del Parque JH. El precio base de licitación es de 7.000 euros anuales al alza. La duración de la concesión será de 6 años, prorrogables por 3 años más.

El Pleno, con los votos en contra de acTÚa y el PP, rechazó la propuesta de VxT. Si bien tanto el Grupo Municipal acTÚa, como el Grupo Popular, manifestaron su interés en recuperar, conservar y proteger el embalse, basaron su voto en contra, entre otros motivos, en que el coste de esa inversión —400 mil euros según el Equipo de Gobierno y entre 1 y 2 millones según estimaciones de acTÚa— debe ser asumido por la Confederación Hidrográfica del Tajo, que por ley es responsable de la conservación y mantenimiento al estar en liquidación la empresa concesionaria, y no debería ser pagada por todos los ciudadanos de Torrelodones

El Pleno del Ayuntamiento rechazó ayer aprobar modificación de crédito solicitada por el Equipo de Gobierno para firmar un acuerdo con los propietarios de la Presa (una empresa en periodo de liquidación) por el que mediante la condonación de 13.600 euros de deuda a la propiedad, el Ayuntamiento de Torrelodones sería propietario de los terrenos colindantes y la antigua depuradora, y asumiría  la concesión del embalse, adquiriendo también la responsabilidad de invertir unos 385.000 euros para su seguridad. La inversión, que se realizaría en varios años, tendría por objeto además seguir y controlar la lámina de agua, hacer un plan de emergencias, y acometer medidas recogidas en los informes de 2007 y de 2012 para que el embalse «quede en seguridad». «Creemos que es muy importante no hablar de competencias sino de incumbencias», expresó el Concejal de Urbanismo y Medio ambiente, debido a que el embalse es responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

El portavoz de acTÚa, Rubén Díaz, expresó durante su intervención que a su grupo municipal «le parece muy interesante la idea planteada desde el Equipo de Gobierno», pero entiende que no es el momento más adecuado y no se dan las circunstancias. «El Equipo de Gobierno plantea una modificación presupuestaria de 13.600 euros. Si tan solo fuese este el coste que tuviera que asumir el Ayuntamiento, apoyaríamos la propuesta sin ningún género de dudas, pero esto no es así», expresó Rubén Díaz. El Equipo de Gobierno estimó las labores que hay que acometer en unos 400 mil euros para la puesta a punto de la presa, pero un experto colaborador del Grupo Municipal acTÚa, tras estudiar la presa, calculó que el coste oscilaría entre 1 y 2 millones de euros. Que ellos hagan la inversión, y negociemos.

El portavoz de acTÚa leyó el artículo 35.3 de la Orden de 12 de marzo de 1996 por la que se aprueba el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, de aplicación en este caso, en el que se especifica que 35.3 «Las presas abandonadas cuyo titular sea desconocido o insolvente serán reconocidas por el organismo de cuenca, quien lo comunicará al órgano que realice las funciones de vigilancia e inspección de seguridad de presas; este órgano, una vez recibida dicha comunicación, propondrá al organismo de cuenca los trabajos necesarios para su puesta fuera de servicio. El organismo de cuenca realizará el proyecto y ejecutará las obras a que se refieren los apartados anteriores».

«Por tanto, es la Confederación Hidrográfica del Tajo, quien tiene que hacerse cargo en este suceso», expresó el portavoz. Propone que se llegue a un acuerdo, para que sea ese organismo el que «asuma las responsabilidades que le competen». Y, si como se asegura hay riesgo para la seguridad, acTÚa «insta al Equipo de Gobierno para que notifique con urgencia prioritaria a los organismos competentes». Además, considera que «debemos exigir a la administración competente, la conservación del espacio natural, dado que es de alto valor ecológico y ambiental».

Considera acTÚa que en un momento de crisis como el actual, cuando el Ayuntamiento no está en condiciones de hacerse cargo de los servicios básicos, no debería ser este quien pague la puesta a punto de la presa, sino el organismo competente, que es la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Por su parte, el Portavoz del Partido Popular, Javier Laorden, explicó de manera abundante los motivos del voto en contra de su grupo. «Entiendo que lo que estamos intentando adquirir es la propiedad de la finca sobre la que se sitúa el embalse de Los Peñascales. Pero la presa de Peñascales está dentro de una concesión administrativa son los terrenos colindantes a la presa de Peñascales y la antigua depuradora». Y a continuación planteó varios interrogantes «¿Tiene la CAM derecho de tanteo y retracto? En tal caso hemos comunicado a la CAM la intención de adquirir un bien sobre el que tienen ese derecho». «Estamos adquiriendo una propiedad a una sociedad en proceso de liquidación, lo que significa que hay un liquidador inscripto en el Registro Mercantil, y los antiguos administradores han sido cesados. Los antiguos propietarios ya tienen poco que decir, y ahora hay que entenderse con el liquidador, y cuando les oigo hablar «que vamos a negociar con los antiguos propietarios, es algo que jurídicamente me sorprende, pues en aquella empresa que está en periodo de liquidación, se sustituyen los administradores por un liquidador que asume todas las funciones propias de los administradores. Y el liquidador tiene la obligación, pues cumple una función pública, de velar por la integridad del patrimonio social de aquello que está liquidando. Me sorprende encontrar afirmaciones tales como «el importe por el que pretendemos adquirir la presa, se encuentra muy por debajo de la valoración realizada por el arquitecto municipal». Si de esto se enterase el liquidador… que pretendemos adquirir algo que vale mucho por poco, se puede encontrar con responsabilidades el liquidador. Nos podemos preguntar si estamos adquiriendo el embalse, y la respuesta es: no. El embalse está sujeto a una concesión administrativa, que en su momento tendremos que ver qué hacemos con esa concesión».

«Estamos ante el inicio de algo más complejo que la adquisición de unos terrenos, estamos ante el inicio de que el Ayuntamiento pretenda coger la concesión que tenía la sociedad en liquidación asumir todas las responsabilidades y consecuencias derivadas de esa concesión», añadió Laorden.

«Todos consideramos que es un bien, del que es importante y que merece ser protegido y conservado. En esto estamos todos de acuerdo. Sin embargo, en lo que no estamos de acuerdo, es en «quién debe pagar esto»».

«Estamos de acuerdo en regularizar la situación del embalse de los Peñascales y en que se lleven a cabo las acciones necesarias para su recuperación, mantenimiento y conservación. Sin embargo, no entendemos por qué lo tenemos que pagar nosotros, y no los obligados a ello. Vamos a asumir el pago de algo que no es competencia del Ayuntamiento, sino de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Estamos asumiendo el coste y mantenimiento de una inversión que no es competencia nuestra, pero que tendremos pagar y que repercutir en los vecinos, que son los que tendrán que pagarlo».

«No nos oponemos a la mejora y utilización de la presa, pero sí nos oponemos a que lo paguen todos los vecinos de Torrelodones, cuando hay alguien que es el responsable de hacer frente a la degradación que se ha producido en la presa de Torrelodones».

Nota del Ayuntamiento

El Equipo de Gobierno, publicó hoy en la página web municipal, una nota explicando desde su punto de vista sobre el rechazo de la propuesta, bajo el título: «El Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones rechaza hacerse cargo del embalse de Peñascales»

El primer párrafo expresa «Los once concejales de los grupos del Partido Popular y de Actúa rechazaron la propuesta del equipo de gobierno de dedicar 13.600 euros del presupuesto municipal para su adquisición».

Y luego continúa: «La propuesta incluía también el compromiso municipal de realizar una inversión mínima de 235.000 euros a lo largo de los próximos años para garantizar la seguridad del embalse y hacerse cargo de la concesión de aguas».

El equipo de gobierno, que había llegado a un acuerdo con los responsables de la empresa propietaria del embalse, quienes manifestaron la imposibilidad jurídica y económica de poder realizar las labores de conservación por estar la empresa en las últimas fases de un periodo de liquidación, fueron incapaces de sacar adelante la propuesta pese al apoyo del PSOE», añade.

«La alcaldesa, Elena Biurrun, ha declarado que continuará trabajando con todas las administraciones tanto para garantizar la seguridad de la presa, en muy mal estado tras tantos años de abandono, como para lograr que una zona de alto valor medioambiental pase a formar parte del patrimonio de todos los vecinos, para que puedan disfrutar de ella», finaliza la nota municipal.

La concesión será por un plazo de 5 años no renovables. El quiosco tiene una superficie construida de 25,13 metros cuadrados y una superficie útil de 22,40 metros. Tiene un aseo, con saneamientos y acometidas de agua. Solamente podrán desarrollarse actividades de comercio o servicios y está expresamente prohibida la colocación de sillas o mesas en el exterior.

El fecha límite para presentar una propuesta a la licitación caduca a los 30 días naturales de la publicación en el B.O.C.M., publicación que se realizó el pasado 10 de diciembre. En el siguiente enlace se puede acceder al Boletín correspondiente. Para ver el pliego de Cláusulas administrativas clic aquí.

Los criterios de valoración son:

1) Canon de la concesión: a este apartado se otorgará hasta un máximo de 60 puntos. Se fija un canon inicial, al alza, de 1.026 euros anuales. La máxima puntuación se otorgará a la oferta más alta por sobre este valor.

2) Proyecto de explotación: a este apartado se otorgará hasta un máximo de 40 puntos.

El pasado día 20 el Grupo Municipal del Partido Popular de Torrelodones, presentó Recurso de Reposición frente al Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones, de fecha 20 de marzo de 2012 (adoptada en su sesión número 9/12) por la que se adjudica el “EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN, DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, ASÍ COMO DE LAS ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD Y LAS ACCIONES PROMOCIONALES NECESARIAS QUE CONSIDERE NECESARIO LLEVAR A CABO EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (EC 12/11): ADJUDICACIÓN” a D. Francisco José Martínez Alonso.

“Una vez examinadas las actas de la mesa de contratación hemos observado una serie de posibles irregularidades en la concesión del concurso. Estamos a la espera de que los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento decidan sobre el mismo”, comunicaron los Populares de Torrelodones en su Newsletter semanal.

El Partido Popular basa su argumentación en que aunque fueron dos empresas las que se presentaron a la licitación, el contrato fue concedido de manera irregular, a una persona física, que de hecho no aparece como licitador, sino como socio de una de las empresas.

La Comunidad de Bienes “Idea Hotel”, fue una de las licitadoras, y presentó la documentación preceptiva, identificándose en todo momento como “Idea Hotel, C.B.”. Pero finalmente, el contrato fue adjudicado por la Mesa de Contratación, a uno de los socios de la mencionada Comunidad de Bienes. Es decir, a una persona física que no licitó en ningún momento, afirman los recurrentes.

En el escrito de 8 paginas presentado, los populares consideran que el Ayuntamiento, al percatarse de que las Comunidades de Bienes no tienen capacidad para contratar con las Administraciones Públicas, recondujo la situación de forma irregular adjudicando el contrato por importe de 42.000 € IVA excluido, a D. Francisco José Martínez Alonso, socio de Idea Hotel, C.B.

“El acto de la Junta de Gobierno de 20 de marzo de 2012 por el que se adjudica el contrato a D. Francisco Martínez Alonso es contrario al Ordenamiento Jurídico (art. 63 Ley 30/1992) por haberse adjudicado a una persona que no ha participado en el correspondiente procedimiento de licitación y porque el Ayuntamiento debió inadmitir en todo caso la proposición presentada por Idea Hotel, CB, en la medida en que las comunidades de bienes no tienen capacidad para contratar con las Administraciones Públicas”, argumentan los populares.

En el Recurso presentado, se esgrime además que “no es la única irregularidad cometida en el presente caso, dado que la actuación administrativa contraria a Derecho se inició nada más procederse a la apertura del sobre A. En efecto, la Mesa debería haber inadmitido la proposición presentada por Idea Hotel, en la medida en que es claro y no produce ningún género de dudas, que las comunidades de bienes no tienen capacidad para contratar con las Administraciones Públicas”.

“Sin embargo, como puede comprobarse de la documentación obrante en el expediente, es obvio que el Ayuntamiento ha hecho todo lo posible por mantener la citada oferta, y lejos de inadmitirla, ha optado por convertir una oferta de una comunidad de bienes, en una oferta realizada por uno de sus socios (D. Francisco), con la única finalidad de que ésta no fuera inadmitida”, se asegura en el documento.

En su escrito, el Partido Popular considera que lo que ha ocurrido “es que el Ayuntamiento ha reconducido la situación de forma irregular, dado que el licitador es claramente la Comunidad de Bienes Idea Hotel y no D. Francisco José Martínez Alonso, por lo tanto se debió inadmitir la propuesta de IDEA HOTEL CB por falta de capacidad, y haberse adjudicado el contrato a la mejor oferta (una vez excluida la de Idea Hotel CB)”.

La contratación de una Agencia de Comunicación, fue uno de los puntos más polémicos del Presupuesto 2012 aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el pasado 29 de noviembre, gracias al voto de calidad de la Alcaldesa. En Aquella oportunidad, el portavoz del Partido Popular, Javier Laorden manifestó que “no es prioritario contratar una Agencia de Comunicación externa”, y consideró “demagogia” que “después de eliminar cargos de confianza se contrate una Agencia de Comunicación” (ver nota). Por otra parte, el grupo municipal acTÚa, que se abstuvo en la votación, se mostró “totalmente contrario a determinadas propuestas presentadas por el equipo de gobierno”, entre las que enumeró “el gasto de 70.000 euros en la agencia de comunicación y retransmisión de plenos” (ver nota).