Durante el Pleno del Ayuntamiento del pasado jueves 16 de mayo, el concejal de Urbanismo de Torrelodones explicó las razones de la dilación en la tramitación del proyecto para la construcción del aparcamiento en la estación RENFE de Torrelodones.

«La Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid aprobó el 25 de abril pasado la modificación puntual de las normas subsidiarias de Torrelodones sobre el cambio de calificación de dos parcelas municipales de uso residencial. Se trata de las dos parcelas de la calle Manuel Pardo, 7, en La Colonia», informan desde el Consistorio. Con esta  modificación «pasan de ser de uso residencial a convertirse para su utilización como aparcamiento público y ordenanza dotacional», algo necesario para construir el  aparcamiento en la estación de Cercanías. 

Esta aprobación se produce una vez que ADIF informara favorablemente el mes pasado a la propuesta de aparcamiento y confirmar que no resultará afectado en el estudio de duplicación de la línea Madrid-Hendaya, tal y como le había solicitado el Ayuntamiento de Torrelodones. 

«La falta del documento de ADIF ha motivado los retrasos en la aprobación definitiva para la recalificación del suelo donde tiene que acometerse la obra del aparcamiento de la estación», así lo ha recordado en el Pleno el concejal de Urbanismo, Antonio Iraizoz, al responder una pregunta del Grupo municipal socialista relativa al aparcamiento.

La tramitación continúa, y el concejal también ha recordado que «la Comunidad de Madrid tiene ahora que realizar un nuevo estudio sobre el coste y valoración de la obra»; y que el aparcamiento «es competencia de dos consejerías: por un lado, la de Transportes, al ser un parking intermodal; y por otro, la de Presidencia, al ser un proyecto dado de alta en abril de 2019 e incluido en el PIR supramunicipal de la Comunidad».

Fincas para banquetes en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares sin las autorizaciones preceptivas

Al parecer, en 2017 se presentó una denuncia en el Ayuntamiento de Torrelodones advirtiendo de la existencia en el municipio de una serie de fincas que carecían de autorización para celebrar bodas y banquetes, de acuerdo a la normativa de la Comunidad de Madrid vigente desde 2013. Además, los denunciantes comunicaron también la presunta irregularidad a la Jefatura de la Policía Local. Al considerar que en el Ayuntamiento los trataron con «soberbia» y que «se rieron» de ellos; ante la inacción de las autoridades municipales, presentaron la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, y fue admitida a trámite.

Al parecer, legalizar las fincas adaptándolas a las exigencias de la normativa de la Comunidad de Madrid y a la Ley del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, supone unos gastos de entre 300 y 400 mil euros, y unos trámites que pueden durar de 3 a 5 años. Los empresarios que se han adaptado a la nueva normativa consideran que las empresas que no lo han hecho y continúan operando en el sector ejercen una competencia desleal.

Algunas de las fincas que los competidores denominan «piratas», tienen licencias antiguas «pero que no las habilita para celebrar bodas y banquetes». Una de las finca de Torrelodones que celebran bodas, tiene una licencia de «aulas medioambientales»; exponen los empresarios que iniciaron la denuncia en 2017. De acuerdo a la Ley de 2013, para ejercer la actividad, se debe hacer una calificación urbanística que implica un estudio sectorizado, un trámite largo y complejo; además de obras para adaptar los accesos, etc. «No es justo que unas fincas se legalicen y otras no, es una competencia desleal tremenda», aseguran, pues «hay mucho dinero en juego».

Ahora, a instancias de la Fiscalía, en el Juzgado de Instrucción se determinará por qué razones las autoridades municipales permitieron la actividad presuntamente irregular, y se expedirá sobre la existencia o no de delitos de prevaricación por parte de la alcaldesa y su marido.

Se refieren por ejemplo a la cancelación del evento Torreprimavera, afirmando que «el caciquismo del concejal de Urbanismo castiga a empresarios de Torrelodones; pero él es intocable. Es uno de los concejales de «primera clase» y el protegido de la Alcaldesa».

«Que en el Equipo de Gobierno de Vecinos por Torrelodones hay concejales de primera y de segunda clase no es una suposición o sensación. Las delegaciones de atribuciones que realiza la Sra. Alcaldesa, están bien definidas, como podemos ver en la última «distribución de poderes» publicada en el BOCM del pasado 5 de abril», explican desde el PP.

En base lo anterior, los populares afirman que en Vecinos por Torrelodones hay concejales con plenas facultades (oficialmente denominadas «Delegaciones genéricas») que pueden tranquilamente cometer arbitrariedades, y otros a los que no se les da la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros; «o sea, que ni pinchan ni cortan por sí solos». De estos últimos —»concejales de segunda»—; «si alguno de los otros se mueve más de lo previsto, sale de la concejalía de turno; como ya hemos visto en dos casos durante esta legislatura», recuerdan.

Entre los «todopoderosos» está el concejal de Urbanismo, dicen los populares, y afirman que «como se ha podido comprobar» recientemente «una pataleta» provocada por un enfrentamiento con la presidenta del centro comercial donde se iba a realizar una acción promocional del comercio local, «le ha llevado a retirar el apoyo económico comprometido con Torrempresarial».

El evento «Torreprimavera», que «tan solo pretendía dinamizar un comercio que vive sus momentos más bajos, con locales cerrados gracias a la inefable labor del concejal de Urbanismo y marido de la Alcaldesa, ha tenido que cancelarse al no disponer de la subvención de alrededor de 5.000 euros, comprometida por el Ayuntamiento», añaden desde el PP.

La preparación de «Torreprimavera» ha conllevado gastos, trabajo, esfuerzo y dedicación de los empresarios; «asuntos que no tienen ningún valor para el Sr. Fernández, que no duda en utilizar su poder absoluto para cometer arbitrariedades que afectan a muchos, sin que nadie les pueda poner coto», continúa el artículo de opinión de los populares.

Asimismo recuerdan que no es este el primer enfrentamiento que tiene el concejal de Urbanismo con el comercio de la localidad. «Hace apenas unos meses —tras realizar unas obras inútiles, pintar de colorines aceras, vías y pasos de peatones, y eliminar en el camino más de doscientas plazas de aparcamiento—; el Sr. Fernández tuvo un encontronazo con comerciantes que buscaban defender su puesto de trabajo. En esa oportunidad, el concejal les obsequió con su inestimable sabiduría, al aconsejarles que “cambiaran de negocio o de zona”».

Desde su artículo el PP local afirma que esta distribución de poderes «tiene nefastas consecuencias para los torresanos», ya que «En cualquier otro municipio, las decisiones de este concejal le hubiesen costado el puesto; pero en Torrelodones, es el protegido de la Alcaldesa».

El edil esta vez se ha enfrentado a la Comunidad de Propietarios del Centro Comercial el Zoco que se encuentra en el Camino de Valladolid nº 33, a raíz de la colocación de una barrera para regular el acceso al parking privado del centro comercial.

Las «formas autoritarias» descritas en otras ocasiones por asociaciones de comerciantes, protectoras de animales, trabajadores municipales o urbanizaciones del municipio, se ven reflejadas también en este nuevo conflicto.

El pasado viernes, el concejal de Urbanismo junto al aparejador municipal y dos policías municipales irrumpieron en la Peluquería Unisex Algas de el Zoco, cuya propietaria —Sonia— ostenta la presidencia de la comunidad de propietarios de ese centro comercial.

El concejal y su séquito, en una pequeña recepción contigua al salón de peluquería, empleando éste maneras que Sonia considera autoritarias, en presencia de los clientes ordenó dejar permanentemente abierta la barrera por «no tener licencia». Sonia considera que el centro sí cuenta autorización para la instalación de la barrera y se opuso a la orden que parecía arbitraria. Han presentado solicitudes, documentación que prueba que el aparcamiento es privado y han pagado las tasas preceptivas; todo ello seguido de un silencio administrativo de meses.

El lugar, las circunstancias, las formas y las frases empleadas por la autoridad municipal, podrían considerarse cuanto menos intimidatorias, sino amenazantes.

Sonia, que considera que la Ley está de su parte —la conoce bien, pues es licenciada en derecho y su marido abogado— no se ha dejado amedrentar, y decidió poner los hechos que ha considerado como posibles coacciones o amenazas, en conocimiento de la Benemérita.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes; y el lunes de esta semana, desde los medios de comunicación municipales anunciaban que «El Ayuntamiento estudia demandar a la presidenta de la asociación El Zoco por denuncia falsa». Este modus operandi ya lo hemos visto. Como en otras oportunidades, la nota municipal comunicando la versión oficial de lo acontecido viene acompañada de lo que parecen ser «Informes técnicos» encargados ad-hoc y de urgencia a los funcionarios, para justificar a posteriori las decisiones arbitrariamente impuestas por el responsable político.

Las consecuencias de enfrentarse a este concejal de pueblo con aires imperiales no se han hecho esperar: Hoy miércoles, la asociación de empresarios Torrempresarial anunció con pesar y decepción la cancelación del evento «Torreprimavera» que se iba a llevar a cabo el 21 y 22 de abril en el Centro Comercial el Zoco. El motivo «es únicamente la retirada del apoyo económico al mismo, previamente asegurado por el Ayuntamiento», informan los empresarios. Las razones se han trasmitido verbalmente al presidente de Torrempresarial, y remiten «al comunicado y a los informes trasladados a través de la página web del Ayuntamiento», relacionados con la denuncia del concejal. «Razones que no nos satisfacen en absoluto», expresan desde el sitio web de Torrempresarial.

Esta retirada del apoyo económico al evento que se iba a celebrar dentro de pocos días en el Zoco, en nuestra opinión, no hace más que confirmar que la sensación de «coacciones y amenazas» denunciada, tenía fundamento.

Antecedentes

Desde hace décadas un cartel en el acceso al aparcamiento de El Zoco indica que las plazas son para uso exclusivo de los clientes de los locales. Sonia relata que a ellos no les molestaba que algunas personas aparcaran para ir al estanco, al veterinario o a otros establecimientos fuera de El Zoco durante un rato. No obstante, muchos utilizaban las plazas dejando su coche durante todo el día, y en ocasiones, durante varios días. «Esto nos ha traído muchos problemas. Aquí ha habido peleas que llegaron a las manos y hasta juicio, por una plaza de aparcamiento», comentó.

Con el agravamiento de los problemas de aparcamiento en el pueblo tras la eliminación de plazas sufridas por las actuaciones urbanísticas del gobierno municipal, la ocupación masiva del parking por usuarios ajenos al centro comercial se transformó en un trastorno para los clientes de El Zoco, que no podían aparcar.

Dos solicitudes para instalar una barrera sin respuesta del Ayuntamiento

De acuerdo a la documentación a la que ha accedido Torrelodones.info, los hechos sucedieron de la siguiente manera:

Con fecha 3 de junio de 2016, el Zoco solicitó formalmente al Ayuntamiento, regular el uso de las plazas de aparcamiento instalando una barrera automática (Ver instancia de solicitud presentada).

La solicitud fue acompañada de un plano expedido por el Ayuntamiento de la ubicación de las plazas, así como de un documento expedido por el Registro de la Propiedad de Torrelodones donde se describe la propiedad y en el que textualmente dice: «…en la zona común se encuentran ubicadas treinta y nueve plazas de aparcamiento de uso común para todos los locales comerciales del Zoco» (Ver documento Registro de la Propiedad).

Con fecha 17 de noviembre de 2016 el Zoco presentó una nueva instancia solicitando textualmente «licencia para colocar una barrera automática en el aparcamiento del centro comercial» (Ver instancia 17-11-2016). Acompañaron la solicitud de un presupuesto por la instalación de la barrera; así como del comprobante del ingreso del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO); documento en el que consta que el Ayuntamiento ha calificado como un «Acto Comunicado» la instalación de una barrera en el aparcamiento del Zoco (Ver documento pago ICIO 17-11-2016).

Puesto que en el caso de los actos comunicados las obras pueden iniciarse transcurridos 15 días desde su comunicación, transcurridos varios meses sin obtener respuesta por parte del Ayuntamiento a las solicitudes,  parece razonable que los propietarios del Zoco consideraran el silencio administrativo en sentido positivo, con más razón, tratándose de una instalación que no requiere ningún estudio técnico.

Por tanto, consideraron estar ejerciendo sus legítimos derechos al pretender regular el acceso a su zona de aparcamiento privada, y considerándose autorizados por silencio administrativo, instalaron la barrera el día viernes, para que comenzara a funcionar de inmediato.

La visita del Concejal, el Técnico de Urbanismo y la Policía Municipal a la peluquería de Sonia

Al parecer, enterados en el Ayuntamiento de la puesta en marcha de la barrera, en primer lugar se personó en la peluquería de la presidenta de la Comunidad el Aparejador Municipal, exigiendo que «se abriese ya» la barrera porque «no tenéis licencia».

Al alegar Sonia que sí tenían, «que habían pagado la tasa hacía meses y se habían acogido al silencio administrativo», según la presidenta del Zoco el técnico respondió: «tu tienes licencia para instalar la barrera, pero no para cerrarla». «¿Para qué me dan licencia para instalar algo que no voy a poder utilizar?», se preguntaba Sonia. El técnico le dijo que no iba a discutir con ella, añadiendo: «voy a llamar ahora mismo a la Policía, y verás si no levantas la barrera», según la propia Sonia.

La Policía llegó al momento y levantó un acta e hizo algunas fotografías. En el acta, hemos podido comprobar que no dice en ningún momento que deba levantarse la barrera.

Poco más tarde el Concejal de Urbanismo, el aparejador municipal, y dos policías municipales, se encontraban en la pequeña recepción de la peluquería.

«El problema son las formas y las maneras en la que vino este señor a mi negocio, con clientes delante», nos comentó Sonia, que considera que podría haberla citado en su despacho, en el lugar donde está la barrera, o en la calle.

En la denuncia presentada ante la Guardia Civil, constan algunas frases que proferidas por el técnico de urbanismo, del tipo: «ahora mismo levantas esa barrera, ya», o la sentencia del concejal, que le dice que suba la barrera porque carece de autorización y finalmente añade «y jamás te la vamos a dar».

No es necesario remitirnos a la denuncia para advertir el tono autoritario empleado, careciendo de argumentos legales. El propio «Informe Interno» de la Policía Local dice que «Que el Sr. Concejal de Urbanismo manifiesta que efectivamente no ha sido respondida dicha solicitud realizada el año pasado y asume toda la responsabilidad por dicho hecho pero que aún así, no se va a proceder a otorgar ninguna autorización para realizar dicha obra…». Solo le faltó añadir «porque lo digo yo» o alguna frase similar.

Esta situación seguramente continúe, y desde la presidencia de el Zoco, convencidos de que les ampara la Ley, están dispuestos a continuar hasta cualquier instancia legal.

Mientras tanto, posiblemente el Zoco comience a sufrir otros episodios —como la cancelación del evento Torreprimavera—, simplemente por no haberse doblegado a la voluntad de este concejal de pueblo, que amparado por su mujer, la Alcaldesa, parece tener aires de emperador. Una colectivo más que se suma al grupo de los marginados por no bailar el agua al mediático equipo de gobierno de Vecinos por Torrelodones, que ostenta la mayoría absoluta.

Aunque con anterioridad se habían reunido con la Alcaldesa y otros ediles, esta era la primera vez que conseguían reunirse por este asunto con el concejal de Urbanismo, al que consideran «promotor de la idea» y responsable del proyecto urbanístico que está «arruinando» sus negocios; y que hasta el momento había sido reticente al encuentro.

Quizás por la venida de Telemadrid al municipio para entrevistarse con los afectados, o por las firmas de apoyo que están recogiendo, o por los planes de llevar a cabo manifestaciones en defensa de su modo de vida, o por lo que fuese; ayer, el concejal de Urbanismo decidió acudir a la reunión convocada a petición de la Asociación de Comerciantes de la Calle Los Ángeles (la calle de la oficina de Correos), quienes se consideran seriamente perjudicados por el cambio de dirección de la calle, además de por la pérdida general de plazas de aparcamiento. Con algunos de sus miembros tuvimos oportunidad de conversar, al principio de su calle, junto a la Plaza del Caño.

Nos comentaron que aunque originariamente iban a la reunión en el consistorio solo en representación de los afectados de la calle Los Ángeles, finalmente actuaron también en nombre de comerciantes de otras calles, igualmente afectados por los aparcamientos eliminados, o por la falta de aparcamiento que están generando las propias las obras, así como por los cortes de calles o el cambio de dirección de ellas.

Así es que el nutrido grupo que asistió, representaba comerciantes afectados, tanto por las obras actuales, como por las ya culminadas. Aseguran que el cambio de sentido de la calle Los Ángeles «ha afectado a todo el comercio», no solo a los que tienen locales en esa vía. Aseguran que hasta la oficina de Correos —que era una de las pocas rentables— pierde dinero desde que se cambio la dirección de la calle.

Por eso, querían todos, «saber a partir de ahora qué planes tienen, qué soluciones dan a nuestro problema, que saben perfectamente cuál es».

Una respuesta inesperada y dolorosa

«A lo mejor lo que se tienen que plantear ustedes, si va mal el negocio, es cambiar de negocio o de calle», es más o menos lo que les ha respondido la concejala de Asuntos Sociales, Raquel Fernández —que hasta hace poco ocupaba la Concejalía de Desarrollo Local—, a los comerciantes que fueron a intentar buscar soluciones a los problemas que les está generando el gobierno con sus planteamientos urbanísticos.

Los comerciantes aseguran que la reunión se convirtió en «una serie de insultos, descalificaciones, de prepotencia y menosprecio a nuestro trabajo; lo que ha hecho que saltemos todos, porque estábamos dolidos».

En la reunión, además del Concejal de Urbanismo y la Alcaldesa,  estuvieron Raquel Fernández y la concejala de Cultura, Rosa Rivet. Esta última, aseguran que «fue la única que no ha insultado y ha intentado mediar».

Según relatan los comerciantes, el concejal «comenzó la reunión diciendo que no le insultemos como la última vez»; con lo cual ellos consideran que su intención era «dinamitar la reunión». Afirman que los representantes de dos establecimientos (Torrevinos y el Bar Naru), explicaron en problema que les están causando, «casi al borde de las lágrimas, y ese señor no ha mostrado un mínimo de sensibilidad». «Lo que tienes que hacer es hacer un partido político y salir elegido concejal», le espetó el concejal de Urbanismo a uno de los afectados, afirman molestos por la «sonrisita irónica».

El Gobierno no lleva ningún control sobre la obra

Según los comerciantes, el equipo de Gobierno «no ha llevado ningún control de la obra», y «respuestas técnicas no tienen ninguna». Desde el gobierno local afirmaron que «casi no se han eliminado aparcamientos»; y los comerciantes les han pedido una relación de las plazas eliminadas. Consideran que en el gobierno municipal «no tienen ningún dato: no saben ni cuántas plazas han quitado; tampoco saben lo que miden aceras; y algunas calles, no sabían ni dónde estaban».

Los emprendedores locales estaban muy dolidos «por el menosprecio a nuestro trabajo y nuestros locales». Afirman que en la reunión Santiago Fernández «no demostró ninguna sensibilidad». Una emprendedora aseguró que el concejal «es un faltón, porque estás hablando con él y se está descojonando de tu opinión y dice «no, no, no…»; y te interrumpe con sus «no»».

«No tienen ninguna sensibilidad ni ninguna intención de cambiar nada. Ellos piensan que en cualquier obra, la gente protesta porque sí», consideran. Afirman también que la concejala de Servicios Sociales expresó que «van a seguir probando»: «vamos a hacer unas cuantas pruebas más, a ver cómo va el tema», dicen —indignados—, que propuso la concejala.

¿Quieren un pueblo sin coches?, pues que vengan al Ayuntamiento andando

«Quieren hacer un pueblo sin coches… ¿Entonces por qué ellos vienen en coche? ¡Que vengan andando! Ellos corren;  pero a trabajar vienen en coche, como todos. A hacer tus cosas al pueblo, vienes en coche», comentaron informalmente sobre los concejales, a quienes durante la reunión les pidieron «que cedan sus plazas reservadas junto al Ayuntamiento».

Los comerciantes aseguran que continuarán adelante, recogiendo firmas y movilizándose.

Este mes de mayo se han continuando arreglando rincones de Galapagar, como el que se puede ver en la calle Vallejo de los Haces, respondiendo —en este caso— a la petición realizada por un vecino de nombre Emilio. «Y por fin todo llega, seguimos trabajando para un Galapagar cada vez mejor», expresó con satisfacción Ángel Camacho; Concejal delegado de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Medio Ambiente, Salud Pública y Urbanizaciones del Ayuntamiento de Galapagar.