En su editorial, VxT reconoce que a todas las «fortalezas» que han hecho posible que hoy se encuentren gobernando, «se une la de la comunicación, que no ha tenido otro fin que el de tener puntualmente informados a los vecinos de lo que realmente sucedía en su localidad». Por esa razón, VxT considera «indispensable mantener dicha comunicación, no como equipo de gobierno, sino como fuerza política».

Es en este punto donde se les planteó su primer «dilema ético», puesto que la edición de la Revista de Vecinos, «sólo era posible gracias a la colaboración de los anunciantes que en ella participaban», expresa el partido local en su nota editorial.

«¿Puede un partido que está gobernando solicitar a los comerciantes que se anuncien en su Revista?», se preguntó Vecinos por Torrelodones. Y a continuación, expresan su conclusión: «En Vecinos entendemos que no, que no resultaría ético, pues muchos podrían contemplarlo como una extorsión».

El planteamiento que realizó Vecinos por Torrelodones y la conclusión a la que arribó, es de una lógica aplastante, y la resolución tomada en consecuencia, muy acertada: Continuarán informando a través de los “Boletines de Vecinos” que cada dos meses harán llegar a nuestros buzones y que es lo que manifiestan poder «sufragar» sin recurrir a la venta de publicidad, «con la subvención que recibe el grupo municipal y la aportación de sus afiliados y simpatizantes».

Este razonamiento que realizó el partido que encumbró al Equipo de Gobierno, sería de agradecer, que con mayor razón, se planteara a nivel Gobierno Municipal. El planteamiento podría ser más o menos en estos términos:

¿Puede el Gobierno Municipal, que regula y controla el cumplimiento de las obligaciones de los empresarios y comerciantes del municipio, solicitarles que se anuncien en sus medios de comunicación?

¿No podría llegar a pensar un empresario o comerciante, que al contribuir con su publicidad en los medios municipales, quizás sus expedientes o solicitudes podrían ser tratados con más esmero, tener más facilidad para acceder a ayudas o subvenciones, o que quizás sus faltas fuesen vistas con mayor indulgencia?

Pero en lo que respecta a la publicidad en los medios de comunicación oficiales, el asunto es más profundo y el razonamiento se podría ampliar:

¿Puede el Gobierno Municipal, a través de medios municipales que cuentan con una importante partida asignada en el Presupuesto para funcionar, salir a competir por una porción de la «publicidad comercial» con los medios de comunicación locales y privados, cuya única posibilidad de continuar funcionando y comunicando es a través de los ingresos por publicidad?

Los medios locales, que informan sobre los acontecimientos locales, subsisten gracias a la «publicidad comercial» que las empresas, personas o instituciones locales, insertan en sus páginas. En algunos casos también, gracias a la «publicidad institucional» que los Ayuntamientos u otras entidades públicas realizan para comunicar a los vecinos aquello que consideran de interés general.

¿Puede el Gobierno Municipal recortar drásticamente la «publicidad institucional» que inserta en los medios locales y a su vez competir con esos mismos medios por la «publicidad comercial»?

Si prácticamente se elimina la partida presupuestaria para «publicidad institucional» del Ayuntamiento, los medios locales no tienen otra posibilidad de subsistir más que a través de la «publicidad comercial». Si el Ayuntamiento compite con los medios locales por el exiguo presupuesto que los anunciantes pueden destinar en las circunstancias actuales a publicitar sus productos o servicios, y además, compite con la ventaja de que los anunciantes «pueden llegar a creer» que tendrán alguna una ventaja adicional si comunican a través de los medios municipales en vez de los privados, posiblemente ya no estemos solamente ante un «dilema ético», sino ante una cuestión legal.

Compitiendo con la ventaja comparativa de que los anunciantes «puedan llegar a creer» que contarán con alguna ventaja que vaya más allá de la difusión de sus ofertas, además de colocarse en una posición éticamente cuestionable ¿no estará el Ayuntamiento de Torrelodones contraviniendo la Ley (en particular la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia) y exponiéndose a ser sancionado por la Comisión Nacional de la Competencia?

Tal vez, desde el Equipo de Gobierno municipal, se debería hacer un ejercicio de reflexión análogo al que realizó el partido que los llevó a dirigir el Ayuntamiento de Torrelodones.

El Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid ha resuelto «incoar expediente sancionador» a la empresa Urbaser S.A en relación con el concurso de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria adjudicado por el anterior equipo de gobierno de Torrelodones en abril de 2010, expresó VxT en una nota de prensa difundida hoy.

«La resolución del TDC es consecuencia de una denuncia presentada por Vecinos por Torrelodones en julio de 2010 por considerar que las condiciones económicas que rigieron el concurso restringieron de forma severa la competencia. Con posterioridad, el propio Partido Popular de Torrelodones confirmó que el entonces concejal de Medio Ambiente y miembro de su ejecutiva, había estado vinculado laboralmente con Urbaser S.A. hasta su incorporación al consistorio», continúa la nota de VxT.

<<La valoración jurídica de la resolución establece que, a juicio de la Sala, existen indicios razonables de acuerdos, decisiones o prácticas que han tenido por objeto el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia. Asimismo, establece que de confirmarse tales indicios el Servicio de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid “podría sugerir a la sala la conveniencia de una denuncia de los entonces responsables municipales del concurso de Torrelodones y de sus posibles cómplices ante la Fiscalía Anticorrupción”>>, continúa la nota de Vecinos por Torrelodones.

Para Vecinos por Torrelodones «la decisión del Tribunal de Defensa de la Competencia, dependiente Consejería de Economía y Hacienda, confirma inicialmente la existencia de restricciones en un concurso de más de 10 millones, restricciones que resultaron determinantes para su adjudicación a la empresa Urbaser S.A.».