En su editorial, VxT reconoce que a todas las «fortalezas» que han hecho posible que hoy se encuentren gobernando, «se une la de la comunicación, que no ha tenido otro fin que el de tener puntualmente informados a los vecinos de lo que realmente sucedía en su localidad». Por esa razón, VxT considera «indispensable mantener dicha comunicación, no como equipo de gobierno, sino como fuerza política».

Es en este punto donde se les planteó su primer «dilema ético», puesto que la edición de la Revista de Vecinos, «sólo era posible gracias a la colaboración de los anunciantes que en ella participaban», expresa el partido local en su nota editorial.

«¿Puede un partido que está gobernando solicitar a los comerciantes que se anuncien en su Revista?», se preguntó Vecinos por Torrelodones. Y a continuación, expresan su conclusión: «En Vecinos entendemos que no, que no resultaría ético, pues muchos podrían contemplarlo como una extorsión».

El planteamiento que realizó Vecinos por Torrelodones y la conclusión a la que arribó, es de una lógica aplastante, y la resolución tomada en consecuencia, muy acertada: Continuarán informando a través de los “Boletines de Vecinos” que cada dos meses harán llegar a nuestros buzones y que es lo que manifiestan poder «sufragar» sin recurrir a la venta de publicidad, «con la subvención que recibe el grupo municipal y la aportación de sus afiliados y simpatizantes».

Este razonamiento que realizó el partido que encumbró al Equipo de Gobierno, sería de agradecer, que con mayor razón, se planteara a nivel Gobierno Municipal. El planteamiento podría ser más o menos en estos términos:

¿Puede el Gobierno Municipal, que regula y controla el cumplimiento de las obligaciones de los empresarios y comerciantes del municipio, solicitarles que se anuncien en sus medios de comunicación?

¿No podría llegar a pensar un empresario o comerciante, que al contribuir con su publicidad en los medios municipales, quizás sus expedientes o solicitudes podrían ser tratados con más esmero, tener más facilidad para acceder a ayudas o subvenciones, o que quizás sus faltas fuesen vistas con mayor indulgencia?

Pero en lo que respecta a la publicidad en los medios de comunicación oficiales, el asunto es más profundo y el razonamiento se podría ampliar:

¿Puede el Gobierno Municipal, a través de medios municipales que cuentan con una importante partida asignada en el Presupuesto para funcionar, salir a competir por una porción de la «publicidad comercial» con los medios de comunicación locales y privados, cuya única posibilidad de continuar funcionando y comunicando es a través de los ingresos por publicidad?

Los medios locales, que informan sobre los acontecimientos locales, subsisten gracias a la «publicidad comercial» que las empresas, personas o instituciones locales, insertan en sus páginas. En algunos casos también, gracias a la «publicidad institucional» que los Ayuntamientos u otras entidades públicas realizan para comunicar a los vecinos aquello que consideran de interés general.

¿Puede el Gobierno Municipal recortar drásticamente la «publicidad institucional» que inserta en los medios locales y a su vez competir con esos mismos medios por la «publicidad comercial»?

Si prácticamente se elimina la partida presupuestaria para «publicidad institucional» del Ayuntamiento, los medios locales no tienen otra posibilidad de subsistir más que a través de la «publicidad comercial». Si el Ayuntamiento compite con los medios locales por el exiguo presupuesto que los anunciantes pueden destinar en las circunstancias actuales a publicitar sus productos o servicios, y además, compite con la ventaja de que los anunciantes «pueden llegar a creer» que tendrán alguna una ventaja adicional si comunican a través de los medios municipales en vez de los privados, posiblemente ya no estemos solamente ante un «dilema ético», sino ante una cuestión legal.

Compitiendo con la ventaja comparativa de que los anunciantes «puedan llegar a creer» que contarán con alguna ventaja que vaya más allá de la difusión de sus ofertas, además de colocarse en una posición éticamente cuestionable ¿no estará el Ayuntamiento de Torrelodones contraviniendo la Ley (en particular la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia) y exponiéndose a ser sancionado por la Comisión Nacional de la Competencia?

Tal vez, desde el Equipo de Gobierno municipal, se debería hacer un ejercicio de reflexión análogo al que realizó el partido que los llevó a dirigir el Ayuntamiento de Torrelodones.