El Partido Popular ejerciendo su obligación de control y fiscalización de la acción del equipo de gobierno ha intentado infructuosamente que Vecinos por Torrelodones diese las explicaciones oportunas en sede plenaria, habiendo realizado hasta once preguntas a la Alcaldesa y al Concejal de Urbanismo. «La última respuesta recibida fue que acudiéramos a los tribunales para no hacerles perder más tiempo, cosa que hemos hecho en el día de hoy», manifiestan desde el Partido Popular torresano.

La ejecución del Túnel bajo la A6 fue adjudicada a la empresa FCC CONSTRUCCIÓN SA, habiendo sido factores determinantes el precio y el plazo de ejecución ofertados.
Una vez adjudicada la obra, en el mes de abril de 2015, un mes antes de las elecciones municipales, se firmó el acta de replanteo, y el 16 de abril se publicó el inicio de las obras.

El 20 de abril FCC CONSTRUCCIÓN SA planteó a los responsables del Ayuntamiento la necesidad de realizar un nuevo diseño y cálculo de la estructura completa del paso inferior lo que implicaba la ejecución de un túnel de características diferentes a las licitadas (proyecto modificado). «Dada la premura de las elecciones y ante la eventualidad de tener que sacar una nueva licitación el Ayuntamiento accedió a la petición de FCC de ejecutar un túnel de diferentes características a las licitadas lo que obligaba a una nueva licitación», explican los populares, sin embargo, «el Ayuntamiento, en plena campaña electoral, accedió a tramitar la modificación que en opinión de la peritación de nuestros técnicos debía suponer una baja de al menos 400.000 euros».

Es decir, continúan explicando, que «se adjudica una obra a una constructora en función de unas calidades, unos plazos y unos precios y finalmente la calidad fue inferior, el plazo no se cumplió y el precio debería haberse rebajado».

«Ante esta situación y sin haber obtenido respuestas necesarias, en el ejercicio de nuestra labor de fiscalización, hemos optado por poner en conocimiento de la fiscalía estos hechos por si fueran constitutivos de delito».

Una vez presentado este escrito a la fiscalía, desde el Partido Popular quieren «manifestar nuestro respeto a la presunción de inocencia, nuestra confianza en la labor de la Justicia y nuestra firme determinación de continuar ejerciendo la obligación de control y fiscalización de la labor del equipo de gobierno que es lo que esperan de nosotros nuestros convecinos de Torrelodones, pese a las campañas que el equipo de gobierno trata de montar en nuestra contra».

El Juzgado de Instrucción Nº 2 de Collado Villalba ha incoado diligencias previas tras la denuncia interpuesta por el Grupo Municipal Confluencia Ciudadana de Torrelodones contra el Equipo de Gobierno de Vecinos por Torrelodones, al entender ese Juzgado que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».

Una nueva causa penal se podría sumar en los Juzgados de Villalba contra la Alcaldesa de Torrelodones y su marido, el Concejal de Urbanismo; donde la regidora comparece en calidad de «investigada» por un presunto delito de prevaricación, en la adquisición de un inmueble para ser utilizado como biblioteca.

En esta oportunidad, según los denunciantes, la Junta de Gobierno municipal habría permitido durante años a una empresa de vending, instalar máquinas expendedoras en edificios públicos, sin mediar contrato ni concesión, con lo que «han frustrado el ingreso en las arcas municipales de los caudales exigidos, haciéndose además cargo el Ayuntamiento de los gastos generados, en beneficio de un tercero y en detrimento del interés general».

El día 5 de marzo de 2018, el Grupo Municipal Confluencia Ciudadana presentó en los Juzgados de Collado Villalba denuncia contra los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones, esto es, contra la Alcaldesa Elena Biurrun y siete concejales del equipo de gobierno de Vecinos por Torrelodones.

El día 17 de abril, se ha notificado a Confluencia Ciudadana Auto de 4 de abril de 2018 del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Collado Villalba, por el que se acuerda incoar diligencias previas y dar parte de incoación al Ministerio Fiscal, porque los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.

Los denunciantes explican que el día 8 de noviembre de 2017, solicitaron por Registro, copia de los contratos y concesiones con las empresas suministradoras de las máquinas expendedoras de café, refrescos y aperitivos instaladas en edificios municipales.

«No obtuvimos respuesta hasta el 22 de diciembre de 2017, en la que nos informaron de que “estas máquinas están instaladas sin ningún tipo de contrato o convenio”», aseguran.

«A la vista de la contestación del Ayuntamiento de Torrelodones, y ante la falta de contratos y/o concesiones con las empresas titulares de las máquinas expendedoras, solicitamos copia de los documentos en los que constasen los ingresos recibidos por el Ayuntamiento por la utilización privativa del dominio público local por la instalación de máquinas expendedoras en edificios públicos», continúan relatando. La respuesta fue que “este Ayuntamiento no percibe un solo ingreso por este concepto”, afirman.

Dada la irregularidad de esta situación, la portavoz de Confluencia en el Ayuntamiento solicitó en el Pleno celebrado el día 16 de enero de 2018 que se llevaran a cabo las acciones pertinentes para que esta situación fuera subsanada y se suscribiera un contrato previa licitación.

«Vecinos por Torrelodones viene permitiendo desde hace años que los propietarios de las máquinas expendedoras no paguen la tasa exigida por la utilización de espacios en los edificios municipales, con el agravante de que la instalación de las máquinas genera costes por suministro municipal de electricidad y agua», denuncian desde Confluencia Ciudana.

Los anteriores hechos, que Confluencia Ciudadana ha puesto en conocimiento de la Justicia por su gravedad, van a ser investigados a fin de determinar su naturaleza y circunstancias, así como las personas que en ellos hayan participado.

Los denunciantes recuerdan que no es la primera vez que Confluencia Ciudadana advierte al equipo de gobierno de Vecinos por Torrelodones —que gobierna con mayoría absoluta— de irregularidades que se deberían evitar o subsanar, como ya ocurrió con el caso de Villa Fabriciano, sobre el cual insistieron en las irregularidades que presentaba el edificio con relación a las Normas Subsidiarias; cuestión que finalmente los ha llevado a los tribunales por la querella de un particular, donde la alcaldesa está siendo investigada por presunta prevaricación; causa en la que también se involucra al Concejal de Urbanismo —su marido— y dos técnicos municipales.

«Esta vez el presunto delito es de malversación de caudales públicos, salvo mejor calificación a la luz del resultado de la investigación judicial, puesto que los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones (VxT) han frustrado el ingreso en las arcas municipales de los caudales exigidos, haciéndose además cargo el Ayuntamiento de los gastos generados, en beneficio de un tercero y en detrimento del interés general», expresan desde Confluencia Ciudadana para finalizar.

En efecto, en el extraño Pleno de la Corporación Municipal de Torrelodones de ayer martes 13, que por fallos técnicos no pudo ser oído por Internet ni por la emisora municipal de radio, Vecinos por Torrelodones retiró por sorpresa el contrato de basuras del Orden del Día del Pleno municipal, alegando a través de las redes sociales que lo hacía «por falta de consenso». En un comunicado conjunto, toda la oposición considera una «falta de respeto» la manera en que se ha hecho, y creen que bajo la excusa, se esconden las verdaderas razones.

Se reproduce a continuación la nota firmada por el PP de Torrelodones, Confluencia Ciudadana, PSOE y Ciudadanos:

«Vecinos por Torrelodones retira por sorpresa y sin dar explicaciones, el contrato de basuras del orden del día del pleno municipal

Torrelodones, 14 de febrero de 2018

Sin previo aviso, Vecinos por Torrelodones retiró ayer del orden del día del pleno el punto correspondiente a la aprobación del contrato de basuras.

Desde el día 9 de febrero, cuando la oposición en su totalidad publicó su rechazo a la precipitada decisión del equipo de gobierno de aprobar el contrato de basuras, Vecinos por Torrelodones ha tenido tiempo más que suficiente para contactar con la oposición e informarla de su intención de retirar la aprobación del contrato de basuras del orden del día, incluso cuando pocas horas antes del arranque del Pleno se adjuntaron nuevas informaciones y modificaciones al expediente.

Con una evidente falta de respeto a la oposición, que representa a casi el 50% de los torresanos, tan solo tuvimos noticia de su retirada al comprobar que en el transcurso del pleno se había eliminado del orden del día, sin más explicaciones que las que posteriormente hemos podido conocer a través de una nota difundida por redes sociales.

En esa comunicación por Redes Sociales se justifica esta decisión en la falta de consenso, que no se propicia por Vecinos por Torrelodones y que solo utilizan como argumento cuando les interesa. En este sentido, en el mismo Pleno ordinario de febrero no les ha temblado el pulso para sacar adelante un asunto tan importante como el Avance del Plan General de Ordenación Urbana, que debe definir el futuro urbanístico de nuestro municipio, y que ha sido aprobado tan solo con los votos a favor de su propio partido.

No parece que esta pretendida falta de consenso, que nunca les ha preocupado, sea la verdadera razón de la retirada, sino más bien los argumentos de peso que la totalidad de la oposición expuso para oponerse al pliego del concurso de limpieza urbana y la recogida de basuras tal como pretendía aprobar Vecinos por Torrelodones, quienes siempre parecen más preocupados por su imagen que por un diálogo real.

La casi inevitable propuesta de prórroga del actual contrato, que entendemos, debería producirse tras la decisión tomada unilateralmente por el equipo de gobierno, no quiere decir que estemos de acuerdo con la actual gestión de la limpieza urbana y retirada de residuos, por lo que urgimos al equipo de gobierno a que realice un efectivo control del cumplimiento del actual contrato.
Los grupos de la oposición quedamos a la espera de que el equipo de gobierno nos informe del nuevo proceso de redacción del contrato de basuras y su adecuación a la nueva Ley de Contratos del Sector Público y que en lo sucesivo demuestre con hechos y no con palabras que tiene en cuenta el consenso en las decisiones importantes que se habrán de tomar durante el resto del mandato».

En un comunicado conjunto, todos los grupos municipales de la oposición rechazan el contrato de basuras que pretende aprobar el gobierno de Vecinos por Torrelodones «precipitadamente, tratando de sortear la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público». El cuestionado contrato por 17 millones de euros y 10 años de duración, podría ser aprobado por VxT gracias a su mayoría absoluta en el Pleno del próximo martes 13 de febrero, evitando así que sea sometido a la nueva Ley que entrará en vigor el 9 de marzo próximo; consideran desde el Partido Popular, Confluencia Ciudadana, PSOE y Ciudadanos.

«El contrato de basuras que VxT quiere sacar adelante precipitadamente, tratando de sortear la entrada en vigor de la nueva ley de contratos del sector público y valiéndose de su mayoría absoluta, constituye la mayor partida del presupuesto municipal y, con su duración de 10 años, impedirá implantar nuevos modelos de gestión de residuos durante la próxima década», expresan los grupos municipales Partido Popular, Confluencia Ciudadana, PSOE y Ciudadanos; en un comunicado conjunto.

«Los grupos municipales Partido Popular, Confluencia Ciudadana, PSOE y Ciudadanos, tras intentar infructuosamente que el equipo de gobierno aceptase nuestras aportaciones, consideramos que la redacción del contrato de gestión de los servicios de recogida de basura y limpieza viaria tiene a nuestro juicio muchas carencias de las que destacamos las siguientes», continúa el comunicado, y pasa a enumerar:

«1. Esquiva la nueva ley de contratos.
La nueva ley de contratos, aprobada con amplio consenso por todos los grupos parlamentarios y que entra en vigor el 9 de marzo, elimina las valoraciones subjetivas de los concursos, introduce el control interno en la gestión y reduce la participación de políticos en las mesas de contratación. Además, la norma busca dotar de una mayor transparencia y control a la contratación pública, conseguir una mejor relación calidad-precio para los contratos y garantizar las condiciones laborales de los empleados de las contratas. Al adelantarnos a su entrada en vigor, el equipo de gobierno renuncia a todas estas ventajas y mantiene los criterios subjetivos de adjudicación que la ley elimina.

2. Ausencia de participación ciudadana.
Si en otras cuestiones se han abierto procesos participativos, un contrato de más de diecisiete millones de euros que afecta a todos los vecinos, debería contar con el concurso vecinal.

3. El pliego propuesto hipoteca al Ayto. durante diez años.
Consideramos que el contrato debe de tener una duración como máximo de cinco años con posibilidad de renovación. Es un plazo razonable para que se puedan incorporar las previsibles innovaciones técnicas y adaptarse a las cambiantes circunstancias de la gestión de residuos y su reciclado.

4. Ausencia de mecanismos efectivos de control.
El régimen sancionador previsto es extraordinariamente leve y favorece que el incumplimiento salga a cuenta al concesionario.
Proponemos que además de los correspondientes controles internos se incluya en el contrato el sometimiento del mismo a la existencia de una empresa de auditoría externa con controles periódicos».

El Partido Popular ve «sospechosas las prisas existentes para realizar esta adjudicación» y considera necesario «realizar una auditoría externa que valide el cumplimiento del actual contrato y que sus conclusiones junto a un proceso de participación ciudadana sirvan de base a la redacción de un nuevo contrato ajustado a la nueva ley prorrogando mientras tanto el actual». Asimismo, para los populares «No es admisible que el equipo de gobierno saliente deje hipotecado al Ayuntamiento para los próximos diez años».

Para Confluencia Ciudadana «es fundamental que el contrato garantice la existencia de auditorías con personal funcionario cualificado a través de la Concejalía de Calidad de los Servicios Públicos» y se muestra «en contra de que el número necesario de personas contratadas para cubrir el servicio no se exija en el pliego sino que quede reflejado en el mismo como “mejora”».

En opinión del PSOE este es un «contrato que perpetúa un modelo caduco, falto de ambición para evolucionar hacia modelos más avanzados y respetuosos con el medio ambiente». Los socialistas tampoco están de acuerdo en que los ingresos por reciclaje «se los lleve la empresa adjudicataria ya que en contratos de ese tipo, como Guadalajara, se ha demostrado que no funcionan».

Por su parte, Ciudadanos apunta que «el precio base de la licitación hace difícil que se pueda cumplir con todos los requerimientos del contrato y la escasa cuantía de las clausulas sancionadoras invitan a que dicho incumplimiento sea rentable». «Con esta premisa, las condiciones laborales de los empleados son cuestionables».

«Los grupos municipales Partido Popular, Confluencia Ciudadana, PSOE y Ciudadanos confiamos en que a la vista del peso de estos argumentos el equipo de gobierno reconsidere su postura antes del pleno del próximo 13 de febrero», expresan para finalizar.

Hasta ahora, las adjudicaciones realizadas de este servicio, han levantado polvareda. La contratación realizada en año 2012, no solo despertó dudas en su momento, sino que posteriormente en su Informe de Fiscalización, la Cámara de Cuentas encontró graves irregularidades en la adjudicación. Además de no existir una justificación real de la necesidad de contratar dicho servicio, o que el comité de expertos no justificaba la forma en que se habían valorado los criterios subjetivos, la empresa que licitó era una Comunidad de Bienes y debió haber sido excluida de la licitación, consideró la Cámara de Cuentas. De nada sirvieron las alegaciones presentadas por el Consistorio, pues el ente fiscalizador afirmó finalmente que la adjudicación del contrato fue «contraria a derecho, deviniendo nulos de pleno derecho el resto de las incidencias derivadas del mismo». No obstante, dicho informe de fiscalización no produjo ninguna consecuencia.

En 2014 el Ayuntamiento de Torrelodones volvió a adjudicar el contrato a la misma agencia que en 2012, y se volvió a generar polémica; pues no solo el 90% de los criterios que se valoraron para la adjudicación eran subjetivos, sino que el Jurado Independiente encargado de valorar la parte subjetiva otorgó la máxima puntuación y por tanto se adjudicó el contrato, a la empresa que presentó la oferta económica más elevada. También se comprobó entonces existencia de vinculaciones laborales y de amistad entre la mayoría de los miembros de dicho Jurado, con integrantes de Vecinos por Torrelodones y con los administradores de la empresa que resultó ganadora del concurso público.

El contrato adjudicado en 2014 llega a su fin, y es por esto que el Ayuntamiento vuelve a iniciar un procedimiento para adjudicarlo.

Con fecha 19 de enero de 2016 fueron aprobados por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrelodones los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que han de regir el procedimiento abierto para adjudicar el contrato de prestación de servicio denominado “Servicio de diseño, planificación, asesoramiento y realización de las actividades de publicidad y las acciones promocionales que considere necesario llevar a cabo el Ayuntamiento de Torrelodones”.

El contrato que se adjudicará en el procedimiento que se inicia será por dos años, prorrogables por otros dos más. Para su adjudicación «se atiende a una pluralidad de criterios»; y el precio de la licitación está estimado en 180.000,00 euros, IVA (21%) excluido; siendo el Presupuesto base de licitación: 90.000,00 euros, IVA excluido, por los dos años de duración inicial del contrato (IVA 21%).

Los interesados en participar pueden obtener la  documentación e información en la Secretaría General de la Corporación (plaza de la Constitución, número 2) o en el “Perfil del contratante” (sede.torrelodones.es), hasta el mismo día que la Fecha límite de la presentación: dentro de los quince días naturales contados a partir
del siguiente a la inserción del anuncio en el B.O.C.M.; realizada el pasado jueves 4 de febrero de 2016.

En los Criterios de selección se establece la valoración de cuatro ejercicios prácticos, que representarán 60 de los 100 puntos posibles. Además hay hasta 30 puntos a otorgar por experiencia en proyectos similares. El precio solo contará un máximo 10 puntos.

Para más información: Clic para ver el Anuncio en el BOCM.

En su nota, que titulan «El Interventor Municipal se planta», desde acTÚa destacan que «las trasgresiones» de la normativa de las haciendas locales, «se pusieron en evidencia con la documentación correspondiente al pleno ordinario del mes de abril en el que, como exige la ley, se daba cuenta del reconocimiento de estas obligaciones de pago por parte de la Sra. Alcaldesa, competente para resolver la discrepancia entre el procedimiento de gasto impulsado por los concejales correspondientes y el reparo puesto por el interventor». Es decir, continúa acTÚa, «que al final, aprobaron pagar los casi 50.000 euros que representaban los 38 expedientes suspendidos».

AcTÚa considera necesario señalar que «este tipo de irregularidades ya las puso de manifiesto la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, en su informe de fiscalización de las cuentas del año 2012 (el primero completo de VxT)». Según el informe -recuerda acTÚa-, la aprobación de facturas por reconocimiento extrajudicial, que representa un sistema excepcional para resolver los procedimientos administrativos defectuosos, «se había convertido en habitual en ese ejercicio y ahora vemos que la gestión de VxT la ha extendido a toda la legislatura».

Asimismo la nota asegura que en los dos meses, «cometen estas irregularidades casi todos los concejales delegados: la de Cultura (Rosa Rivet); el de Urbanismo y Medio Ambiente (Santiago Fernández); la de Desarrollo Local (Raquel Fernández); el de Comunicación y Atención al Vecino (Ángel Guirao); el de Fiestas y Deportes (Carlos Beltrán); el de Educación y Régimen Interior (Gonzalo Santamaría) y la de Nuevas Tecnologías-informática (Celia Martín)».

En el Pleno del 14 de abril, el Grupo Municipal acTÚa requirió que se le informase sobre «las medidas concretas que van a tomar para que no sigan ocurriendo estas irregularidades», pero afirman que hasta la fecha no han recibido explicación alguna, «a pesar de que la alcaldesa dicta textualmente que “se adopten las medidas necesarias para evitar en lo sucesivo esta situación” en la aprobación para levantar el reparo. Esta es una competencia exclusiva, que no necesita mayor justificación».

AcTÚa en su nota explica en qué consisten estas irregularidades denunciadas por el Interventor. Al respecto dice que en lo referido al procedimiento, se perciben:

•  Servicios realizados sostenidamente por un proveedor elegido discrecionalmente, sin publicidad, concurrencia pública, ni contrato siquiera.
• Se repiten encargos de decenas de trabajos al mismo proveedor.
• Teniendo un contrato para un servicio, con algún proveedor, se le encargan otros trabajos distintos.
• Utilización de tarjetas bancarias sin el control legalmente requerido.
• Alquiler de vehículos permanentes (con pagos mensuales) sin mediar contrato.

En su nota destacan «otras cuestiones de fondo, relevantes políticamente», y listan las siguientes:

• Algunas facturas corresponden a una parte de obras votadas negativamente por el Pleno, pero ejecutadas discrecionalmente por el “concejal principal del reino” vulnerando los procedimientos esenciales para realizar el gasto.
• Una de las facturas se refiere a un servicio de asesoramiento mensual para los controles de consumo energético, sin contrato. Esta empresa también realizó el asesoramiento para la valoración de las ofertas de las compañías suministradoras de energía eléctrica al Ayuntamiento. Dicho concurso, también fue precedido por un encargo externo para asesorar en la elaboración de los pliegos de condiciones técnicas. El coste mensual de esta asesoría es de 2.178 euros/mes
•  Una empresa que tiene como objeto social la “compra-venta, edificación, uso, arrendamiento de toda clase de inmuebles”, está realizando servicios personales en Cultura. Este servicio se efectúa durante años y sin contrato.

Notas relacionadas:

Graves irregularidades en contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Torrelodones (23-12-2014)