El periódico nacional aludido por el concejal, en su nota sobre el incidente, había implicado directamente a la plataforma “15-M” y Stop Desahucios en el incendio del vehículo. En la primera nota publicada tras el incendio del vehículo y la evacuación de 4 familias, el Ayuntamiento había expresado que el tratamiento del asunto de los desahucios de la Sociedad Urbanística Municipal “por parte de algunos grupos de presión y las redes sociales” habían “alentado actuaciones que superan cualquier límite democrático relacionado con la libertad de opinión”.

Posteriormente, en otra nota “aclaratoria”, el Ayuntamiento quiso poner de manifiesto que “no existe indicio que establezca alguna relación directa con el Movimiento 15-M ni la Plataforma Stop Desahucios a pesar de que el pasado 11 de este mes estuvieran presentes apoyando a la familia que iba a ser desahuciada”. Integrantes del “15-M” de Torrelodones, durante la rueda de prensa, solicitaron al gobierno municipal aclarar esta cuestión. “Nos llaman terroristas”, expresó indignada una militante de la plataforma local.

En la madrugada del pasado domingo, dos jóvenes, uno de 18 y otro de 16 años, incendiaron el coche del Concejal de Juventud y Deportes. Carlos Beltrán es vecino de la familia que iba a ser desahuciada el pasado 11 de mayo, y cuyo desahucio se postergó hasta el próximo 29 de junio, tras un gran revuelo de gente convocada desde diversas plataformas frente a la propiedad para impedir el desahucio. La vivienda del Concejal, a pesar de ser similar a las de protección social que alquila la Sociedad Urbanística Municipal (SUMTOSA), fue adquirida en propiedad a un particular hace varios años.

Al principio de la rueda, Carlos Beltrán dio lectura a un comunicado. En el mismo, tras referirse al lamentable suceso que sufrió junto a su familia y otras vecinas, agradeció todos los apoyos, pero muy especialmente quiso dar las gracias a sus vecinos, que también resultaron víctimas del acto violento.

La Alcaldesa -midiendo mucho las palabras-, aseguró que la familia cuyo desahucio se ha pospuesto para el 29 de junio “no son víctimas de ningún sistema”. “Por educación, por pudor y porque no puedo, no doy más información”, dijo. “A esta familia, probablemente no le esté afectando más que antes la crisis”, añadió. No obstante, pidió “responsabilidad” a los medios al divulgar la información que manejen. “Cuando alguien es víctima del sistema y de la crisis, no va con un abogado privado y a cambio nos pide que le vendamos la casa”, afirmó.

La familia aludida, es una de las que ocupa “ilegalmente” las viviendas sociales municipales, al haber ingresado en 2002 por un plazo de 5 años, y no haberla abandonado en 2007. Por impago del alquiler de 330 euros mensuales, adeudan alrededor de 15.000 euros, según el Consistorio. Asimismo, habrían acumulado una deuda a razón de 24 euros diarios por no abandonar la propiedad en 2007. Por ese concepto, la multa sería del orden de los 60.000 euros. Hasta el domingo, el Ayuntamiento no tenía intención de exigirla, pero aparentemente esta situación habría cambiado tras conocerse la relación entre los que provocaron el incendio y la familia.

La alcaldesa, sin nombrarlos, dio a entender con total seguridad, que uno de los detenidos por el incendio del vehículo es familiar de los ocupantes de la vivienda que va a ser desahuciada el 29 de junio.

”Si alguien merece escuchar una y mil veces la palabra gracias de mi boca, son mis vecinos. Tres familias que como la mía, han tenido que pasar una calamidad imposible de explicar. Su actitud durante el incendio y durante las horas siguientes, va mucho más allá de lo que nos exige la civilización: Ni una palabra de reproche, ni un grito de desesperación, ni una manifestación de rencor. Aún sabiendo como sabemos cada detalle. Su ejemplo de entereza demuestra que en nuestra sociedad –aunque a veces podamos pensar lo contrario- no está todo perdido””, decía Carlos Beltrán en el comunicado que leyó.

“Los cientos de mensajes y llamadas que hemos recibido con muestras de cariño y solidaridad, nos han abrumado a Teresa y a mí”. Me ha resultado imposible contestar a todas, no he tenido tiempo, pero quiero utilizar esta vía para decir que nos hemos sentido muy arropados y queridos””, prosiguió diciendo.

Carlos Beltrán destacó los mensajes recibidos por parte del personal del Ayuntamiento, especialmente los de sus colaboradores de Juventud, Deportes y del personal de Torreforum. También se refirió a los de los “representantes de “todas las formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento de nuestro pueblo, que han apoyado en todo momento a nuestra familia””, así como los de “todos los clubes deportivos”.

Asimismo, quiso mencionar “el “comportamiento modélico de “prácticamente la totalidad” de los medios de información de Torrelodones”. “”Todos los medios, excepto uno, me han mostrado en todo momento su apoyo y consideración, en el que –-por el momento- puedo considerar el día más negro de mi vida””, expresó.

En su alocución, Carlos Beltrán recordó que cuando él tenía 11 años, “”otras personas”” atentaron contra la sucursal del Banco de Vizcaya que estaba “justo debajo de su casa, en Madrid”. Tras manifestar que recuerda siempre ese episodio, dijo que lo que más le costaba y le sigue costando entender “es “la razón que lleva a alguien a relacionar su reivindicación con mi vida y con la vida de mi gente””. En aquella oportunidad, los autores intelectuales del atentado ““lo reivindicaron””. ““¿De no haber sido detenidos los autores materiales del atentado del domingo, lo habrían reivindicado los autores intelectuales?””, se preguntó Beltrán, y se respondió: ““Yo creo que no””, pues consideró que “su “cobardía” es de “dimensiones descomunales””.

“”¿Por qué yo? ¿Por qué a mi?, estas preguntas me han asaltado cientos de veces en las últimas noches La respuesta es que seguramente, quienes hayan cometido esta barbaridad, saben muy bien que yo jamás les devolveré el golpe, porque -y aquí está lo más triste de esto- ellos me conocen. No por mi foto ni por mi cargo. Me conocen muy bien y desde hace muchos años. Saben quién soy, cómo me comporto, cómo es mi vida, cómo me relaciono con la gente…””.

Para terminar, el concejal quiso dirigir unas palabras a los autores materiales del atentado y a los autores intelectuales “si los hay”. Esas palabras pueden escucharse en el video adjunto.

El Concejal de Urbanismo consideró que los grupos que habían apoyado a la familia desahuciada, «metieron la pata hasta el fondo», por falta de información.

Resumen de la Rueda de Prensa:

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«Este viernes 11 de Mayo las 11:00 horas de la mañana en Torrelodones, se ha producido una situación indeseada, tensa y lamentable durante el intento de desahucio de la familia de ‘Amina’ que ocupaba en régimen de alquiler una vivienda social perteneciente a SUMTOSA, Sociedad Urbanística Municipal de Torrelodones, enfrente del Instituto», comienza diciendo AcTÚa a través de una Nota de Prensa emitida el domingo.

«El equipo de gobierno se negó en redondo a llegar a un acuerdo para aplazar el desahucio hasta que los cuatros hijos de la familia acabaran el curso escolar con normalidad, a pesar de que así se lo solicitaron días previos los tres grupos de la oposición y la mañana prevista para el desahucio lo hicieran diversos partidos, asociaciones y entidades sociales de toda la comarca», aseguran desde AcTÚa.

«Ya el domingo 6 de Mayo el representante de acTÚa en SUMTOSA habló personalmente con el concejal de urbanismo (vicepresidente de la mencionada Sociedad) pero éste le respondió indicando la imposibilidad de solicitar al juzgado el aplazamiento de la fecha por parte del ayuntamiento».

«Posteriormente volvimos a intentarlo vía e-mail a todos los miembros de SUMTOSA, al igual que el representante del PSOE. El equipo de Vecinos por Torrelodones insiste en la imposibilidad del aplazamiento. Esta negativa se la trasmitió nuestro representante a Amina, días antes del desahucio».

«La mañana del viernes, Rubén Díaz concejal portavoz de nuestro Grupo Municipal se puso en contacto con personal del Juzgado que reside en Torrelodones, para ver si era posible llegar a un acuerdo con la Secretaría Judicial de Collado Villalba que permitiera retrasar el desahucio hasta el final del curso escolar».

«Así, nuestro concejal mantiene una conversación con la Gestora de Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos que se estaba ocupando del problema y que debe personarse junto con la procuradora en Torrelodones. Nos indican que si el ayuntamiento lo solicita no hay ningún problema, más allá de encontrar una fecha adecuada en la agenda del juzgado. Tras las consultas adecuadas, ésta se fija para el día 30 del próximo mes de junio».

«A pesar de conseguirse el aplazamiento, la forma en que se ha gestionado este problema ya ha dado al traste con lo más importante que era mantener la tranquilidad de los hijos, que no han podido sustraerse a la irresponsabilidad de sus progenitores y del equipo de gobierno de Vecinos por Torrelodones. No podemos menos que lamentar la falta de sensibilidad y oportunidad de nuestros gobernantes, especialmente del concejal de urbanismo».

«Esto no es óbice para estar convencidos de que el fin de esta historia debe ser el abandono de la vivienda por parte de la familia, obligación legal que no pueden eludir, en beneficio de otras familias necesitadas que esperan desde hace años la oportunidad de concurrir al alquiler de estas viviendas protegidas».

Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todos (incluidos partidos, asociaciones y entidades sociales). No debemos caer en populismos y demagogias partidistas que no benefician en nada a las verdaderas víctimas de este caso: los 4 hijos de la familia. El consabido aplazamiento debe servir para finalizar el curso escolar con tranquilidad y que los padres busquen otra vivienda solicitando la intervención de los servicios sociales municipales, si fuera necesario, ya que no han participado en el concurso para la concesión de las casas en alquiler, ya en proceso de adjudicación para cinco años.

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La angosta y breve calle de Las Artes, cercana al Instituto Diego Velázquez, que rebosaba de gente, además de vehículos de la Guardia Civil y la Policía Local, fue escenario de un desagradable incidente.

El numeroso grupo de personas, que con la finalidad de evitar el desahucio por vencimiento del contrato e impago de los alquileres, fue convocado desde diversas organizaciones. La “Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid (APH-Madrid), Izquierda Unida de Villalba, PCE-Agrupación de C. Villalba, plataformas del 15M de algunos pueblos de la sierra y asociaciones juveniles, entre otras.

Los convocados para evitar el desalojo  increparon al Concejal de Urbanismo y al equipo de Gobierno de VxT, a quienes acusaban de no querer negociar y no atender a la demanda de la familia. A ellos se sumaron vecinos de la familia desahuciada y otros que venían incluso desde la colonia. Desde NNGG del PP de Torrelodones, también acusaron al gobierno de VxT de “falta de sensibilidad” en este caso. “Hablad con la familia que nos dice que no la habéis querido recibir”, le decían desde NNGG a VxT a través de Twitter.

“El caso de Amina es un drama”, comentaban desde las organizaciones. “Se trata de un matrimonio de origen marroquí. Tienen cuatro niños de entre 5 y 16 años, los cuatro nacidos en España y con nacionalidad española al igual que los padres. Los niños están escolarizados y son buenos estudiantes y están muy preocupados porque tienen cerca los exámenes de fin de curso. El padre trabaja pero no les llega el salario y la madre está en paro. Viven en unas viviendas de protección, al parecer del ayuntamiento, en régimen de alquiler y, al parecer no les renuevan el contrato. Han recibido la notificación de desahucio con aviso de menos de 24 horas. No tienen donde ir. Es necesario que difundamos este mensaje y acudamos para ayudar a parar este desahucio”, publicaba ayer el PCM-PCE de Villalba.

En medio de las críticas de los convocados y el apoyo de algunos otros, el Ayuntamiento de Torrelodones emitió un comunicado que más abajo transcribimos completo, justificando la medida. En dicho comunicado, el Ayuntamiento explicaba que “Estamos ante el final de un largo proceso judicial iniciado en 2009 contra un inquilino de una vivienda social cuyo contrato finalizó en 2007. Que dicho inquilino adeuda al Ayuntamiento, a través de su sociedad urbanística SUMTOSA, más de 15.000 euros, deuda acumulada por impago del alquiler de 330 euros mensuales por el uso de una vivienda unifamiliar con jardín desde en 2007. Que el inquilino ha sido notificado por el juzgado a través de su procuradora el pasado 14 de abril.

Pero el clamor de los convocados finalmente consiguió su propósito y la medida se ha retrasado. “Compas, hemos parado el desahucio. Amina y su familia podrán estar dos meses mas #stopdesahuicios”, decía a través de Twitter Fernando Jiménez, del PCM-PCE de Villalba. Desde otras plataformas también celebraban el haber conseguido retrasar el desahucio hasta el 29 de junio.

Un rato después, un nuevo comunicado del Ayuntamiento de Torrelodones, daba cuenta el retraso en la ejecución del desalojo: “En relación al desahucio que se iba desarrollar en la mañana de hoy viernes en la vivienda situada en la C/ de las Artes 3, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones, atendiendo a la solicitud de la familia de retrasarlo hasta que finalice el curso escolar, de manera que no se perjudique a los niños, ha decido aplazarlo hasta el próximo 29 de junio”, expresaba el Consistorio.

Nota de Prensa del Ayuntamiento:

DESAHUCIO DE UNA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL EN TORRELODONES

Ante la polémica suscitada por el desahucio de la vivienda situada en la C/ de las Artes, 3 de Torrelodones, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento Torrelodones aclara lo siguiente, dado que desgraciadamente no siempre las decisiones justas son fáciles de tomar:

Estamos ante el final de un largo proceso judicial iniciado en 2009 contra un inquilino de una vivienda social cuyo contrato finalizó en 2007.

Que dicho inquilino adeuda al Ayuntamiento, a través de su sociedad urbanística SUMTOSA, más de 15.000 euros, deuda acumulada por impago del alquiler de 330 euros mensuales por el uso de una vivienda unifamiliar con jardín desde en 2007.

Que el inquilino ha sido notificado por el juzgado a través de su procuradora el pasado 14 de abril.

La vivienda sita en la C/ de las Artes 3 forma parte del exiguo parque de 18 viviendas sociales municipales que el Ayuntamiento pretende adjudicar, una vez quede libre, a las familias que acrediten de forma objetiva unas determinadas condiciones de renta.

Con ese objetivo se convocó un concurso el pasado mes de febrero al que se presentaron más de 80 familias de bajo nivel de renta de Torrelodones.

Información concreta sobre la vivienda

1. – El 15 de noviembre de 2002 SUMTOSA firmó un contrato de arrendamiento por cinco años con el todavía inquilino con un alquiler social, muy por debajo del precio de mercado, subvencionado por la empresa municipal.

2. – Durante el año 2007 se comunicó al inquilino que no era posible prorrogar el contrato y que la vivienda debía quedar libre el 30 de noviembre de 2007.

3. – La notificación del fin de contrato se repitió en el año 2008.

4. – El inquilino dejó de pagar el alquiler social en el año 2007.

5. – En octubre de 2009 SUMTOSA interpuso demanda contra el inquilino por no abandonar la vivienda pese haber finalizado el contrato dos años antes.

6. – Por sentencia de 1 de febrero de 2010 el juzgado número 4 de Collado Villalba establece que no eran válidas las notificaciones de SUMTOSA y rechaza la demanda contra el inquilino.

7. – El inquilino contrató a un abogado y una procuradora privada a la que el Ayuntamiento ha tenido que pagar 2.000 euros en concepto de costas el pasado mes de febrero.

8. – El día 20 de septiembre de 2011 el Notario de Torrelodones, por encargo de SUMTOSA, intentó de nuevo notificar al inquilino la finalización de su contrato algo que no logró por lo que remitió por vía postal certificada la nueva notificación que si fue recibida por el inquilino.

9. – En octubre de 2011 SUMTOSA presentó un nuevo procedimiento por desahucio contra el inquilino que el juzgado estimó por considerar finalizado el contrato de arrendamiento y condena al inquilino a pagar las costas y las rentas debidas.

10. – El pasado mes de septiembre los concejales de Urbanismo y Servicios Sociales del Ayuntamiento convocaron a los inquilinos de SUMTOSA para confírmales de viva voz que debían abandonar las viviendas para poder entregarlas a las familias con bajo nivel de renta del municipio. A dicha reunión el inquilino rechazó acudir enviando a su abogado quien nos propuso que vendiéramos la casa al inquilino, posibilidad rechazada por todos los grupos municipales dado el papel social que desempeñan las viviendas.

11. – El pasado 14 de abril le fue comunicado a la procuradora del inquilino la fecha del desahucio.

12. – El Ayuntamiento ha puesto a disposición del inquilino en las pasadas semanas los servicios sociales municipales, que incluyen el pago del alquiler de una vivienda durante los meses posteriores al desahucio, servicio que por ahora han rechazado.