Transcribimos textualmente Nota de Prensa difundida ayer 30 de mayo de 2012 por el Ayuntamiento de Torrelodones:
EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES CONDENA EL ATENTADO CONTRA UNO DE LOS CONCEJALES Y SUS VECINOS
El Ayuntamiento de Torrelodones, gobernado por Vecinos por Torrelodones, condena unánimemente el atentado sufrido por el concejal Carlos Beltrán y sus vecinos y solicita el apoyo de todos los habitantes del municipio para actuar firmemente contra los intransigentes y vio-lentos, tras el terrible «atentado» sufrido por el Concejal de Deportes, Carlos Beltrán, su familia y los vecinos el pasado domingo.
Torrelodones ha sido y sigue siendo una población tranquila, segura y con mucho futuro que no va a tolerar que personas sin escrúpulos y violentas pongan en peligro nuestra convivencia.
«Todos los vecinos de Torrelodones estamos trabajando para situar a nuestro pueblo en donde le corresponde: un municipio innovador, sano y con mucho fu-turo. Es bueno que, en estos momentos de desquicie, nos unamos más que nunca y colaboremos en transmitir un mensaje de tranquilidad, seguridad y confianza», afirma Elena Biurrun, Alcaldesa de Torrelodones.
La alcaldesa – en la denuncia posterior a los hechos- ha solicitado personarse como acusación personal como máxima autoridad del Municipio.
Comentarios, rumores y desinformación
A raíz de la noticia sobre el «atentado» se han generado ciertos rumores y titulares de todo tipo que no tienen que ver con la realidad de los hechos. Esto sólo genera un estado de nerviosismo y dudas que en nada favorece la vida tranquila y amable de Torrelodones.
Como ejemplo de estos comentarios malintencionados está el que apunta a que el Concejal atacado se beneficiaba de las viviendas de protección oficial no son sino una muestra de la falta de información y la mala fe de aquellas personas que los incitan. Este Ayuntamiento quiere dejar bien claro que la vivienda del concejal no pertenece al grupo de viviendas sociales. Carlos Beltrán es propietario de la vivienda atacada desde el año 2002, adquirida a un particular, y así se puede comprobar en el registro de la propiedad.
Respetamos la libertad de opinión de las personas pero apelamos a que cualquier acusación se base en hechos reales y en información fidedigna y que, aquellas personas que tengan dudas, preguntas o sospechas recurran a un ayuntamiento cuyo principal objetivo es la transparencia.
Uso ilícito de un bien común
El esfuerzo económico que el Ayuntamiento, a través de la empresa gestora de viviendas SUMTOSA, está llevando a cabo para ayudar a las familias más necesitadas de nuestro municipio, está siendo utilizado de forma ilícita por personas que, habiendo disfrutado de las ayudas sociales de la vivienda durante 5 años, se niegan a acatar las condiciones de uso (deberían haberlas abandonado en 2007) y a pagar el «simbólico» alquiler (335 euros por un adosado con jardín)
El cumplimiento de tales condiciones de uso de las viviendas sociales nada tiene que ver con un desahucio por problemas bancarios ni hipotecarios. Se trata simplemente de cumplir la ley y dar oportunidad y ayudar a otras familias más necesitadas. Estamos ante un caso claro de abuso de los beneficios sociales del municipio.
Para entender bien qué es SUMTOSA
El equipo de gobierno de Torrelodones, que apuesta por la vivienda social y pública pero viable, dispone de un parque de 18 viviendas de protección oficial construidas en el año 2000 dentro de una urbanización compuesta por un total de 54 viviendas. Para la gestión de estas viviendas se creó la sociedad de gestión urbanística municipal SUMTOSA, quien se encargó de convocar un concurso para que familias con dificultades económicas pudieran disfrutar de un alquiler subvencionado durante un periodo limitado de cinco años con el objetivo de que, pasado este tiempo, otras familias también necesitadas pudieran ser ayudadas desde el Ayuntamiento.
En 2011 la sociedad tenía una deuda de más de 850.000 euros, la mitad de la cual provenía de las pérdidas anuales acumuladas en los últimos cinco años. Parte de estas pérdidas eran consecuencia de que gran parte de las familias adjudicatarias de las viviendas no abandonaron sus viviendas desde 2007 como correspondía y muchas de ellas dejaron de pagar sus alquileres, generándose una creciente deuda que en el momento adecuado no se abordó. Fue entonces necesario acudir a los tribunales para tratar de liberar las viviendas, en un proceso largo y costoso que aún no ha concluido.
Torrelodones tiene el compromiso de incrementar el parque de viviendas en alquiler para jóvenes y familias con problemas económicos pero dando oportunidades al mayor número de personas. Sin saneamiento, el objetivo no es viable y por ello se ha tomado decisiones difíciles pero imprescindibles como es hacer cumplir los requisitos de acceso a las viviendas.
9 de las 18 de las viviendas de SUMTOSA quedaron libres, fruto del final de algunos de los procesos judiciales abiertos y de la buena voluntad de algunos de los inquilinos que entregaron las viviendas al Ayuntamiento y fueron adjudicadas a otras tantas familias.
Además, se ha creado una lista de espera para ir entregando viviendas según vayan siendo liberadas y arregladas. Algunos inquilinos, sin embargo, siguen resistiéndose a abandonarlas, han contratado asesoría legal privada y han recurrido a la opinión pública y a las distintas asociaciones contra los desahucios para intentar lograr el apoyo social cuando su caso nada tiene que ver con la de miles de perjudicados afectados por problemas con sus hipotecas.
El Ayuntamiento ha convocado un nuevo concurso y ya ha adjudicado 12 viviendas, de las que 9 han sido entregadas y 3 están pendientes del desalojo por parte de los ocupantes ilegales. Según las condiciones de este nuevo concurso, algunas de las familias que se niegan a abandonar las viviendas no habrían podido resultar adjudicatarias por superar presumiblemente el nivel máximo de renta permitido.
Los datos, claros
Ejemplo de estado de situación con una de las viviendas. Hechos:
1. – El 15 de noviembre de 2002 SUMTOSA firmó un contrato de arrendamiento por cinco años con el todavía inquilino con un alquiler social, muy por debajo del precio de mercado, subvencionado por la empresa municipal.
2. – Durante el año 2007 se comunicó al inquilino que no era posible prorrogar el contrato y que la vivienda debía quedar libre el 30 de noviembre de 2007.
3. – La notificación del fin de contrato se repitió en el año 2008.
4. – El inquilino dejó de pagar el alquiler social en el año 2007.
5. – En octubre de 2009 SUMTOSA interpuso demanda contra el inquilino por no abandonar la vivienda pese haber finalizado el contrato dos años antes.
6. – Por sentencia de 1 de febrero de 2010 el juzgado número 4 de Collado Villalba establece que no eran válidas las notificaciones de SUM-TOSA y rechaza la demanda contra el inquilino.
7. – El día 20 de septiembre de 2011 el Notario de Torrelodones, por en-cargo de SUMTOSA, intentó de nuevo notificar al inquilino la finalización de su contrato algo que no logró por lo que remitió por vía postal certificada la nueva notificación que si fue recibida por el inquilino.
8. – En octubre de 2011 SUMTOSA presentó un nuevo procedimiento por desahucio contra el inquilino que el juzgado estimó por considerar finalizado el contrato de arrendamiento y condena al inquilino a pagar las costas y las rentas debidas.
9. – El pasado mes de septiembre los concejales de Urbanismo y Servicios Sociales del Ayuntamiento convocaron a los inquilinos de SUMTOSA para confírmales de viva voz que debían abandonar las viviendas para poder entregarlas a las familias con bajo nivel de renta del municipio. A dicha reunión el inquilino rechazó acudir enviando a su aboga-do quien nos propuso que vendiéramos la casa al inquilino, posibilidad rechazada por todos los grupos municipales dado el papel social que desempeñan las viviendas.
10. – El pasado 14 de abril le fue comunicado a la procuradora del inquilino la fecha del desahucio.
11. – El Ayuntamiento ha puesto a disposición del inquilino en las pasa-das semanas los servicios sociales municipales, que incluyen el pago del alquiler de una vivienda durante los meses posteriores al desahucio, servicio que por ahora han rechazado.