La Comunidad de Madrid autoriza la recogida de setas en más de 7.000 hectáreas del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. La consejera de Medio Ambiente ha firmado hoy un convenio con el Ayuntamiento de Rascafría para regular los recursos micológicos. Se ponen así en valor los recursos micológicos de los montes de utilidad pública, 5.000 hectáreas propiedad del Ejecutivo regional y 2.000 de propiedad municipal. El Ejecutivo regional trabaja ya en la preparación de otros cuatro convenios con Lozoya, Miraflores de la Sierra, Manzanares el Real y Soto del Real. La regulación forma parte del Plan Rector de Uso y Gestión del PNSG, aprobado en febrero, y supondrá un importante desarrollo socioeconómico para la zona.
La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Rascafría por el que se regula la recogida tradicional de setas en 7.286,70 hectáreas de monte del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (PSNG), situadas en este término municipal madrileño. De ellas, 5.079,7 hectáreas pertenecen a montes de utilidad pública de la Comunidad de Madrid, y 2.207 son de titularidad municipal.
La consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, durante su visita al municipio, se ha mostrado satisfecha con la formalización de este convenio porque «se da cumplimiento al Plan Rector de Uso y Gestión para este Parque Nacional, al tiempo que permite recuperar el aprovechamiento tradicional de los recursos micológicos y se da la oportunidad a la zona para ampliar su desarrollo socioeconómico». Gracias a este convenio, ha proseguido, «se fomenta la sostenibilidad de estos hongos mediante una regulación y vigilancia adecuadas».
En este sentido, Martín ha asegurado que esta regulación refuerza el compromiso del Gobierno regional por la protección de los espacios naturales de la Comunidad de Madrid, «a la vez que frena la explotación intensiva con intereses comerciales por parte de terceros, dando el acceso de este recurso a la población local».
El Ejecutivo regional tiene prevista la formalización de cuatro convenios más de las mismas características con los municipios de Lozoya, Miraflores de la Sierra, Manzanares el Real y Soto del Real, que también cuentan con recursos micológicos en sus áreas de influencia.
En el caso de Rascafría, los tres montes de la Comunidad de Madrid afectados por esta regulación para la recogida de las especies micológicas de la zona son el Morcuera, con 2.222,7 hectáreas, El Pinganillo, con 1.160 hectáreas y Las Calderuelas, con 1.697.
Y en cuanto a los siete montes municipales, están: la Dehesa Boyal y Arroturas (463 ha), la Ladera y Dehesa Boyal (295 ha), el Tercio de Santa Ana y Otros (461 ha), el Cantero de la Compuerta (42 ha), Los Robledos (929 ha), Soto de Arriba (16 ha) y Tras las Suertes (10 ha).
PAUTAS PARA PROTEGER LA NATURALEZA
Tanto el convenio firmado con Rascafría como los posteriores, en los que se trabaja ya desde la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales, se enmarcan en la obligatoriedad que fija el artículo 59 del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (PRUG), aprobado por el Gobierno madrileño el pasado febrero, por el que se exige una regulación específica sobre los aprovechamientos tradicionales y, en concreto, sobre la recogida de setas silvestres.
De acuerdo con este marco, el Ayuntamiento de Rascafría será el responsable de establecer los límites geográficos de la recogida de setas, la duración, la relación de las especies que se pueden recoger, la cantidad, las condiciones en que la población local y terceros pueden disfrutar de este recurso, así como el cupo máximo de recolectores por día, entre otras especificaciones.
Además, el Consistorio se debe encargar de señalizar las zonas y vigilarlas, independientemente de las labores de apoyo que reciba del Cuerpo de Agentes Forestales y del SEPRONA, así como de llevar a cabo las medidas formativas y divulgativas necesarias con su población.
De esta manera, tal y como recoge el PRUG, se garantiza la conservación del medio, se evita la explotación intensiva con fines comerciales y se permite que los municipios del PNSG puedan generar ingresos con el consiguiente desarrollo económico de la zona.
