CSIF pide transparencia a la Comunidad de Madrid en las mediciones que hace en los juzgados de Colmenar Viejo por la posible presencia de gas radón.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha remitido un escrito a la Dirección de Infraestructuras de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid en el que expone la preocupación de los funcionarios de los Juzgados de Colmenar Viejo «por la posible existencia de gas radón en el edificio muy por encima de los límites legalmente establecidos». CSIF exige transparencia para que los trabajadores tengan información completa sobre los resultados del estudio que actualmente están realizando en esta sede.
Asimismo, CSIF pide a la Consejería que dirige en funciones Yolanda Ibarrola que realice un seguimiento específico de la posible incidencia del citado gas en la salud de todos los trabajadores de estos juzgados, ya que «los trabajadores nos han alertado de que en los últimos años se han producido al menos seis casos de cáncer en una plantilla de alrededor de 70 empleados».
«No obstante, la Consejería, en una primera contestación a nuestra petición, ha remitido un informe de 2017 en el que se descartaban riesgos específicos relacionados con la aparición de patologías como cáncer o ictus», expresan desde CSIF. Según el sindicato, en ese entonces no se tenía conocimiento de la existencia de una roca granítica que en su día se perforó para cimentar la sede y que ocupa los límites de la sala del sótano, situada al lado de los archivos, el garaje y debajo del juzgado de primera instancia e instrucción número 3, «donde se han registrado más casos de cáncer». Esta gran roca estaría, según los trabajadores, en un habitáculo que ha permanecido cerrado desde 2003.
Por ello, CSIF exige que la Dirección General de Infraestructuras Judiciales, de manera urgente, «exponga con total transparencia los resultados de las mediciones radiológicas efectuadas y el correspondiente estudio técnico para determinar si estos juzgados están expuestos a concentraciones de gas radón muy por encima de lo que marca la ley, ya que según el personal afectado se habrían superado los 700Bq/m3, muy por encima del límite permitido de 300».
Asimismo, de confirmarse estos elevados niveles, CSIF solicita que la Consejería adopte las iniciativas necesarias para su eliminación, sin descartar el traslado de esta sede judicial a otro edificio, todo ello con el fin de garantizar la salud de los empleados públicos, los profesionales y los usuarios que acuden diariamente a estos juzgados.
