Como es notorio, una serie de chapuzas urbanísticas del Ayuntamiento de Torrelodones infringen la normativa de aplicación. En el Ayuntamiento tenían constancia del incumplimiento de la normativa de accesibilidad, como lo demuestra un escrito de agosto del año pasado certificado por el vicesecretario del Ayuntamiento. Puesto que podría haberse incurrido en varios delitos, y tras las declaraciones en las redes del concejal Ángel Guirao, desde DCA remitirán a la Fiscalía los expedientes, una vez que se haya identificado a los responsables. Así lo informó DCA el pasado 14 de enero al solicitar información al Consistorio.
Plaza de aparcamiento PMR ilegal eliminada «ipso facto»
El pasado 13 publicábamos la dura crítica de Defensa Ciudadana Activa ante «el desprecio» para las personas con movilidad reducida por parte del Ayuntamiento de Torrelodones al disponer plazas de estacionamiento reservado en las que no cabe la silla de ruedas. Como por arte de magia, quizás coincidiendo con el escrito de DCA solicitando información para remitir a la Fiscalía, desapareció el aparcamiento PMR que estaba en infracción y cuya foto se había publicado.
«Que nadie diga que no es rápido este Ayuntamiento dando «soluciones»… ¿que una PMR no cumple?… pues la quitamos y ya está… ¿qué importa el número mínimo de plazas que marca la Ley?», expresaba irónicamente un usuario de Facebook vinculado a DCA. «Como muestra de eficiencia: gasto de tiempo y material en señalizar una plaza ilegal. Luego gastamos tiempo y material en borrar las señales. Durante todo ese tiempo se impide a los ciudadanos un derecho básico como es el de la movilidad… pero no importa… ¡qué molones somos en Torrelodones!, ¡qué nos gustan los colorines!», añadió en el mismo tono.
Remitirán a la Fiscalía los expedientes de las presuntas ilegalidades, ante la posibilidad de haber incurrido en delitos
El Ayuntamiento reconoció en un escrito de agosto 2017, la existencia de infracciones a la normativa de accesibilidad, después de que DCA pusiera en conocimiento de la situación, al Consejo de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad de Madrid. En el mismo, se aseguraba que se procedería a la rectificación.
Tras las últimas 
declaraciones del Teniente de Alcalde de Torrelodones Angel Guirao de Vierna, en las que afirmaba que todas las obras en su municipio son legales porque los técnicos así lo deciden, desde Defensa Ciudadana Activa se han propuesto identificar a los responsables y han remitido un escrito al Ayuntamiento solicitando información.
En dicho escrito, que tiene fecha de entrada al Ayuntamiento el 14 de enero 2017, recuerdan que «ya en noviembre de 2.016 les remitimos solicitud respecto a las infracciones cometidas en los pasos de peatones de ciertas calles, y posteriormente se puso en conocimiento la situación del Consejo de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad de Madrid, certificando el vicesecretario del Ayuntamiento de Torrelodones en agosto de 2.017 las infracciones cometidas, así como que iban a proceder a su rectificación ejecutando las actuaciones necesarias (sic)».
En concreto se denunciaron incumplimientos del art. 168.c del Reglamento General de Circulación, del art. 12.2 y 13.1 del R.D. 505/2007 y del art. 5.4 del Decreto 13/2007.
Pese a ello aseguran que no han sido informados de las actuaciones necesarias, por lo que ahora solicitan la documentación técnica y económica de las mismas, de forma que «se evalúe el coste de hacer obras infringiendo las ordenanzas para luego tener que corregirlas», aseguran desde Democracia Ciudadana Activa.
Además, debido a los meses que llevan este tipo de reclamaciones y «la falta de voluntad para rectificar de oficio por la administración local», DCA entiende que «se crean situaciones claramente injustas a sabiendas, lo cual podría incurrir en delito de prevaricación. Además el coste de unas obras que no deberían haber sido autorizadas y luego generan costes extra podría considerarse malversación, toda vez que los responsables tienen toda la información necesaria para evitarlo». Por experiencia en otros expedientes «hemos llegado a encontrar incluso certificados de obra totalmente distintos a lo ejecutado realmente, por lo que es necesario comprobarlo todo, y en su caso se remiten también por si existiera falsedad en documento público», indicaron desde DCA.
De este modo, además de solicitar la identificación completa y competencias de los responsables que indicaba el concejal A. Guirao, recuerdan a la administración local su obligación de poner en conocimiento de la autoridad judicial cualquier posible delito conforme al art. 408 del Código Penal, solicitando incluso si se ha iniciado algún tipo de expediente sancionador conforme al Estatuto Básico del Empleado Público contra los responsables o simplemente las infracciones quedan sin responsabilidad para nadie.
Desde la Asociación se espera «tener la identificación clara de los responsables por parte de la administración local para remitir los expedientes completos a la Fiscalía», continuando con los protocolos de actuación marcados por su Asamblea.
