El Ayuntamiento de Madrid comunicó ayer el inicio «del cumplimiento de la ley de Memoria Histórica» y que el Gobierno municipal «ha empezado a retirar algunos de los monolitos y placas franquistas de titularidad municipal». En el mismo comunicado, el Ayuntamiento admite que «debido a una confusión» se había procedido a la retirada de la lápida del fusilamiento de ocho Carmelitas en el cementerio Parroquial de Carabanchel Bajo, y anuncia que «será repuesta a la mayor brevedad posible». La retirada de la placa en homenaje a los carmelitas motivó un comunicado del Arzobispado de Madrid.
Asimismo, el Ayuntamiento informa que el 1 de febrero se quitó la lápida a José García Vara y se procedió al levantamiento del monolito al Alférez Provisional en la plaza de Felipe IV, además indica que en las próximas semanas «se irán eliminando el resto de vestigios» y que todos los elementos que se retiren se guardarán en el Centro de Cantería Municipal de la Casa de Campo.
«La primera actuación llevada a cabo ha sido la retirada de la lápida que conmemora el fusilamiento de ocho beatos Carmelitas en el cementerio Parroquial de Carabanchel Bajo el pasado 29 de enero. Debido a una confusión se había procedido a la retirada de la misma, que será repuesta a la mayor brevedad posible. Esta actuación hubiera supuesto una inadecuada aplicación de la Ley de Memoria Histórica», admite en una nota el Ayuntamiento de la capital.
La primera duda que surge es que si en «la primera actuación» se ha cometido un error, ¿cuántos errores más se podrán llegar a cometer?, considerando que de tres «vestigios» retirados, uno —la tercera parte— no debió haberlo sido.
Dos horas antes de admitir el error, según publicaron varios medios, la delegada de Cultura había defendido la retirada de los tres elementos diciendo todos ellos eran «de titularidad municipal» y se retiraron «de forma urgente» por el proceso judicial abierto contra la Ayuntamiento por un abogado que acusa al Ayuntamiento de Madrid de no aplicar la Ley de Memoria Histórica. El abogado que habría hecho actuar con «urgencia» al Consistorio madrileño, está al frente de un despacho que «presta servicios de asesoría jurídica y defensa letrada en Derecho Laboral, Derecho Penal y Derecho Civil» y «Se especializa asimismo en el área jurídica referida a los temas que comprende la Memoria Histórica», según la web del mencionado despacho. En una entrevista que le realizó Infolibre en abril de 2015, se da cuenta de que ya en ese entonces había «denunciado a 38 alcaldes por no retirar la simbología franquista en sus municipios», y se anunciaba que denunciaría también a 15 Obispados y Arzobispados; acciones todas estas que —en nuestra opinión— justifican la descomunal presencia mediática del letrado de 32 años que hizo apresurarse y meter la pata al gobierno de Carmena.
