«Una legislatura judicializada a costa del dinero de los ciudadanos», expresa el título de una nota de prensa remitida hoy por el Grupo Municipal del Partido Popular. «Solo durante el año 2013, estos gastos, facturados por una única persona, han supuesto casi 54.000 euros y en lo que llevamos de año, 30.000 euros. Todos estos servicios han sido adjudicados de forma directa», afirman los populares.
«Lo que venimos advirtiendo desde el Partido Popular al equipo de gobierno a lo largo de esta legislatura se está cumpliendo: han estado judicializando al Ayuntamiento en lugar de llegar a acuerdos a través del diálogo. Vecinos por Torrelodones ha utilizado el derecho para meter presión a ciudadanos o empresas».
«Solo por poner unos ejemplos, en los últimos meses nos encontramos con una sentencia, de septiembre de 2013, que daba la razón a una constructora en el litigio contra el Ayuntamiento. La resolución del concejal de Urbanismo, a juicio del juez, fue “no conforme a derecho” por violentar los elementales principios de igualdad. La oposición desconocía la sentencia. ¿Transparencia?», expresa el PP.
Ahora, esta constructora reclama al Ayuntamiento 571.000 euros por “responsabilidad patrimonial”.
El PP también ejemplifica con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a un vecino que se quejaba del ruido de las pistas municipales de «Pádel People», que ha condenado al Ayuntamiento a pagar las costas.
Añade otro ejemplo, y menciona un nuevo contencioso con el dueño de los terrenos del antiguo vertedero. «Se ha abierto un expediente para reclamar la posesión de unos terrenos privados que quiere el Ayuntamiento, sin motivación suficiente», asegura el PP local.
«En definitiva, cuando el derecho se utiliza como medida de presión, el derecho suele volver a llamar a la puerta y decirte que no tienes razón», concluyen desde el grupo popular.
Gastos en abogado
«Los pleitos en los que se mete el Ayuntamiento llevan aparejados gastos de abogado. Solo durante el año 2013, estos gastos, facturados por una única persona, han supuesto casi 54.000 euros y en lo que llevamos de año, 30.000 euros. Todos estos servicios han sido adjudicados de forma directa, sin concurso público, violentando la filosofía de la norma y siempre a la misma persona con facturas prorrateadas que no superan los 18.000 euros, cantidad a partir de la cual la ley obliga a hacer concurso público», denuncia el PP.
«Desde el Partido Popular hemos pedido en numerosas ocasiones que el contrato de abogacía salga a concurso público y no sea adjudicado de forma directa», expresan para finalizar.
